Buscar · Legalsite UY

Legislación Jurisprudencia Tribunales Parlamento Calculadoras Modelos Abogado Virtual

Buscando…

Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

La información de este sitio no constituye asesoramiento jurídico.

Instalar la app y usar sin internet

LegislaciónJurisprudencia

Desde Hasta

Ingresá para recibir avisos de novedades sobre esta búsqueda.

7.100 sentencias

DEFINITIVA 1487/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026
ACÓGESE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA. EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA DEFINITIVA Nº 281/2025 DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO Y EN SU LUGAR MANTIÉNESE FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA. La Corporación concluye que la sentencia de segunda instancia desconoció la eficacia de un acuerdo transaccional celebrado con asistencia letrada, con recíprocas concesiones, referido a un crédito dubitable, homologado judicialmente y ejecutado por las partes.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 1488/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026
La Corporación en forma unánime procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, por la cual se decidió revocar parcialmente la decisión de primer grado, únicamente en cuanto la Sala dejó sin efecto la inclusión de intereses; confirmando la sentencia en todo lo demás. En cuanto al primero de los agravios expuestos por el recurrente relativo a la falta de motivación de la sentencia; el mismo no puede prosperar ya que a juicio de los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Posada Xavier, França y la redactora Dra. Morales, aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control en sede de casación, determinando la imposibilidad del reexamen de la controversia sobre esos puntos. La Sra. Ministra Dra. Minvielle Sánchez por su parte discrepa en cuanto a que tales cuestiones queden exiliadas de ser revisadas en casación, coincidiendo con la posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o la confirme pero con discordia, la sentencia, en su integridad, resultará pasible de ser revisada en casación. A pesar de lo expuesto, siendo su posición sobre la admisibilidad del recurso minoritaria, resulta estéril ingresar a examinar esos puntos sobre los que, a juicio de quienes conforman la mayoría del Cuerpo, está vedado el control en esta instancia casatoria. En lo que refiere al segundo agravio (errónea aplicación del mecanismo de la colación de donaciones) la Corte entiende que el mismo resulta inadmisible, desde que el punto relativo a la doble inclusión de las donaciones está excluido de la casación, pues respecto al punto recayeron dos pronunciamientos coincidentes sin discordia (art. 268 inc. 2 del CGP). Por último, en relación al agravio por la no aplicación de los intereses legales a la suma reajustada; el mismo no puede prosperar en virtud de que tal argumento es planteado por primera vez en casación, no habiendo sido introducido por la parte en la estación procesal oportuna, esto es, en su acto de alegación inicial en este proceso.
Recurso de casación · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1674/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026
La Corporación declara carente de objeto la contienda de competencia, ya que no puede contenderse sobre un proceso inexistente. No existe proceso en tanto no existe una pretensión insatisfecha. A saber, no existe un adulto mayor al que proteger, y aún si lo fuera, no existe proceso de protección determinado por ley que otorgue competencia en el caso. Tampoco resulta procedente la tramitación de un proceso de hospitalización involuntaria o por orden judicial atento a los hechos del caso.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1483/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta
El A quo condenó al imputado como coautor penalmente responsable de un delito de rapiña agravado, a la pena de 5 años y 10 meses de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia en su totalidad. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa en tanto el recurso no describe un error en el razonamiento probatorio del Tribunal que revista una entidad mayúscula, que pueda ser calificado como absurdo o arbitrario en forma evidente. Asimismo sostienen que el recurso examinado no contiene una crítica en casación propiamente dicha: contiene, antes bien, una reproducción del recurso de apelación
Recurso de casación · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 1489/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta
