DEFINITIVA 983/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

El caso de autos, trata de una demanda de nulidad por simulación de dos contratos de compraventa de bien inmueble. En primera Instancia declaró la nulidad absoluta por simulación de los contratos de compraventa del bien inmueble de autos, otorgados el día 31 de diciembre de 1997 y el día 13 de octubre de 2009. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y desestimó la pretensión anulatoria. La parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelaciones. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus integrantes naturales hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, mantendrá firme el fallo de primera instancia. Para la Corporación, la conclusión de la Sala resulta equivocada, en tanto implica dejar de lado, en el caso, la ausencia de controversia efectiva entre las partes respecto al carácter simulado de las dos compraventas cuestionadas. En la presente causa, la discrepancia fundamental entre las sentencias radica en que la Sra. Magistrada de primera instancia, en opinión compartida por la Corte, entendió que la simulación de las enajenaciones no requería prueba específica, al haber sido admitida y reconocida por ambas partes. La Sala, en una interpretación que se considera equivocada, ignoró este reconocimiento y exigió una prueba especial de la simulación. Esta exigencia constituye una aplicación errónea de las normas sobre necesidad y carga de la prueba, específicamente el artículo 137 del Código General del Proceso, que establece que no requieren prueba los hechos no controvertidos, salvo en cuestiones indisponibles.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 996/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho procesal

DEFINITIVA 981/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y agravado por el uso de arma de fuego a título de dolo eventual, en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos a la pena de 28 años de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. La Defensa del condenado interpuso recurso de casación, expresó que, la Sala al fundar su posición respecto de la calificación jurídica, entendió que es correcto que se aplique la agravante del homicidio muy especial por el concurso en los términos del artículo 312 nral. 6 del Código Penal, descartándose que en el caso que nos ocupa, el accionar resulta atrapado en la hipótesis legal que prevé el artículo 311 nral. 4 del Código Penal. La Corporación, por mayoría, hace lugar al recurso de casación, anula la recurrida, recalifica y condena al recurrente como autor penalmente responsable de dos delitos de homicidio en reiteración real agravado por el uso de arma de fuego todo ello en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos a la pena de veintiocho años de penitenciaría. El Señor Ministro discorde, Dr. John Pérez, sostiene que en casos como el de autos, en donde los homicidios se dan en forma simultánea, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 312 numeral 6º del CP, por lo que corresponde desestimar el recurso de casación.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 985/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor especialmente agravados, a cumplir la pena de cuatro años de penitenciaría. Asimismo desestimó las condenas accesorias solicitadas por Fiscalía previstas por la ley 19.580 así como la inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales creado por el artículo 104 de la ley 19.889, por no corresponder. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. La Defensa interpuso recurso de casación, agraviándose, principalmente, por la valoración y la admisibilidad de la prueba realizada en segunda instancia. La Corporación desestima el recurso interpuesto.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1027/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 984/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa. En autos, la víctima recibió un ataque de varios disparos de arma de fuego. Uno de ellos impactó en su cabeza, mientras cruzaba por un baldío próximo a una Escuela. El informe forense constató las graves heridas ocasionadas por el disparo y concluyó que existió efectivo riesgo de vida. La víctima identificó al imputado como el autor de los disparos, y también percibió que el atacante estaba acompañado por una tercera persona a la que no logró reconocer. La totalidad de los agravios de la Defensa se dirigen a cuestionar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal que, para la Defensa, merece la calificación de absurda en grado evidente. Sobre el alcance del error en la valoración de la prueba como motivo de casación, existen dos posiciones diferentes en la Suprema Corte de Justicia. La mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Morales, Minvielle, Pérez Brignani y Martínez, estima que la causal se reduce a las hipótesis en las que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada, o como en el caso, cuando corresponda aplicar el sistema de la sana crítica y se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada Por su parte, en una posición distinta, se encuentra el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, para quien la cuestión no debe interpretarse en forma restrictiva, pues las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la normativa procesal y por ello su infracción puede alegarse en el recurso de casación. Para la mayoría de la Corporación integrada por las Sras. Ministras Dras. Minvielle, Morales y la redactora, la argumentación que brindó el Tribunal de Apelaciones, fue insuficiente para justificar la condena en segunda instancia. Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Sosa Aguirre y Pérez Brignani consideran que en el presente caso la sentencia impugnada no puede considerarse carente de fundamentos, sino que nos enfrentamos a una “ motivación breve o escueta ”. En cuanto a la valoración de la prueba, la declaración de la víctima es el medio de prueba clave para desestimar el recurso de casación interpuesto por la Defensa. En primer lugar, corresponde aclarar que en el proceso penal rige el principio de libertad del medio probatorio, por lo que no existen impedimentos ni tachas contra la declaración de la víctima en juicio. La Suprema Corte de Justicia considera que no existe la contradicción insalvable que pretende hacer ver la Defensa en la declaración de la víctima, como lo sostuvo la sentenciante de primera instancia. Si bien la Sala incurrió en un error manifiesto al mencionar un testigo presencial inexistente , y que la argumentación de la sentencia, sin llegar al extremo de la falta de motivación, es insuficiente, este error no resulta determinante para invalidar la sentencia de condena. La valoración individual y en conjunto de la prueba, en especial el testimonio persistente, coherente y corroborado por otros medios de prueba de la víctima, permite mantener el fallo condenatorio.

