DEFINITIVA 350/2015 · Suprema Corte de Justicia · 23 de diciembre de 2015Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad desestimó el recurso de casación. La Corporación entiende, siguiendo a prestigiosa doctrina y jurisprudencia, que las rentas generadas por incentivos de retiro se encuentran alcanzadas por el aspecto material del hecho generador del IRPF Categoría II (rentas del trabajo en relación de dependencia).

Recurso de casación · Derecho tributario

DEFINITIVA SEF 0003-000126/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 11 de noviembre de 2015Importancia alta

DAÑOS Y PERJUICOS

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA SEI 0003-000124/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 11 de noviembre de 2015Importancia alta

DAÑOS Y PERJUICIOS

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA DFA-0004-000572/2012 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 3 de noviembre de 2015

Amparo

Proceso de amparo · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA SEI 0003-000088/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 23 de octubre de 2015Importancia alta

En autos se promovió medida cautelar, a la que se hizo lugar por interlocutoria número 530 – ahora recurrida-, trabándose embargo por un año sobre la cuenta bancaria de la que es titular la demandada, hasta cubrir la suma de $ 15.570. Ecolat S.A apeló la mencionada resolución refiriendo a la inexistencia del derecho, refiriendo a que los actores omitieron mencionar a la Sede, que Vero SRL suscribió con su parte un acuerdo transaccional, por el que las partes luego de rescindidos los contratos mediante el cual renuncian de forma expresa, con los efectos de la cosa juzgada a todo derecho de crédito, pasado, presente o futuro que pudieran entablarse mutuamente. AMV SRL, Distrilat Ltda y Fabrun SRL lo hicieron en las mismas condiciones pero solo variando las fechas en que se dio la rescisión de los contratos. Posteriormente a los contratos mencionados firmaron contratos de distribución, aludiendo a que de ninguno de los documentos se puede concluir que el derecho de los actores se encuentra acreditado, mucho menos el monto de la pretensión. Manifiesta a su vez que hay peligro de frustración del Derecho, ya que alegan que no surgen pruebas que demuestren que la empresa dejará de existir, ya que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales, habiendo cumplido con el pago de los haberes de egreso del personal. Las actoras también apelaron la interlocutoria número 785, expresando que en caso de que la cuenta bancaria de Citibank no fuera suficiente para cubrir el crédito que se reclama, ésta parte quedaría sin protección para el cobro en caso de condena. Manifiestan a su vez que Ecolat Uruguay S.A dispuso el cierre definitivo a pesar de las reuniones para evitar el desempleo, existiendo indicios respecto a la venta de la empresa a terceros. Ante la abstención de la Dra. Salvo, se conformó el Tribunal con la Dra. Klett. Y al encontrarse desintegrado el Tribunal se realizó nuevo sorteo conformándolo con la Dra. Alves de Simas. Los actores promovieron medida cautelar de traba de embargo específico, previo al juicio de cobro de pesos, daños y perjuicios en contra de la demandada. Ecolat distribuyó sus productos hasta el 18/02/2015, retirándose de forma abrupta luego de esa fecha, procediéndose al cierre de la misma. Los accionantes refieren a múltiples y graves incumplimientos en el concepto de bonificación por bandeja de leche vendida, también a la inobservancia del plazo contractual al clausurar sus actividades, ya que dejó de cumplir con la entrega de productos antes del plazo pactado. Este Tribunal hace referencia a la exigencia legal, la existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración justificada sumariamente (art. 312 CGP), lo que no dignifica la existencia de una prueba completa, ni que el Tribunal deba ser demasiado exigente, hay que cumplir con cada uno de los presupuestos para poder decretar medidas cautelares y no prescindir de ninguno. Sostienen que al respecto se ha expresado que “Cuando se trata de adoptar una medida provisoria y no definitiva, no es necesaria una justificación plena del derecho que invoca el actor, basta su apariencia, su verosimilitud” Con respecto al peligro de lesión, tanto la doctrina como jurisprudencia señalan que debe ser de caracter objetivo, no considerandose el mero temor, sino que deben existir motivos que le otrgen verosimilitud a la sospecha o duda. Este Tribunal al entender que se han configurado los reuqisitos para la adopción de las medidas cautelares resolvió confirmar las dos interlocutorias recurridas, la que hacía lugar a la medida cautelar y su posterior ampliatoria.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 108/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 16 de octubre de 2015Importancia alta

