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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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18.659 sentencias

DEFINITIVA 519/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 22 de setiembre de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
DEFINITIVA 510/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 22 de setiembre de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 1674/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026
La Corporación declara carente de objeto la contienda de competencia, ya que no puede contenderse sobre un proceso inexistente. No existe proceso en tanto no existe una pretensión insatisfecha. A saber, no existe un adulto mayor al que proteger, y aún si lo fuera, no existe proceso de protección determinado por ley que otorgue competencia en el caso. Tampoco resulta procedente la tramitación de un proceso de hospitalización involuntaria o por orden judicial atento a los hechos del caso.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1488/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026
La Corporación en forma unánime procedió a desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, por la cual se decidió revocar parcialmente la decisión de primer grado, únicamente en cuanto la Sala dejó sin efecto la inclusión de intereses; confirmando la sentencia en todo lo demás. En cuanto al primero de los agravios expuestos por el recurrente relativo a la falta de motivación de la sentencia; el mismo no puede prosperar ya que a juicio de los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Posada Xavier, França y la redactora Dra. Morales, aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control en sede de casación, determinando la imposibilidad del reexamen de la controversia sobre esos puntos. La Sra. Ministra Dra. Minvielle Sánchez por su parte discrepa en cuanto a que tales cuestiones queden exiliadas de ser revisadas en casación, coincidiendo con la posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o la confirme pero con discordia, la sentencia, en su integridad, resultará pasible de ser revisada en casación. A pesar de lo expuesto, siendo su posición sobre la admisibilidad del recurso minoritaria, resulta estéril ingresar a examinar esos puntos sobre los que, a juicio de quienes conforman la mayoría del Cuerpo, está vedado el control en esta instancia casatoria. En lo que refiere al segundo agravio (errónea aplicación del mecanismo de la colación de donaciones) la Corte entiende que el mismo resulta inadmisible, desde que el punto relativo a la doble inclusión de las donaciones está excluido de la casación, pues respecto al punto recayeron dos pronunciamientos coincidentes sin discordia (art. 268 inc. 2 del CGP). Por último, en relación al agravio por la no aplicación de los intereses legales a la suma reajustada; el mismo no puede prosperar en virtud de que tal argumento es planteado por primera vez en casación, no habiendo sido introducido por la parte en la estación procesal oportuna, esto es, en su acto de alegación inicial en este proceso.
Recurso de casación · Derecho procesal
DEFINITIVA 1487/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026
ACÓGESE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA. EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA DEFINITIVA Nº 281/2025 DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO Y EN SU LUGAR MANTIÉNESE FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA. La Corporación concluye que la sentencia de segunda instancia desconoció la eficacia de un acuerdo transaccional celebrado con asistencia letrada, con recíprocas concesiones, referido a un crédito dubitable, homologado judicialmente y ejecutado por las partes.
Recurso de casación · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 1667/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta
En el marco de una contienda negativa de competencia, en la cual contienden de forma negativa el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Paysandú de 8º Turno y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de la Capital de 7º Turno, la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de la Capital de 7º Turno. Señala la Corte que la respuesta a ¿cuál Juzgado resulta competente para continuar entendiendo en el presente?, no es otra que el de Montevideo, porque es el del lugar donde se encontraba cumpliendo la pena, hasta su extinción. El hecho de que el penado haya cambiado su domicilio, no modifica la competencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia competente conforme con el artículo 289.3 del CPP, que establece como criterio de distribución el lugar donde deba cumplirse la pena o medida de seguridad, y no el domicilio de quién deba cumplirla.