En el marco de una acción reparatoria, la parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia N.º 228/2025, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, que confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC y condenó al Poder Ejecutivo al pago a la actora del daño emergente dispuesto por la presente, a la suma de U$S 21.204,35 con sus intereses desde cada facturación. En su recurso de casación, la actora se agravia en lo sustancial por dos razones: a) la errónea aplicación de la cosa juzgada respecto de los daños que fueron desestimados, y b) el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC. A su vez, el Poder Ejecutivo deduce adhesión a la casación de la contraria agraviándose por la condena al pago del daño emergente; por la falta de legitimación pasiva de la URSEC y como agravio eventual de la excepción de caducidad cuatrienal. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar parcialmente el recurso de casación y la adhesión respectiva, únicamente en cuanto al amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC. Desestimando los agravios en todo lo demás. Con relación al agravio por la falta de legitimación pasiva de la URSEC, señala la Corte que los cambios normativos que a lo largo del tiempo modificaron la posición institucional de la URSEC dentro del Estado o modificaron sus competencias y atribuciones, en concreto el artículo 94 bis de la Ley Nº 17.296 citado por la impugnada, no implica que el codemandado carezca de legitimación pasiva para ser demandado en este proceso. Más allá de que la URSEC ni siquiera opuso excepción de falta de legitimación pasiva en el trámite de nulidad ante el TCA, lo que implica que aceptó su posición como demandado en el proceso anulatorio, si en este expediente se reclaman los daños y perjuicios derivados de la anulación de dos actos administrativos, uno de ellos el acto ficto de la propia URSEC que desestimó la petición calificada de los reclamantes (lo que incluye la omisión de elevar el expediente al MIEM para su resolución), es claro que cuenta con legitimación pasiva en esta causa. Con relación a los agravios relativos al amparo de la excepción de cosa juzgada, señala la Corte que no se advierte que los Órganos de mérito hayan vulnerado el alcance de la cosa juzgada de la que está revestida la sentencia anulatoria del TCA Nº 656/2019. Los Tribunales de mérito no desconocieron el alcance del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto es, la nulidad de los actos procesados ante dicho Tribunal.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
INTERLOCUTORIA 1667/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta
En el marco de una contienda negativa de competencia, en la cual contienden de forma negativa el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Paysandú de 8º Turno y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de la Capital de 7º Turno, la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de la Capital de 7º Turno. Señala la Corte que la respuesta a ¿cuál Juzgado resulta competente para continuar entendiendo en el presente?, no es otra que el de Montevideo, porque es el del lugar donde se encontraba cumpliendo la pena, hasta su extinción. El hecho de que el penado haya cambiado su domicilio, no modifica la competencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia competente conforme con el artículo 289.3 del CPP, que establece como criterio de distribución el lugar donde deba cumplirse la pena o medida de seguridad, y no el domicilio de quién deba cumplirla.
Contienda de competencia · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 1463/2026 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2026Importancia alta
Antecedentes: Contribuyentes promovieron acción de inconstitucionalidad contra los decretos departamentales Nos. 034/2016, 036/2016 y 001/2017 y normas presupuestales de la Intendencia de Colonia relativas al impuesto al alumbrado público, demandando a la Intendencia, Junta Departamental y a UTE por supuestos vicios formales, materiales, doble imposición y violación a la capacidad contributiva. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la Junta Departamental y UTE (mero agente de retención). En cuanto al fondo, determinó que la Constitución no exige la intervención preceptiva del Tribunal de Cuentas para crear tributos departamentales fuera del presupuesto, y que el régimen de mensajes complementarios es aplicable al ámbito departamental conforme al artículo 222 de la Carta Magna. Resolutivo: La Suprema Corte de Justicia resolvió desestimar la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Intendencia de Colonia, ratificando la plena vigencia de las normas cuestionadas.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1482/2026 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2026Importancia alta
Antecedentes: El defensor del acusado interpuso excepción de inconstitucionalidad contra el art. 59 inciso 2º del CPP, alegando que vulnera la libertad ambulatoria y de circulación (arts. 7 y 10 de la Constitución) al permitir registros policiales arbitrarios sin tipicidad estricta ni sospecha fundada. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia desestimó la excepción por unanimidad, señalando que la norma es perfectamente constitucional mediante una interpretación conforme y sistemática. Destacó que el precepto persigue un fin de interés general legítimo (seguridad pública y prevención del delito) y no autoriza registros caprichosos, existiendo controles legales y penales contra posibles abusos. Resolutivo: La Suprema Corte de Justicia resolvió desestimar la excepción de inconstitucionalidad opuesta, declarando la plena constitucionalidad de la norma impugnada.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 1615/2026 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2026Importancia alta