El Tribunal integrado acordó confirmar la sentencia recurrida, expresando en relación a la supuesta violación del principio de separación de poderes que “cuando un Juez dispone una medida de amparo que consiste en ordenar al Estado que haga o deje de hacer algo para proteger un derecho afectado, no estamos ante una interferencia indebida en la esfera de competencia de otro sistema orgánico, no se está vulnerando el principio de separación de poderes ni sustituyendo a la administración en el diseño e implementación de políticas públicas” Los integrantes del Tribunal coinciden en que, siendo que el Laboratorio que obtuvo el registro del medicamento para comercializarlo en nuestro pais solicitó en el año 2012 su inclusión en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, es manifiestamente ilegítimo que a Mayo de este año 2015, contando con el informe técnico sobre su eficacia y seguridad, todavía no se haya realizado “la evaluación fármaco-económica para poder asesorar de la mejor forma a la Comisión Asesora del F:T:M la posible inclusión del fármaco que permita mejorar la enfermedad del paciente...” Recordando al respecto el Decreto Nº 265/2006 que en su artículo 7 dispone que el multicitado FTM debe actualizarse anualmente, no obstante lo cual no establece el dies a quo del plazo. Al no poder tenerse por probado que, a la fecha de la demanda el MSP estaba en plazo para pronunciarse acerca de la inclusión o no del medicamento reclamado y, ante la omisión de su carga, se impone concluir que ha retardado ilegítimamente su decisión y que, por esta razón, corresponde confirmar la recurrida en cuanto le condenó a suministrar el medicamento. Mencionan el Homólogo de 5º Turno que se ha pronunciado en ese mismo sentido. Existiendo discordia parcial en cuanto a la Dra. SALVO y Dr. Vázquez, quienes votan por revocar parcialmente la apelada, condenando a proporcioanr el medicamento en forma provisional mientras no se adopte resolución expresa en cuanto a su inclusión o no en el FTM, el Dr. TURELL vota por confirmarla íntegramente. En primera instancia se condenó al MSP a proporcionar a la actora dicho medicamento, alzándose el perdidoso contra tal decisión, sosteniendo que no se habían configurado los etermos que exige la ley para la admisión de esta clase de acciones. Expresó el MSP que no existía norma que le obligara a ser dispensador de medicamentos, que estaba obligado a expedirse sobre las solicitudes de incorporación de medicamentos al FTM dentro del plazo máximo de un año. Precisó que la inclusión de nuevas tecnologías y de nuevos medicamentos requería un proceso de evaluación que tenía en cuenta no solo las implicancias directas en su uso racional en relación a la sustentabilidad de los sistemas de salud, sino también factores sociales, organizacionales y de equidad de acceso, entre otros. Reiteró el apleante su argumento de la vulneración del principio constitucional de separación de poderes. En autos se promueve acción de amparo solicitando por parte de la actora el medicamento T-DMI (Trastuzumab-emitansina). .