Contienda de competencia · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 1483/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta
El A quo condenó al imputado como coautor penalmente responsable de un delito de rapiña agravado, a la pena de 5 años y 10 meses de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia en su totalidad. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa en tanto el recurso no describe un error en el razonamiento probatorio del Tribunal que revista una entidad mayúscula, que pueda ser calificado como absurdo o arbitrario en forma evidente. Asimismo sostienen que el recurso examinado no contiene una crítica en casación propiamente dicha: contiene, antes bien, una reproducción del recurso de apelación
Recurso de casación · Derecho procesal penal
DEFINITIVA 1489/2026 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2026Importancia alta
En el marco de una acción reparatoria, la parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia N.º 228/2025, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, que confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC y condenó al Poder Ejecutivo al pago a la actora del daño emergente dispuesto por la presente, a la suma de U$S 21.204,35 con sus intereses desde cada facturación. En su recurso de casación, la actora se agravia en lo sustancial por dos razones: a) la errónea aplicación de la cosa juzgada respecto de los daños que fueron desestimados, y b) el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC. A su vez, el Poder Ejecutivo deduce adhesión a la casación de la contraria agraviándose por la condena al pago del daño emergente; por la falta de legitimación pasiva de la URSEC y como agravio eventual de la excepción de caducidad cuatrienal. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, hizo lugar parcialmente el recurso de casación y la adhesión respectiva, únicamente en cuanto al amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva de la URSEC. Desestimando los agravios en todo lo demás. Con relación al agravio por la falta de legitimación pasiva de la URSEC, señala la Corte que los cambios normativos que a lo largo del tiempo modificaron la posición institucional de la URSEC dentro del Estado o modificaron sus competencias y atribuciones, en concreto el artículo 94 bis de la Ley Nº 17.296 citado por la impugnada, no implica que el codemandado carezca de legitimación pasiva para ser demandado en este proceso. Más allá de que la URSEC ni siquiera opuso excepción de falta de legitimación pasiva en el trámite de nulidad ante el TCA, lo que implica que aceptó su posición como demandado en el proceso anulatorio, si en este expediente se reclaman los daños y perjuicios derivados de la anulación de dos actos administrativos, uno de ellos el acto ficto de la propia URSEC que desestimó la petición calificada de los reclamantes (lo que incluye la omisión de elevar el expediente al MIEM para su resolución), es claro que cuenta con legitimación pasiva en esta causa. Con relación a los agravios relativos al amparo de la excepción de cosa juzgada, señala la Corte que no se advierte que los Órganos de mérito hayan vulnerado el alcance de la cosa juzgada de la que está revestida la sentencia anulatoria del TCA Nº 656/2019. Los Tribunales de mérito no desconocieron el alcance del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto es, la nulidad de los actos procesados ante dicho Tribunal.
Recurso de casación · Derecho contencioso estatal
DEFINITIVA 180/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 2 de setiembre de 2026
En el marco de proceso de ejecución, el cual se encuentra en vía de apremio de la condena al futuro pago por parte de la Comisión de Apoyo de los rubros diferencias de salarios y complemento de farmacia y sus incidencias, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la excepción de pago interpuesta, y en su mérito, mantuvo el decreto No. 1695/2025. Señala la Sala que la ejecutada se limitó a afirmar, y reiterar, que abonó la totalidad de lo adeudado, presentando un comprobante de transferencia y un recibo en el expediente principal. Pero no dio explicación alguna respecto de cómo arribó al monto que pagó. Y por tanto no es posible verificar que la suma transferida, de $ 55.260,29, corresponde efectivamente a la totalidad de los rubros reclamados, actualizados, con adición de intereses, de los daños y perjuicios preceptivos y la multa legal, conceptos por los cuales la actora reclamó el pago de $ 84.472 como monto líquido. (D) Dra.Lina Fernández Lembo y el Dr. José Luis NICOLA TRÍAS, discordes, votan por: Revocar la sentencia apelada y levantar el embargo trabado en autos. Entienden que antes que analizar la defensa del pago, la Sede judicial debe analizar la procedencia del título de ejecución. Sin título de ejecución no puede prosperar el avance de esta etapa del proceso. En consecuencia, entienden que en el caso no se configura el título de ejecución en tanto se pretende conformar con rubros no condenados en el proceso de conocimiento, esto es, remitiendo a liquidaciones de antigüedad y presentismo que no se han reclamado.
Proceso de ejecución · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 55/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 2 de setiembre de 2026
En el caso de autos, el Juzgado argentino a través del exhorto realiza un planteo como tercero que se considera con mejor derecho que los ejecutantes, al punto que menciona que es embargante preferente del bien o “bienes sobre los cuales se pretende un remate”, refiriéndose al remate dispuesto en autos a solicitud de los ejecutantes; con ese fundamento solicita la suspensión del remate fijado en autos. En primera instancia, la Sra. Jueza a quo accede suspendiendo el remate de autos en forma urgente. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, revocó la sentencia interlocutoria apelada, en cuanto dispuso la suspensión del remate del bien inmueble de autos, y en su lugar dispuso proseguir la ejecución conforme a derecho. Señala la Sala que la sentencia impugnada posee una motivación insuficiente, no alcanzando el estándar mínimo de argumentación que sería deseable, o razonable en palabras de la apelante, para una decisión judicial trascendente a estar por los efectos producidos en relación a los interesados. Y ello por cuanto el mismo día en que el exhorto fue puesto al despacho, la Sra. Jueza a quo se pronunció por suspender el remate a través de la providencia Nº 854/2026 de fecha 29/4/2026, sin siquiera oír a la parte ejecutante, cuando disponía de tiempo al menos para conferir vista de lo requerido por la autoridad extranjera. La actuación de primera instancia fue sin dudas apresurada, además de equivocada, sin contemplar el interés de los actores.