DEFINITIVA 1003/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

En autos se arribó a un acuerdo para tramitar la causa por la vía del proceso abreviado. La Fiscal narró los hechos, dedujo acusación, la Defensa no formuló objeciones, y el imputado aceptó los hechos, declarándose culpable. El A Quo señaló que, a su criterio, el hurto era simple (art. 340 CP) y no especialmente agravado (art. 341 num. 1) como solicitara la Fiscalía, pues no hubo penetración domiciliaria (ingresó al patio de la vivienda) y procedió a dictar sentencia condenando al imputado como autor penalmente responsable de un delito de violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto en grado de tentativa fijando la pena en 5 meses de prisión. Dicha resolución fue recurrida por Fiscalía y el Tribunal revocó la sentencia de primer grado y condenó a AA en los términos del acuerdo, esto es, por un delito de violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de 6 meses de prisión. La Defensa del imputado interpuso recurso de Casación; agraviándose en cuanto la Sala no advirtió que la imputación original fue modificada, con acuerdo de partes, en audiencia. Por otro lado señala que la imputación delictual formulada por el Tribunal viola los principios de legalidad, tipicidad ne bis in idem y a su vez cuestiona el criterio expuesto por la Sala en cuanto a considerar que el Juez de Garantías, en el marco del proceso abreviado, no puede controlar la tipificación solicitada ni apartarse de la pena acordada. Tanto la Fiscalía actuante, como el Fiscal de Corte bregaron por rechazo del recurso. La Corporación dispuso amparar el recurso interpuesto por la Defensa y anular la recurrida; condenando al imputado como autor penalmente responsable de un delito de violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto en grado de tentativa fijando la pena en 5 meses de prisión, con descuento de la preventiva cumplida. Considera éste Colegiado, que en el marco del proceso abreviado el Juez de Garantías está legalmente facultado para realizar una calificación jurídica diversa respecto a los hechos acordados por las partes, estando incluso habilitado a por el art. 273.4 del Código del Proceso Penal absolver al imputado; por lo cual, con mayor razón puede condenarlo pero abatir la pena.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 981/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 986/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

En el marco de un proceso penal en primera instancia condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por haberse cometido con impulso de brutal ferocidad a la pena de dieciséis (16) años de penitenciaría, con descuento de la detención sufrida. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno confirmó parcialmente la Sentencia de primera instancia, revocando el cómputo de la agravante muy especial del impulso de brutal ferocidad (nal. 1o art. 312 CP) y condenó al imputado a la pena de diez años de penitenciaría. El imputado interpuso recurso de casación agraviándose en: i) que se incumplieron los arts. 257.1 y 257.2 del CGP y el principio “tantum devolutum tantum apellatum”; ii) la errónea valoración de la prueba entendiendo que existe absurdo evidente tanto en la determinación del delito de hurto que habría cometido la víctima del homicidio como en la determinación de la trayectoria del disparo; iii) la errónea aplicación del art. 26 del CP y la determinación de la legítima defensa alegada; iv) la errónea aplicación de la agravante de alevosía. A su vez, la Fiscalía Departamental de Las Piedras de 2º Turno, adhirió al recurso de casación, agraviándose en: I) una grosera y evidente valoración errónea de la prueba por cuanto no se computó por el Tribunal la agravante de impulso de brutal ferocidad; II) por la absolución del imputado del delito de receptación; III) en la determinación de la pena, pretendiendo una condena de 20 años de penitenciaría. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó los recursos de casación interpuestos.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 998/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