INTERLOCUTORIA 1.594/2015 · Suprema Corte de Justicia · 5 de octubre de 2015Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 213/2015 · Suprema Corte de Justicia · 2 de setiembre de 2015Importancia alta

La Corporación desestima la acción de inconstitucionalidad ejercida contra el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial (Ley Nro. 19.196), por falta de legitimación activa, y desestima por improcedente la tercería coadyuvante presentada. Los Sres. Ministros Dres. Larrieux, Pérez Manrique y Vázquez consideran que la inconstitucionalidad de una norma no se puede discutir en la etapa de presumario, pues el enjuiciamiento penal resulta una eventualidad. (D) A juicio de los Dres. Chediak y Hounie, e l hecho de que la parte considere que la norma no es aplicable no implica que ésta no vaya a ser aplicada por el Juez de la causa al dictar sentencia definitiva, y en ese caso, ya no podrá el excepcionante promover la defensa de inconstitucionalidad.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho penal · Derecho procesal

DEFINITIVA 207/2015 · Suprema Corte de Justicia · 26 de agosto de 2015Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestima los recursos interpuestos. A juicio de los Ministros, Dr. Jorge Chediak, Dr. Eduardo Vazquez y Dr. Felipe Hounie, a pesar de que los recurrentes, denunciaron la infracción de los artículos 1.319, 1.323 y 1.324 del Código Civil, así como de la Ley 18.191, el embate crítico está referido a la errónea valoración de la prueba realizada por el “ad-quem” ., respecto a la cual, como causal de casación, la Corporación tiene jurisprudencia constante (Sentencias Nro. 829/2012, 508/2012 y 484/2014 entre otras). En el caso de autos, los Ministros consideran que la valoración de la prueba realizada por la Sala, no fue absurda, ni arbitraria, ni contravino las reglas de la sana crítica. La Corte en mayoría, considera que el cuestionamiento del recurrente en relación al grado de participación causal del demandado (conductor del automóvil) en el accidente (“quastio iuris”), tampoco es de recibo. Comparte las razones por las cuales el Tribunal concluyó que la conducta del demandado no tuvo incidencia causal en la producción del evento dañoso, ya que en función del peritaje realizado, el choque se produjo sobre la senda de la ruta por la que circulaba el automóvil , siendo dicha senda previamente invadida por parte de una de las motocicletas que participó en el accidente. En cuanto a la velocidad a la que circulaba el demandado, y si bien emergen de la causa elementos que permitirían concluir que el conductor del automóvil circulaba a una velocidad superior a la permitida en la zona, la Corte considera que tal comprobación no conlleva - por si- su participación causal en el evento dañoso.

Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1.191/2015 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2015Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA SEF 0003-000073/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 5 de agosto de 2015Importancia alta

En autos se promueve demanda por daños y perjuicios contra. . La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria y definitiva dictada en autos. Por la interlocutoria no se hizo lugar a la aclaración y ampliación solicitada por la actora y por la definitiva se desestimó totalmente la demanda. En cuanto a la apelación contra la interlocutoria expresó que debían haberse admitido las preguntas cuyo único objetivo era aclarar el informe pericial, respecto al acto médico en cuestión. Respecto a la definitiva sostuvo que la a quo debió haber analizado todos los medios de prueba y debió haber tenido en cuenta lo manifestado por la perito, la cual sostuvo que con los elementos presentes en la historia clínica, no podía descartar una hipótesis de error durante el procedimiento, tampoco podía pronunciarse sobre las actuaciones posteriores al accidente. El Tribunal acordó revocar parcialmente la interlocutoria apelada, admitiendo las aclaraciones y ampliaciones indicadas, declarando ineficaz la definitiva dictada en autos. Para la Sala no todas las interrogantes planteados debían ser rechazadas. Tienen presente que en la audiencia de precepto, pese a la denegatoria recaída a la petición de la actora, se permitió que se formularan y se contestaran muchas cuestiones., por lo que algunas de las preguntas ya fueron contestadas. Se señalan algunas como impertinentes y otras tampoco se admitirían por importar una nueva pericia. Por tanto se revoca parcialmente la demanda interlocutoria recurrida y por lo dispuesto por los artículos 257.5 inc 2 y 344 del CGP, se dispuso que la perito proceda a responder las preguntas admitidas en un plazo de 30 días. Tal decisión determino que se declare a la sentencia definitiva como ineficaz (art. 257.5 C.G.P)