Proceso de ejecución · Derecho internacional privado
DEFINITIVA 200/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 2 de setiembre de 2026
La Sala acogió los agravios de la parte actora y procedió a confirmar la sentencia apelada por la cual se desestimó la excepción de pago impetrada, salvo en cuanto no condenó a la parte demandada al pago de las costas y costos, aspecto en el que se revocará la recurrida y se dispondrá que las costas y costos sean de cargo de la ejecutada, conforme lo lo previsto en el artículo 392.1 del CGP. Este Colegiado entendió que el agravio de la parte demandada resulta inadmisible, ya que pretende que se tenga por cancelada la deuda sin elementos de prueba y sin discriminar ni explicar cómo es qué llegó al monto que depositó.
Proceso de ejecución · Derecho laboral
DEFINITIVA 1482/2026 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2026Importancia alta
Antecedentes: El defensor del acusado interpuso excepción de inconstitucionalidad contra el art. 59 inciso 2º del CPP, alegando que vulnera la libertad ambulatoria y de circulación (arts. 7 y 10 de la Constitución) al permitir registros policiales arbitrarios sin tipicidad estricta ni sospecha fundada. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia desestimó la excepción por unanimidad, señalando que la norma es perfectamente constitucional mediante una interpretación conforme y sistemática. Destacó que el precepto persigue un fin de interés general legítimo (seguridad pública y prevención del delito) y no autoriza registros caprichosos, existiendo controles legales y penales contra posibles abusos. Resolutivo: La Suprema Corte de Justicia resolvió desestimar la excepción de inconstitucionalidad opuesta, declarando la plena constitucionalidad de la norma impugnada.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 1463/2026 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2026Importancia alta
Antecedentes: Contribuyentes promovieron acción de inconstitucionalidad contra los decretos departamentales Nos. 034/2016, 036/2016 y 001/2017 y normas presupuestales de la Intendencia de Colonia relativas al impuesto al alumbrado público, demandando a la Intendencia, Junta Departamental y a UTE por supuestos vicios formales, materiales, doble imposición y violación a la capacidad contributiva. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la Junta Departamental y UTE (mero agente de retención). En cuanto al fondo, determinó que la Constitución no exige la intervención preceptiva del Tribunal de Cuentas para crear tributos departamentales fuera del presupuesto, y que el régimen de mensajes complementarios es aplicable al ámbito departamental conforme al artículo 222 de la Carta Magna. Resolutivo: La Suprema Corte de Justicia resolvió desestimar la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Intendencia de Colonia, ratificando la plena vigencia de las normas cuestionadas.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
DEFINITIVA 193/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 26 de agosto de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se desestimó la excepción de pago opuesta por la ejecutada; manteniendo la ejecución dispuesta. La decisión adoptada se debe a que el pago parcial efectuado por la demandada, si bien debe ser tenido en cuenta en la etapa de liquidación del crédito de autos (art. 388 del C.G.P.), no opera la conclusión del proceso, al no haberse satisfecho la obligación pecuniaria en su totalidad.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 195/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de agosto de 2026
El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, revocó la sentencia de primera instancia, desestimó la excepción de litispendencia, la de cosa juzgada y la de prescripción de la acción relevada de oficio por el sentenciante a-quo. En opinión de la Sala le asiste total razón a la parte actora en la crítica que formula contra la sentencia de primera instancia, pues ésta realmente ralla con la falta de fundamentación, además de apreciarse que la misma es claramente errática y contradictoria en sus conclusiones. Para que podamos hablar de litispendencia se requiere la existencia de al menos dos juicios simultáneos en trámite, siendo la finalidad de la norma que regula el instituto en cuestión evitar la coexistencia de juicios idénticos. En el caso de autos resulta evidente, que la simultaneidad de procesos se verificó entre el segundo proceso iniciado ante el Juzgado Letrado de Trabajo de 17º turno y el presente trámite por apenas 16 días de febrero de 2025, resultando asimismo del cotejo de fechas, que el precitado segundo proceso laboral ya había culminado por desistimiento de la pretensión por parte de la actora para cuando la parte demandada compareció en autos e interpuso la excepción de litispendencia; de lo que se deduce que la excepción de litispendencia estuvo mal opuesta. Por otra parte, no surge configurado el requerimiento de identidad, porque en el primer y segundo proceso el objeto del reclamo no versa sobre el mismo objeto que se ventila en estas actuaciones. Con relación a la cosa juzgada, la A quo, tampoco analizó ni demostró que los elementos que requiere el instituto de la cosa la cosa juzgada para su configuración, estuvieran presente o se dieran en el caso. Con relación a la prescripción del reclamo, señala la Sala que la excepción de prescripción no fue planteada u opuesta por la parte demandada, por lo que, dado que la prescripción sólo se puede hacer valer a instancia de parte, jamás el decisor de primera instancia pudo traer a colación dicho argumento adicional a la hora de justificar su decisión. Pero, además, surge de autos que la acción no prescribió; por lo que no puede concluirse válidamente que el presente accionamiento se encuentre perjudicado por efecto de la prescripción como erróneamente sostuvo la sentencia.