El A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de `reiterados delitos de abuso sexual´, a la pena de 4 años y 3 meses de penitenciaría. El Ad quem confirma la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la pena, la que fija en 4 años de penitenciaría, así como la pérdida de la patria potestad. La Defensa del condenado interpone recurso de casación. La Corporación acoge parcialmente el recurso de casación interpuesto por la Defensa, únicamente en lo que respecta a la aplicación de la agravante prevista en el literal C del artículo 279 del Código Penal, dado que: “...en el caso, resulta aplicable únicamente la agravante prevista en el inciso final del artículo 272 bis -por ser la más gravosa-, que eleva la pena mínima de forma tasada a dos años de penitenciaría, en lugar de los ocho meses previstos de forma general, no correspondiendo computar la agravante prevista en el literal C del artículo 279 del Código Penal.”

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1000/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO La Corte comparte la conclusión a la que arribó el Tribunal, en cuanto a que se acreditó la existencia de culpa grave por parte del empleador en la ocurrencia del accidente en el que falleció el Sr. FF. En efecto, el empleador incurrió en culpa grave en los términos del artículo 7 de la Ley Nº 16.074, al encomendar al trabajador fallecido la conducción de un tractor con remolque cargado por una Ruta Nacional, sin haber verificado que contara con licencia de conducir habilitante para ello, ni capacitación adecuada para tal tarea. Si bien es cierto y no está en discusión que la maniobra realizada por la víctima fue el hecho material inmediato que desencadenó el accidente que provocó su fallecimiento, no puede perderse de vista que fue el empleador quien le asignó dicha tarea, sin que tuviera idoneidad para ejecutarla. Entonces, a pesar de que fue el trabajador quien perdió el dominio del tractor, esto fue consecuencia directa de la conducta negligente del empleador, quien le encomendó una tarea riesgosa sin que el Sr. FF contara con idoneidad para cumplirla. Si el trabajador hubiese sido capacitado en la conducción de un vehículo de estas características y en tales circunstancias o si, directamente, no se le hubiese encomendado ejecutarla, el lamentable accidente no hubiese ocurrido. Entonces, si el trabajador carecía por completo de habilitación para conducir ese tipo de vehículos y no recibió capacitación alguna para la operación, es el actuar del empleador con su omisión grosera e inexcusable el factor determinante en la producción del siniestro y no la acción material del trabajador inidóneo.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 988/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

Señala la Suprema Corte de Justicia, que no habiendo el impugnante explicado con precisión los errores que reprocha a la Sala ni la valoración que estima era debida, corresponde a derecho desestimar el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 1001/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