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA SEF 0003-000076/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 5 de agosto de 2015Importancia alta

En autos se promovió demanda por cobro de pesos. El actor dedujo demanda en su condición de titular de una cuenta corriente en el BROU, a éste le fueron hurtados ocho cheques en blanco, de los que se presentaron al cobro tres de ellos, falsificando la firma. Por sentencia definitiva de primera instancia se desestimó la demanda, formulando apelación la parte actora, ya que discrepó con la valoración del material probatorio, expresando que a su entender surgen de autos elementos que demuestran notoriedad de la falsificación de las firmas. Esta Sala expresa que no esta en duda el hecho que los cheques indicados en la demanda contenían las firmas falsificadas, sino que la controversia se suscita en si las firmas resultan “visiblemente falsificadas” Señalan que no hay actitud contradictoria del Banco, ni que incumpliera la carga de contradicción o que la no contradicción implicara el traslado de la carga de probar, ya que se estableció el objeto la prueba versara no si los documentos eran falsos, sino si resultaban “visiblemente” falsificados. El dictamen pericial se pronunció utilizando los medios técnicos indicados, lo cual no determina que las firmas fueran “visiblemente” falsificadas ya que la perito, utilizando medios técnicos apropiados, así como sus conocimientos técnicos y científicos especiales, no se expidió acerca de cual era su cometido. La perito indicó que se dedicó a resaltar y poner de manifiesto, los rasgos que la hacen visiblemente falsificada al mirar las fotos para su persona, no resultando comparable con la del funcionario bancario que no es perito. El aporte probatorio que se reunió en autos, la firma en los registros de la demandada, valorado de acuerdo al artículo 140 del CGP, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, no permiten a esta Sala admitir que las firmas rubricadas en los tres cheques que se reclaman en autos, fueran visiblemente falsificadas, ostensibles o notorias, que pudieron ser detectadas a simple vista por el funcionario bancario en la tarea de comparación de la firma registrada con la de los tres cheques que fueron presentados al cobro. Por lo que esta Sala desestimó los agravios de la recurrente, confirmando la sentencia de primera instancia.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA SEF 0003-000077/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 5 de agosto de 2015Importancia alta

En autos se promueve demanda de prescripción adquisitiva. Por la recurrida se desestimó la demanda, por lo que la parte actora se alzó contra la misma. Ésta sostuvo que se incurría en error al postular que sus padres, en su calidad de usufructuarios, habían ejercido la posesión del bien hasta su fallecimiento, ya que el usufructuario era un mero tenedor con carga de restituir. Indicó que era equivocado afirmar que recién a partir del fallecimiento de su madre ( en el año 2008) se había consolidado la propiedad, fecha en que comienza a computarse la prescripción. Esta parte a su vez indica que es posible la coexistencia de derechos sobre la misma cosa a cuyo respecto uno era usufructuario y el otro poseedor. El Tribunal confirmó la sentencia apelada, pero por distintos fundamentos a los sostenidos por la a quo. Manifiesta que la actora y su hermano adquieren el 26/07/1983, en común y proindiviso, la nuda propiedad del inmueble de autos, reservándose sus padres el usufructo. El padre falleció el 1/02/1988 y su madre el 14/5/2008, extinguiéndose de esa manera el derecho de usufructo. Citan al Dr. Walter HOWARD y al homólogo de 7º Turno como fundamento para sostener que el usufructuario no puede ser considerado poseedor más que de su derecho y, además y en principio, la existencia de un derecho de usufructo no se erige en obstáculo para prescribir. Ademá se expresa que un condómino está habilitado para prescribir en teoría, como sostiene la SCJ en Sentencia Nº 77/2001. Uno de los requisitos señalados para la adquisición por prescripción es que la posesión haya sido no equívoca, requisito que para la Sala no fue acreditado, por lo que procedió a rechazar la demanda. Sostienen que en la situación de autos la condómina y los usufructuarios habitaron de forma conjunta el inmueble, lo que impide establecer los actos inequívocas de aquella que permitiera concluir que poseyó la cosa como dueña exclusiva. Tampoco la actora indicó algún acto con tal característica posterior al fallecimiento de sus padres (usufructuarios), por lo que no podría postularse que fue poseedora no equívoca en el período posterior al 14/05/2008.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA SEF 0003-000075/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 5 de agosto de 2015Importancia alta