En el marco de una contienda de competencia, la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para seguir conociendo en la presente causa al Juzgado de Paz Departamental de Colonia. La Corte entiende que no resultarían configuradas las causales exigidas para habilitar el derecho de abstención, no habiéndose argumentado por la Sra. Magistrada la existencia de otro tipo de relación con el funcionario identificado, que ponga en juego los conceptos de decoro o delicadeza a que se hace referencia. Entiende la Corporación que la Sra. Jueza de Paz Departamental de Colonia, continúa siendo la Juez competente del asunto, una vez desplazados los Jueces Letrados, en tanto no entendió comprometida su imparcialidad, en aplicación estricta del régimen de subrogación, art. 105 de la Ley N° 15.750.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1387/2026 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2026Importancia alta
En el marco de un proceso penal, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno, confirmó en todos sus términos la sentencia del grado anterior, por la cual se condenó al encausado como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado en reiteración real con reiterados delitos de desacato a la pena de cuatro años y ocho meses de penitenciaría con descuento de la medida cautelar cumplida. Contra la referida sentencia de segunda instancia, la Defensa del encausado interpuso recurso de casación, agraviándose sobre la valoración de la prueba realizada por el Ad Quem y agraviándose además por la individualización de la pena, la que entiende excesiva. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. En lo que refiere a la valoración de la prueba, señala la Corte que el Tribunal, otorgó particular relevancia a la declaración de la víctima, siendo analizada la misma conforme a criterios comúnmente admitidos por la doctrina y jurisprudencia para este tipo de delitos, verificándose la persistencia de la incriminación, relato sin ambigüedades, contradicciones o cambios significativos en la narración. A su vez, los testimonios recogidos en autos, y la pericia realizada en autos, fueron correctamente ponderados por el Ad Quem, sin que la Defensa logre demostrar la existencia de errores o inconsistencias en el razonamiento de entidad suficiente como para descalificar sus conclusiones. Por último y en referencia al agravio relativo al monto de la pena impuesta, el recurrente incumple con los requisitos formales a los que remite el art. 369 del CPP, es decir, los incluidos en los arts. 270 y 273 del CGP, dado que no se incluyen con precisión la mención de las normas infringidas.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1415/2026 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2026
El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio premeditado, a título de dolo, a la pena de trece años y cuatro meses de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia salvo en cuanto a la imputación de la agravante “premeditación”; y en cuanto a la cantidad de pena, individualizando la misma en trece años de penitenciaría. L a Defensa del acusado interpuso recurso de casación, agraviándose por la determinación de la pena. Al respecto, afirmó que la Sala aplicó erróneamente el artículo 86 del Código Penal. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto, concluyendo que la pena es legar y razonable, y que se computaron las agravantes (nocturnidad y uso de arma de fuego) y atenuantes (primariedad absoluta, minoría relativa de edad) que corresponden.
Recurso de casación · Derecho penal
DEFINITIVA 1388/2026 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2026Importancia alta
Antecedentes: La defensa interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia que confirmó la condena de primera instancia por reiterados delitos de abuso sexual agravados, aumentando la pena a cuatro años de penitenciaría. Fundamentos: La Suprema Corte desestimó el recurso por incumplimiento de las exigencias formales de fundamentación, ya que el recurrente se limitó a plantear una valoración alternativa de la prueba sin demostrar un absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta en el razonamiento del tribunal. Resolutivo: Se desestima el recurso de casación interpuesto por la defensa, sin especial condena procesal, y se dispone la remisión de las actuaciones para proceder a la detención y cumplimiento de la pena impuesta.
Recurso de casación · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 1613/2026 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2026
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 1416/2026 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2026
DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. Respecto a la caducidad de la acción, a juicio de esta Corporación, el derecho a reclamar no nace con la resolución RD 4-14/2009, sino que nace cada vez que el BPS realiza retenciones cuatrimestrales consideradas ilegítimas por los accionantes. En cada una de esas retenciones surge un crédito exigible y comienza a correr un nuevo plazo de caducidad de cuatro años. En tal sentido, se comparte el criterio del Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de que no se trata de un hecho único, sino de actos reiterados que generan efectos independientes en cada período. Por ello, teniendo en cuenta el período reclamado y las actuaciones administrativas que suspendieron el plazo, corresponde concluir que no ha operado la caducidad. Asimismo, se aclara que el derecho invocado es la devolución de aportes indebidamente retenidos en cada ocasión, y no una reclamación por un hecho pasado con efectos prolongados. Agravio por devoución de montos excedentes. Se concluye que no existió una errónea aplicación de derecho por parte de la Sala, los aportes que superaron el tercer nivel fueron indebidamente retenidos por el BPS, por lo tanto, es claro que corresponde su devolución.
Recurso de casación · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 1614/2026 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2026
Antecedentes: Contienda negativa de competencia entre Juzgados de Rivera y Salto por una presunta infracción aduanera iniciada en 2024, tras sucesivas declinaciones e intervención previa de un tribunal superior sobre un recurso mal franqueado. Fundamentos: La Suprema Corte declaró carente de objeto la contienda porque un Juzgado ya había asumido competencia y rechazado la excepción correspondiente, adquiriendo dicha decisión calidad de cosa juzgada. Asimismo, recordó la prohibición del "ping-pong" procesal y reafirmó la independencia entre los procesos penal y aduanero. Resolutivo: Se declara carente de objeto la contienda de competencia y se dispone la remisión de los autos para que las actuaciones continúen ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 4º Turno.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1385/2026 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2026Importancia alta
En el marco de un proceso penal, en primera instancia, condenó al imputado como autor penalmente responsable de cuatro delitos de porte y/o tenencia de armas de fuego en lugares públicos sin la debida autorización, en reiteración real entre sí y en concurrencia fuera de la reiteración con un delito complejo de homicidio especial y muy especialmente agravado por el concurso, a la pena de TREINTA (30) años de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida. Impuso medidas de seguridad eliminativas por el término de diez (10 años), la que se cumplirán una vez cumplida la pena principal. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto al quantum de la pena que se revoca y se fija en veintisiete (27) años de penitenciaría. La Defensora de Oficio del encausado interpuso recurso de casación, agraviándose por la valoración probatoria de la Sala a la hora de imputar los homicidios, así como la imputación del delito de porte de armas sin pedido expreso fiscal, por la forma de concurrencia de los homicidios imputados y por el monto de la pena, así como por la imposición de medidas eliminativas sin un juicio de peligrosidad en forma. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la Defensa, únicamente respecto a la imputación por el delito de porte o tenencia de armas de fuego sin autorización, por los cuales se absuelve al imputado. Con relación al agravio por la valoración de la prueba, la Corte se remite a lo expresado en sentencia Nº 528/2021. A su vez, el Sr. Ministro Dr. Pérez Brignani señala que no emerge de autos en grado alguno que se hayan vulnerado las posibilidades de la Defensa ni que haya existido una limitación de las condiciones de ejercicio de tal derecho. Con relación al agravio por el concurso de delitos, para la Corte, resulta de aplicación al caso concreto la figura del homicidio complejo, tal como lo hizo la Sala. Con relación al agravio por la imputación de los delitos de porte o tenencia de armas de fuego sin autorización, señala la Corte que no alcanza para la tipificación de tales delitos acreditar la mera presencia de armas, sino que, por el contrario, el tipo exige que las mismas se posean sin la debida autorización. Esto es, en concreto, lo que la Fiscalía no logró acreditar en el juicio oral. Con relación a la pena, sin perjuicio de que corresponde absolver al imputado por los delitos de porte o tenencia de armas de fuego, la Corte considera que la pena fijada en el grado anterior no debe modificarse, ya que resulta legal y ajustada a la extrema gravedad del caso.
Recurso de casación · Derecho penal
INTERLOCUTORIA 1577/2026 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2026