El a quo desestimó la demanda de daños y perjuicios incoada contra ASSE por responsabilidad médica. El Ad quem, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia, condenando a la demandada a abonar por concepto de daño moral, al padre de la víctima la cantidad de U$S 21.000 y a los hermanos U$S 7.000 cada uno de ellos. La demandada interpuso recurso de casación, en el cual denunció infracción de la norma contenida en el artículo 341.6 del CGP, por cuanto considera que el Tribunal se apartó del objeto del proceso delimitado en la audiencia preliminar; y cuestionó la conclusión del ad quem según la cual se vulneraron los derechos de la paciente relativos al consentimiento informado. Y la parte actora también, en vía adhesiva, por cuanto la Sala no amparó el daño moral de la madre de crianza de la víctima, así como lo reclamado por lucro cesante y por daño moral iure hereditatis. La Corporación desestima los recursos de casación interpuestos. En primer lugar afirma que: “La interpretación racional, contextual y de buena fe impone concluir que lo debatido en autos comprende, sin dificultades ni argumentaciones forzadas, el servicio (en el sentido que le atribuye el artículo 24 de la Constitución de la República) que desarrolló la ASSE por medio de todos sus dependientes, incluido el personal de enfermería…” Los Sres. Ministros discordes se afilian a la posición según la cual el daño moral premuerte es indemnizable aun en los casos en que no se demuestre el efectivo dolor o sufrimiento por parte de la víctima. El Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre, además, extiende discordia en parte, por cuanto entiende que debe ampararse el agravio relativo al daño moral sufrido por la madre de crianza de la fallecida.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1036/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La Corporación desestima la inconstitucionalidad promovida en autos. De lo expuesto por la excepcionante se desprende que pretende la declaración de inconstitucionalidad de una interpretación de los arts. 81.2 lit. b y 129 del C.P.P., en concreto, de la interpretación que en el caso habría efectuado Fiscalía, la que considera restrictiva y vulneratoria de derechos constitucionales, vulnerando el rol de la víctima a un real ejercicio de sus derechos. La Corte, únanimemente, pero por distintos fundamentos, desestima el excepcionamiento. Para la mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle Sánchez, John Pérez Brignani y Doris Morales, en anteriores oportunidades, han señalado que es posible plantear la inconstitucionalidad de determinada interpretación de una disposición legal, no obstante lo cual, ello no significa que el examen de constitucionalidad deba realizarse sobre la interpretación propuesta por la parte interesada, sino sobre aquella que la Corporación considere correcta. En el presente caso, si la excepcionante (víctima) discrepa con la interpretación de la normativa propuesta por Fiscalía, deberá plantear tal discrepancia ante el Juez a quo . Y, eventualmente, si el decisor compartiera la interpretación del Ministerio Público (con la que la víctima discrepa), podrá ésta acudir a los recursos ordinarios. La Corte interpreta el contenido de los preceptos atacados, a efectos de analizar su regularidad constitucional. En el literal b del art. 81.2 (objeto de impugnación), se consagra el derecho de la víctima de intervenir en el proceso y ser oída en los términos previstos en el Código. A su vez, interesa destacar que, en lo que atañe concretamente al pedido de sobreseimiento (que es la cuestión que se plantea en el presente caso), se consagra en el literal g de este art. 81.2 el derecho de la víctima “ a ser oída por el tribunal antes que dicte resolución sobre el pedido de sobreseimiento u otra determinación que ponga fin al proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de este Código ”. El art. 129 del C.P.P., lejos de retacear derechos a la víctima -como se denuncia en el libelo impugnativo-, le confiere a ésta una serie de facultades en aquellos casos en que el Ministerio Público solicita el sobreseimiento, entre ellas, la posibilidad de oponerse al pedido de sobreseimiento. Por su parte, por diversos fundamentos, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre arriba a la misma solución desestimatoria. A juicio del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre, todos los cuestionamientos guardan relación con la forma en que los magistrados aplican las disposiciones en cuestión. Y, para el caso de entenderse que las mismas no son ajustadas a derecho, el compareciente podrá recurrir aquellas cuestiones que le sean desfavorables. En conclusión, las normas consagradas en las disposiciones legales citadas no vulneran los derechos y principios constitucionales alegados en el escrito de la excepcionante, lo que conduce a desestimar su planteo.

DEFINITIVA 980/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La Corporación por mayoría de sus integrantes, y con discordia del Ministro Dr. Jhon Pérez procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía actuante contra la sentencia de segunda instancia por la cual se confirmó la recurrida; salvo en la clasificación y la pena, en cuyo lugar se condena al acusado como autor de dos homicidios en reiteración real, uno de ellos tentado, a la pena de 15 años de penitenciaria. En definitiva, en casos como el presente, en el que los dos homicidios (el tentado y el consumado) se cometieron prácticamente en simultáneo y no es posible determinar cuál de los dos homicidios fue “ el anterior ” como reclama el Código Penal, corresponde tipificar el concurso como dos homicidios los que concurren entre sí en régimen de reiteración real. Por su parte, el Sr. Ministro Dr . JHON PÉREZ expresó discordia ; considerando que corresponde acoger el recurso de casación articulado por el Ministerio Público, en el entendido que en casos como el de autos, en donde los homicidios se dan en forma simultánea corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 312 numeral 6º del Código Penal y consecuentemente agravar la pena del imputado.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 984/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