En autos se promovió demanda de acción reivindicatoria y de cancelación de inscripciones que afectan al bien reivindicado en su condición de propietario del Inmueble Pdrón Nº 12.338/002 de Punta del este. Por sentencia definitiva de primera instancia se admitió parcialmente la misma, condenado a las codemandadas a la restitución del inmueble reivindicado en el plazo de ciento veinte días a partir de la ejecutoriedad de la presente sentencia, con más sus frutos y accesiones desde el 15 de noviembre de 2004, difiriendo la liquidación a la vía incidental. Se dispuso la cancelación de la inscripción de la compraventa celebrada por las codemandadas el 8 de diciembre de 1997. Las demandadas se alzaron contra la mencionada decisión, sosteniendo que la pretensión de naturaleza reivindicatoria no puede prosperar al no verificarse en la especie los presupuestos de admisibilidad y fundabilidad. El problema a dilucidar se basa en detrminar si el actor estaba en condiciones de reivindicar o no, en virtud de si adquirió o no la propiedad del inmueble. El caso de autos es de ventas sucesivas, el artículo regula esta situación estableciendo que Si uno se obliga sucesivamente a entregar a dos personas diveras una misma cosa, el que primero adquiere la posesión de buena fe, ignorando el primer contrato, es preferido, aunque su título sea posterior, con tal que haya pagado el precio, dado fiador o prenda u obtenido plazo para el pago” De autos surge que la compraventa del 12 de febrero de 1995 por la cual Mº Angélica Fernández Manggieri le vendió a César Eduardo Kleisner fue inscripta en el Registro Departamental de Maldonado Traslaciones de Dominio de forma Provisoria el 2/3/1995 y en forma definitiva el día 19/05/1995. Cuando la inscripción es provisoria se debe a que el registrador encontró en el acto o contrato alguna observación que obsta a la inscripción definitiva; la anterior tiene los mismos efectos que la inscripción definitiva, lo único que está sujeta al levantamiento de las observaciones señaladas, rigiendo actualmente el artículo 66 de la Ley 16871 y 56 del Decreto 99/1998. Al celebrarse la inscripción definitiva el 19/05/95, significó el levantamiento de las observaciones dentro del plazo de 90 días establecido para ello, transformándose en definitiva desde la provisoria del 2/3/1995. Por tanto la inscripción prioritaria fue la de fecha 2/3/95, la de la venta a César Eduardo Kleisner, frente a la efectuada a Mercedes Choque, inscripta el 17/03/95. Cuando Mercedes Choque enajenó a Gloria Cortés y Georgette Cortés el 8/12/1997, las compradoras que renunciaron a la extracción de los certificados registrales, realizaron declaración de estar advertidas de la Inscripción por Eduardo Kleisner del 2 de marso de 1995, que antecedía a la compra de quién ahora les vendía, por lo que asumían el riesgo, ingresando su conducta en la teoría del acto propio, por lo que la Sala integrada por las Doctoras Victoria Couto y Marta Alves de Simas, y siendo redactor el Dr. Vásquez se decidió confirmar la sentencia recurrida y desestimar de ésta forma los agravios de la apelante. Estuvieron discordes las Dras. Alicia Castro y Nilza Salvo, las cuales manifestaron que corresponde revocar la sentencia apelada. Para las Ministras discordes el asunto pasa por determinar la trascendencia de la renuncia de Choque a los certificados registrales, considerando que tal renuncia careció de incidencia en la decisión de comprar puesto que, de haber solicitado estos certificados, no habrían arrojado la compraventa con Kleisner, resultando decisivo establecer la buena o mala fe de Choque porque -a su entender- de concluírse que compro bien, debe entenderse que adquirió la propiedad y que por tanto, también la transfirió a las compradoras que revestían la calidad de propietarias, tornandose irrelevante el conocimiento de la compraventa celebrada por Kleisner. Concluyen que la Sra. Choque actuó de buena fe, en la creencia de que la vendedora era la porpietaria, lo que determina que no pueda prosperar una acción de reivindicación deducida contra quienes son las propietarias del inmueble en cuestión.