Proceso laboral · Derecho procesal
DEFINITIVA 198/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de agosto de 2026
Se confirma la sentencia apelada que declaró la falta de legitimación pasiva de Uber Technologies Uruguay S.A. y, en consecuencia, se absuelve a la misma. Ampárase la demanda y en su mérito, condénase a UBER B.V. a abonar al actor las sumas pretendidas en ella en concepto de licencia, salario vacacional y aguinaldo, 10% en carácter de daños y perjuicios preceptivos más la multa legal, reajustes e intereses de su exigibilidad y hasta su efectivo pago. La Sala no hace lugar a los agravios formulados por la parte apelante, y confirma que la relación del actor con Uber es una relación laboral, en la cual el actor está inserto en la organización de la empresa y sujeto a subordinación jurídica. Se consideran para el análisis del caso los indicios de la Recomentación Nº 198 de OIT.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 197/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de agosto de 2026
Por sentencia de primera instancia se condenó a la demandada a abonar al actor los siguientes rubros laborales: diferencias de salarios, diferencias en horas extras, licencia, salario vacacional, descanso intermedio, incentivos, por los valores reclamados (salvo en lo que respecta a las horas extras) con más 10% por concepto de daños y perjuicios preceptivos el cual deberá ser calculado solamente sobre rubros adeudos de carácter salarial, reajustes, interés legal y multa legal desde la interposición de la demanda (8 de setiembre de 2025) y hasta el efectivo pago. Dicha sentencia fue recurrida por la demandada, agraviándose por la condena al pago de las diferencias salariales, así como también por la condena a las diferencias de licencia y salario vacacional. La parte actora evacuó el traslado, abogando por la confirmatoria. El Tribunal confirmó la recurrida, dado que el cúmulo probatorio reunido avala y corrobora con creces el desempeño del actor en tareas propias de un maquinista. Es así que habiendo incumplido la demandada con el pago que le correspondía al actor de acuerdo a la categoría; el agravio respecto al pago de las diferencias por licencia y salario vacacional no puede prosperar.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 196/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de agosto de 2026
Se confirma la sentencia apelada que declaró la falta de legitimación causal pasiva de Golani Security SAS a quién se absuelve de la pretensión laboral incoada en autos. Amparó parcialmente la demanda y en su mérito, condenó a Golani Group SRL (RUT 217639490014) a pagar al actor la suma de $ 195.947 (pesos uruguayos ciento noventa y cinco mil novecientos cuarenta y siete), por los rubros y montos consignados en el considerando VII) de la presente, más reajustes e intereses legales hasta la fecha de pago efectivo, sin perjuicio de las deducciones legales que pudieren corresponder por concepto de tributos y cargas sociales. La Sala concluye al igual que la sentencia de primera instancia, en la falta de legitimación causal de la codemandada Golani Security SAS, básicamente por cuanto el actor no le atribuyó ninguna legitimación frente a su reclamo.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 199/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de agosto de 2026
REVÓCASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA EN CUANTO TUVO POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE LOS ACTORES Y LA DEMANDADA, Y CONDENÓ A ÉSTA AL PAGO DE RUBROS SALARIALES E INDEMNIZATORIOS. EN SU LUGAR, DESESTÍMASE LA DEMANDA EN TODOS SUS TÉRMINOS. Discordia del Dr. Gustavo Nicastro, quien vota por confirmar la sentencia recurrida por entender que la parte recurrente no expresó agravis correctamente, sino que simplemente expresó disconformidad con lo resuelto en primera instancia. Sí surge probado que los actores efectivamente trabajaron en el inmueble cuya titular es la demandada, quien solicitó y tramitó el permiso de construcción para la obra llevada a cabo en el mismo. No obstante, no hay prueba de que realizaran la obra como dependientes de la titular de la obra. La Sala coincide con la apelante en que la ausencia de inscripción como empresa, o la falta de personería jurídica por parte del invocado intermediario o contratista independiente (Joao Paulo Da Silva), no enerva la existencia del mismo en los hechos, y no determina automáticamente que por esa sola circunstancia la titular de la obra deba ser posicionada en el rol de empleador. También resulta atendible el argumento de la recurrente en punto a que no se verifica en el caso una inserción de los actores en una organización empresarial (incluido como indicio de laboralidad en la Recomendación 198 de la OIT, art. 13).
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 1613/2026 · Suprema Corte de Justicia · 20 de agosto de 2026
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal penal

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