DECLARAR ADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO CON EL ALCANCE FIJADO EN LOS CONSIDERANDOS V Y VI. La Corporación entiende que la sentencia de segundo grado, en cuanto exonera de responsabilidad a UNIVERSAL SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN SANITARIA, provoca un perjuicio a la codemandada SANATORIO DOCTOR BERNARDO ETCHEPARE SA, lo que habilita a ésta a impugnar tal decisión mediante el recurso de casación. Finalmente, resta indicar que, sobre la cuestión debatida (responsabilidad o no de la coaccionada UNIVERSAL SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN SANITARIA), no han recaído dos pronunciamientos coincidentes (artículo 268 CGP), por lo que, el agravio expresado al respecto resulta admisible desde tal perspectiva. DRA. MINISTRA DORIS MORALES, DISCORDE PARCIALMENTE: por cuanto, entiendo que corresponde declarar inadmisible el agravio que refiere a la: “Falta de atención médica del paciente por parte del prestador de salud, desde su internación en el sanatorio hasta su fallecimiento”, lo cual determina que resulte inadmisible en su totalidad el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1002/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno confirmó la sentencia definitiva de primera instancia por la cual se condenó a AA como autor penalmente responsable de un delito de rapiña, a la pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida, siendo de su cargo los gastos de alimentación, vestimenta y alojamiento durante el proceso y la condena. Contra la resolución de segunda instancia se alzó la Defensa del encausado interponiendo recurso de casación; agraviándose por los errores en la valoración probatoria que resultan evidentes y absurdos. El traslado fue evacuado por la Fiscalía actuante, quien abogó por el rechazo del recurso; pronunciándose en igual sentido el Fiscal de Corte Subrogante. La Corporación procedió a desestimar el recurso interpuesto; por considerar que el agravio no puede prosperar, pues la valoración realizada por el Tribunal lejos está de plasmar una hipótesis de irracionalidad o absurdo en el razonamiento probatorio (en palabras de la mayoría de la Corte) o vulneratorio del límite de la razonabilidad (en palabras del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre).

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 991/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. El caso de autos: un grupo de funcionarios de la ASSE promovieron demanda de cobro de pesos, en la que reclaman la percepción del incentivo de salud mental que entienden que les corresponde y no les fue abonado, más las incidencias. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisprudencia en contra de la postura de los recurrentes, en las sentencias N os 141/2021 y 397/2021 la Corte ya desestimó un planteo idéntico al aquí formulado, con argumentos que dan respuesta a cada uno de los cuestionamientos de los recurrentes, de modo que la Corte se refiere a los fundamentos considerados en la sentencia nro. 141/2021. La parte actora no cumplió cabalmente con la carga de la debida alegación, siendo este defecto en la formulación de la demanda el que sella la suerte del recurso.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1005/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

En el marco de un proceso de liquidación y ejecución de sentencia, en primera Instancia aprobó la liquidación efectuada por la parte actora de actualizaciones e intereses librándose oficio al MEF a los efectos del pago de la suma de $ 10.898.246,55. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno confirmó la sentencia de primera instancia. La parte demandada interpuso recurso de casación contra la referida sentencia dictada por el Tribunal. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la demandada.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 994/2025 · Suprema Corte de Justicia · 1 de setiembre de 2025Importancia alta

En el caso de autos la parte actora promovió demanda de resolución de contrato, pago de multa e indemnización de daños y perjuicios. En ambas instancias, se declaró resuelto el contrato y se condenó a los demandados a pagar la suma de U$S 363.841. La Sra. Magistrada A Quo, además, condenó al pago de los daños reclamados (gastos por alambrado, por contrato de pastoreo con un tercero y por variación del precio), condena que, en cambio, fue revocada en alzada. En primera instancia, el citado en garantía fue condenado en los términos señalados. En segundo grado, en cambio, fue exonerado de responsabilidad. Contra la sentencia de segunda instancia, la parte actora interpuso recurso de casación, agraviándose por la calificación negocial efectuada por el Tribunal, el “error material” al individualizar el bien en la escritura, la exclusión de la condena del citado en garantía y el rechazo de los daños por pastoreo y variación del precio. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho civil