DEFINITIVA 192/2015 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2015Importancia alta

La Corporación, por mayoría, entiende que las sentencias que fijan el quantum debeatur en la etapa de liquidación prevista en el art. 378 del C.G.P. son sentencias definitivas. La voluntad del Tribunal no se conformó válidamente al contar solamente con dos opiniones coincidentes, por lo que en base al art. 277.2 del CGP, la SCJ anula la sentencia recurrida por vicio de procedimiento y remite los autos al Tribunal subrogante. (D) El Sr. Ministro, Dr. Eduardo Vázquez Cruz, analiza la naturaleza de la sentencia que resuelve el proceso de liquidación y lo dispuesto por el actual art. 378.4 del CGP. Delimita asimismo el objeto del proceso de liquidación, conforme a las bases indicadas en la decisión que culminó el proceso principal, debiendo respetarse el alcance de la cosa juzgada. (D) El Sr. Ministro, Dr. John Pérez Brignani, señala que al tratarse de una sentencia interlocutoria no corresponde proceder a la anulación que se propugna. En cumplimiento del art. 32 constitucional, el propietario debe recibir una justa y previa compensación, concluyendo que deberían indemnizarse todos los perjuiicios, incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho constitucional

DEFINITIVA SEF-0006-000043/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 12 de junio de 2015

Amparo, se acoge en primera y segunda instancia con discordias

Proceso de amparo

DEFINITIVA SEF 0003-000063/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 10 de junio de 2015Importancia alta

En autos se promueve acción de amparo contra el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública, solicitándoles a éstos se le proporcione el medicamento acetato de Abiraterona, bajo apercibimiento de imponerle astreintes, el actor padece neoplasma de próstata con secundarismo óseo y luego de un gran tratamiento su médico prescribió tratarlo con el medicamento mencionado, para enlentecer el desarrollo del tumor y mejorar su calidad de sobrevida, pero sus ingresos no le permiten solventar el costo del medicamento, por lo que acude a esta acción para proteger su derecho a vivir dignamente. La sentencia de primera instancia absolvió al Fondo Nacional de Recursos y condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar el medicamento de acuerdo con las indicaciones y por el período que lo indique su médico. El MSP se alzó contra dicha decisión y esta Sala acordó confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia. Recuerda este Tribunal que el MSP ha sido demandado como integrante del Estado y los deberes de asistencia sanitaria que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución de la República gravitan sobre el Estado y lo que puede discutirse es si éste ha hecho lo que debía o ha incurrido, de modo manifiesto en incumplimiento u omisión ilegítimos de aquellos deberes. El Laboratorio que obtuvo el registro del medicamento para comercializarlo en nuestro país solicitó en el año 2012 su inclusión en el FTM, considerando esta sala manifiestamente ilegítimo que a mayo del año 2015 no se ha realizado aún “la evaluación fármaco-económica para poder asesorar de la mejor forma a la Comisión Asesora del F.T.M la posibilidad de incluir el fármaco. Desde el 2012 el Formulario debió haberse actualizado tres veces, y dado que no hay pronunciamiento al respecto de la inclusión de este fármaco ni tampoco de su negativa esta Sala ante esa omisión ha dispuesto que se suministre el medicamento de forma provisional mientras no se adopte una resolución expresa. La redactora, Dra. Alicia CASTRO observa que al contestar la demanda no se cuestionó la carencia de recursos que alega el actor, cuestionándose de forma extemporánea al apelar y que ya habría sido acreditado el valor del medicamento mediante factura y también se acreditaron los ingresos del actor, por lo que no se justifica la exigencia de aportar otras pruebas. Ésto es relevante ya que la Constitución Nacional impone al Estado la obligación de suministrar medios de asistencia a quienes carecen de recursos suficientes (art. 44.2) Siendo el actor entonces una persona carente de recursos suficientes para procurarse la medicación que necesita para sobrevivir, el Estado está obligado a suministrársela, a través del Ministerio respectivo, siendo manifiestamente ilegítima su negación.