Antecedentes: En un juicio por daños y perjuicios derivados de un evento trágico, la primera instancia condenó parcialmente a ciertos organizadores y a una empresa de seguridad, desestimando la demanda contra otros y fijando un daño moral. La segunda instancia confirmó parcialmente el fallo, reduciendo la participación causal de la víctima y aumentando la de los codemandados. Los codemandados interpusieron recurso de casación principal por su responsabilidad, y los actores adhirieron al recurso cuestionando dicha reducción. Fundamentos: La Suprema Corte declaró inadmisible la casación principal porque la situación de los recurrentes había mejorado en segunda instancia al reducirse su participación causal, vedando el control sobre puntos confirmados previamente. Asimismo, la inadmisibilidad del recurso principal determinó la caída y consecuente inadmisibilidad de la adhesión planteada por los actores, conforme a la naturaleza dependiente de la adhesión recursiva. Resolutivo: Se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por los codemandados, así como el recurso adhesivo interpuesto por la parte actora, imponiendo costas y costos por su orden.
Recurso de casación · Derecho procesal
DEFINITIVA 1343/2026 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2026
En autos se promovió demanda por la cual se solicitó el reconocimiento y la disolución de la unión concubinaria, el reconocimiento del crédito sobre los bienes adquiridos por el esfuerzo y caudal común, una pensión alimenticia y la adopción de medidas cautelares. Por sentencia de primera instancia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 4º Turno se resolvió la disolución de la unión concubinaria, se le otorgó a la accionante un crédito del 50%, se dispuso la permanencia de la misma en el hogar conyugal y se desestimó la demanda de pensión alimenticia. El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno por su parte confirmó la discolución de la unión concubinaria, redujo el guarismo del 50% al 12% sobre el valor de los bienes adquiridos, fijó una pensión alimenticia a favor de la parte actora equivalente a 2 BPC y dejó sin efecto la permanencia de la actora en el hogar concubinario. La parte actora interpuso recurso de casación agraviándose, respecto a la valoración de la prueba y la errónea aplicación del artículo 9 de la Ley Nº 18.246. Evacuado el traslado por el demandado, y recibidos los autos por la Corporación; la misma procedió a desestimar el recurso interpuesto. La decisión adoptada se debe a que la valoración probatoria efectuada por la Sala no puede calificarse de absurda; así como tampoco puede considerarse un error la revocación de un pronunciamiento (permanencia en el hogar conyugal) que excedía el objeto del proceso.
Recurso de casación · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1533/2026 · Suprema Corte de Justicia · 6 de agosto de 2026Importancia alta
Antecedentes: Dongfeng Motors Uruguay S.A. promovió demanda por daños y perjuicios por incumplimiento contractual y competencia desleal contra diversas personas físicas y jurídicas. Las instancias inferiores ampararon las excepciones de falta de legitimación pasiva, cosa juzgada y litispendencia, resolviendo no hacer lugar a la pretensión, lo cual fue confirmado en segunda instancia. Contra dicha confirmación, la parte actora interpuso recurso de casación. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia consideró que el recurso es de recibo, ya que el rechazo de una reconvención previa por motivos formales (falta de conexidad) genera únicamente cosa juzgada formal y no sustancial, habilitando la vía autónoma. Asimismo, determinó que no se configura litispendencia ni falta de legitimación manifiesta que impida el examen de fondo sobre las conductas alegadas. Resolutivo: La Corporación resolvió acoger el recurso de casación interpuesto, anular la sentencia impugnada, desestimar las excepciones de cosa juzgada, litispendencia y manifiesta falta de legitimación pasiva, y remitir los autos al juez subrogante natural para que continúe con el trámite procesal correspondiente.
Recurso de casación · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 1531/2026 · Suprema Corte de Justicia · 6 de agosto de 2026
ANTECEDENTES: Se interpuso un recurso de revisión contra una sentencia condenatoria firme de 2008, denunciando irregularidades procesales, hechos nuevos vinculados a un peritaje, atipicidad de la conducta y errores fácticos, solicitando la anulación del fallo y la absolución. FUNDAMENTOS: La acción deviene inadmisible por incumplimiento flagrante del plazo para aportar el testimonio de la sentencia y acreditar su firmeza, por la falta de agregación en forma de dichos recaudos y por graves defectos formales en la invocación de las causales legales. RESOLUTIVO: Se declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto, con imposición de costas y costos, fijando los honorarios fictos y disponiendo la remisión de antecedentes para la evaluación administrativa correspondiente.
Recurso de revision · Derecho procesal penal

Página 1 de 355Siguiente →