DEFINITIVA SEF 0003-000060/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 3 de junio de 2015Importancia alta

En autos se promueve acción declaratoria contra la Intendencia Departamental de Tacuarembó y ASSE por parte de becarios contratados. En primera instancia se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación que opusieron ambas demandadas y se desestimó la demanda. Los actores apelaron la mencionada resolución y recusaron a los integrantes de esta Sala por prejuzgamiento. Sostuvieron que por más que se los llamara becarios, no lo eran ya que no revestían la calidad de estudiantes, no habiendo ingresado de este modo, no siendo nadie responsable de su formación, y no habían firmado contrato alguno, sostienen que eran enfermeros de las policlínicas municipales desde hacía años. Siendo este el enfoque de la parte actora consideraban aplicable la norma modificativa del estatuto del funcionario de la IDT. Por Resolución Nº 572/2015 se desestimó la demanda de recusación. Este Tribunal acordó confirmar la sentencia recurrida, salvo en cuanto declaró que la IDT carecía de legitimación pasiva. Señala esta Sala que los apelantes articulan agravios en cuanto a la desestimatoria de la pretensión introducida contra la IDT, fundándose en la normativa municipal. Se transcribe lo expuesto por esta Sala en sentencia Nº 86/2011, (...)“ la falta de legitimación causal es relevable al oficio aunque no se hubiera invocado por la contraparte por ser un presupuesto material de la condena pretendida. Así se ha señalado que no se trata de un presupuesto procesal, pero indudablemente constituye una premisa lógica para la decisión, sin la cual no puede acogerse la demanda (Conf. Couture “Fundamentos...” Sostienen que aun en caso de que no se hubiera opuesto la excepción por la demandada, el Tribunal estaba en condiciones de relevar de oficio su falta, si asi era considerado. La legitimación se resolverá por la particular posición del sujeto frente al objeto. Es ajena a la condición de parte y deriva de la situación jurídica o relación sustancial. Expresa esta sala que no es posible concluir que les asista razón a los actores en cuanto declararlos “funcionarios de hecho” diciendo que si “funcionario de hecho” es aquel que sin título o con éste irregular, ejerce funciones públicas como si fuera un verdadero funcionario, revistiendo lo que se conoce como “investidura plausible”, es decir que deben existir el cargo y la función irregularmente ejercidos y que el cargo debe ser ejercido de la misma forma que lo hubiera hecho una persona designada regularmente. Sostienen que los actores no poseen tal calidad, ya que fueron contratados como becarios por la IDT. No le son aplicables entonces las normas dictadas para los Funcionarios de la Administración Central de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Constitución, ya que tal como expone Delpiazzo, si bien el contrato puede ser un modo de ingreso a la función pública, puede darse que no implique la incorporación del individuo, no convirtiéndose en funcionario público, como el caso de pasantes y becarios.

INTERLOCUTORIA 609/2015 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2015Importancia alta

La Corporación ampara el recurso de casación interpuesto y desestima la excepción de caducidad opuesta en base al inciso 2 del Artículo 289 de la Ley No. 13.318. No se tramita en el caso un “asunto aduanero”, sino una acción de reparación patrimonial por daños originados en una actuación administrativa irregular: la promoción de un procedimiento cautelar sin que se concretara luego el correspondiente proceso principal. En consecuencia, resulta de aplicación al caso de autos el plazo de caducidad cuatrienal previsto por el artículo 39 de la Ley Nro. 11.925.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho administrativo · Derecho aduanero

DEFINITIVA SEF 0003-000053/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 20 de mayo de 2015Importancia alta

En autos se dedujo pretensión reparatoria de daños causados por un accidente de tránsito ocurrido en la planta urbana de la ciudad de Minas. La decisión recurrida amparó de forma parcial la demanda, condenando al demandado a indemnizar al actor las cantidades pedidas por concepto de gastos médicos, daño moral y lucro cesante. Ante ésta decisión el actor interpuso recurso de apelación adjuntando constancia de la Oficina de Personal de la Jefatura de Policía de Lavalleja, el demandado adhirió al recurso de apelación. La Sala no admitirá la prueba aportada en segunda instancia por el actor, confirmando parcialmente la decisión. Entiende que no corresponde admitir la prueba que adjunta por tratarse de un informe referido a un hecho anterior a la demanda, que debió haber sido alegado y probado en primera instancia, expresando que no constituye prueba superviviente porque únicamente se omitió pedir antes. El demandado se agravia por la atribución de responsabilidad exclusiva el cual insiste en que el demandado transitaba a velocidad excesiva. Tal agravio resulta de rechazo para esta Sala porque la responsabilidad que se le imputa deriva de la maniobra que emprendió sin observar la regla que daba preferencia de paso a cualquier otro vehículo que circulara por esa vía de tránsito., y la declaración de un testigo conocido del demandado, que no está seguro porque solo vio una moto que, a su juicio, iba a mucha velocidad resulta insuficiente. En lo referente a los daños, el demandado se agravia por la condena a reparar lucro cesante que indemniza la pérdida de ingresos correspondientes al “servicio 222” fundándose en la asignación aleatoria de ese servicio. El agravio fue rechazado por el Tribunal, ya que resulta acreditado que como consecuencia de las lesiones y secuelas del accidente, el actor debió pasar a realizar tareas administrativas y le fue retirada el arma de reglamento, imposibilitándolo a cumplir “servicio 222”. La sentencia admite que se probó que antes del hecho dañoso cumplía ese servicio. El actor se agraviase que en la condena por lucro cesante no se incluyó la perdida del “presentismo” y tampoco de la partida llamada “función prevento represiva”. En cuanto a la primera el actor explica extemporáneamente el rubro al que refiere con “presentismo” y la “función prevento represiva” no la pide en la demanda. Por lo expuesto el Tribunal no admite tal agravio. También se agravia el actor por el rechazo de la pretensión de que se le repare la pérdida de chance de ascenso, lo cual tal como expresa esta Sala se trataría de una eventualidad, dado que al tiempo del accidente el actor tenía el mismo grado que tuvo desde su ingreso y no acreditó que se encontrara compitiendo por un ascenso. Por lo qeu confirma la recurrida en tal aspecto. Otro agravio de la parte demandada es respecto al no haberse dispuesto que se descontara del monto reparatorio del daño corporal sufrido, la cantidad pagada al actor en concepto de Seguro Obligatorio de Accidentes. El actor admite haber cobrado antes de la demanda una suma mayor a la reclamada por daño moral por lo que se concluye que la compensación por ese daño corporal ha quedado cubierta. Sostiene la Sala que hubiera debido desestimarse la pretensión deducida por daño moral. Por último, el demandado se agravia porque la condena impuso intereses legales desde la demanda cuando en ese acto de proposición, el actor no los solicitó. La Sala le asiste razón a la parte demandada y considera que corresponde revocar la condena accesoria, dado que existe firme consenso en doctrina y jurisprudencia acerca de que, si bien en la actualización del valor de las obligaciones debe disponerse de oficio, los intereses legales tienen otra función, reparan una pérdida sufrida por el reclamante, de modo que se le aplica el principio dispositivo.