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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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14.125 sentencias

DEFINITIVA 519/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 22 de setiembre de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
DEFINITIVA 247/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 11 de setiembre de 2026
La Sala, con el voto coincidente de sus componentes procedió a confirmar la sentencia recurrida por la cual se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el FNR y se condenó al MSP a proporcionar los medicamentos PEMBROLIZUMAB y LENVATINIB a la parte actora (portadora de cáncer de endometrio) en el plazo de 24 horas, contadas desde la notificación de esta sentencia, en la forma y del modo que indique su médica tratante. A entender de la Sra. Ministra Dra. María Cristina Cabrerase, la ilegitimidad manifiesta se verifica por cuanto el MSP violenta el principio de igualdad consagrado en la Constitución; mientras que para las Ministras Dra. Rosario Sapelli y la redactora, Dra. Loreley Pera la misma se verifica al existir evidentes razones de urgencia, así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan a la actora obtener el mismo resultado que con el amparo.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 313/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 10 de setiembre de 2026
La Sala confirma la sentencia que regula los honorarios solicitados, considera el Tribunal que resulta ajustado al caso y al precio de costumbre (artículo 1834 del Código Civil) el monto fijado por el sentenciante de primer grado.
Regulacion de honorarios · Derecho civil
DEFINITIVA 314/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 10 de setiembre de 2026Importancia alta
El Tribunal, por unanimidad de sus miembros naturales procedió a revocar la sentencia apelada, desestimando la demanda con relación al FNR y condenando al MSP a suministrar a la actora (portadora de cáncer celular renal cromófomo) el fármaco E VEROLIMUS , de acuerdo a las indicaciones de la médica tratante y por todo el tiempo que ésta lo determine, en un plazo de 24 horas, dejando sin efecto la intimación dispuesta. Esta decisión se debe a que la conducta del FNR, se adecuó al marco normativo que lo regula, no puediendo en tanto sostenerse que su actuación es ilegítima. En cambio, sí entiende este Colegiado que la negativa del MSP a proporcionar el fármaco peticionado resulta manifiestamente ilegítima.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 308/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 9 de setiembre de 2026Importancia alta
En el marco de un proceso de regulación de honorarios, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y condenó a los demandados a pagar a la actora por concepto de honorarios profesionales, la suma de UR 770, más el interés legal desde la demanda regulatoria hasta la fecha de su efectivo pago. Señala la Sala que los honorarios no fueron pagos, ya que ninguno de los demandados refiere haberlos abonado y desconocen si los restantes codemandados lo hicieron; por lo que la excepción de prescripción con fundamento en el artículo 1223 del Código Civil no puede prosperar. En cuanto al monto en que se establecieron los honorarios profesionales de la actora, respecto del cual ambas partes se agravian, solicitando la accionante su aumento y los demandados su mitigación; considera la Sala que resulta ajustado al caso y al precio de costumbre (artículo 1834 del Código Civil) el monto fijado por el sentenciante de primer grado.
Regulacion de honorarios · Derecho civil
DEFINITIVA 311/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 9 de setiembre de 2026Importancia alta
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó al demandado como autor responsable de la INFRACCIÓN DE CONTRABANDO dispuesta en el artículo 209 del CAROU, disponiéndose el comiso de las mercaderías incautadas, el pago de los tributos que hubieran correspondido, el doble de los recargos de importación aplicables, una multa igual al 20% del valor en aduana de los efectos incautados, así como costas y costos del proceso. Señala la Sala que el demandado adquirió mercadería sin documentación alguna que acredite el pago de tributos, su fabricación nacional o la adquisición en territorio aduanero, a un precio muy barato, por lo que se presume que estaba en conocimiento de la infracción aduanera que estaba cometiendo, conforme así lo establece en forma expresa la Ley.
Proceso aduanero · Derecho aduanero
DEFINITIVA 307/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 9 de setiembre de 2026Importancia alta
El Tribunal revocó la impugnada y condenó al Ministerio del Interior a pagar a los accionantes (con la excepción establecida) las diferencias salariales derivadas de la incidencia de servicios prestados al amparo del art 222 de la ley 13.318 en el rubro licencia generadas entre el 25/02/2021 y 12/2021, más reajustes desde la exigibilidad de cada una de las diferencias e intereses desde la fecha de presentación de la demanda, con las detracciones tributarias y provisionales que correspondan.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 240/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 8 de setiembre de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia apelada por la cual se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el FNR, desestimándose la demanda a su respecto; y se condenó al MSP a suministrar y/o proporcionar a la actora (quien padece un adenocarcinoma) el medicamento A MIVANTAMAB , coordinando su provisión con el prestador de salud de la actora, dentro del plazo de 24 horas desde la notificación, en las dosis y por el período que determinen sus médicos tratantes y bajo su responsabilidad. A entender de la Ministra Dra Ma Cristina Cabrera; la ilegitimidad manifeista del MSP resulta al negar la prestación solicitada, violando el principio de igualdad consagrado en el art.8 de la Constitución. Por su parte, las Ministras Dra. Loreley Pera, y la redactora Dra. Rosario Sapelli entienden que se verifica ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, al existir evidentes razones de urgencia así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan a la actora obtener el mismo resultado que con el amparo.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 558/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 7 de setiembre de 2026Importancia alta
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó parcialmente la sentencia de primea instancia, fijándose los honorarios del Defensor de Oficio en la suma de 40 UR IVA incluido, más los intereses legales desde el 31 de marzo de 2025 hasta su efectivo pago, dejando sin efecto el requerimiento de pago al Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 2° Turno del producido del remate practicado en IUE 293-775/2021. Señala la Sala que el Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay no es vinculante ni obligatorio para el sentenciante, debiendo este, tener en consideración lo establecido por el artículo 144 de la Ley Nro. 15.750. A efectos de determinar el monto de los honorarios, no es suficiente establecer que el mismo deriva de la aplicación del Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay, sino que corresponde acreditar que el resultado se encontraba dentro del precio de costumbre. Por otro lado, la regulación de honorarios practicada en estos obrados determina la existencia de un crédito a favor del profesional interviniente, sin embargo, ello no implica que dicho crédito revista carácter privilegiado ni que corresponda disponer su satisfacción con cargo al producido del remate realizado en otro proceso.
Proceso ejecutivo · Derecho civil
DEFINITIVA 275/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 3 de setiembre de 2026
El caso de autos trata de una pretensión de cobro de pesos ensayada por dos funcionarias de la Corte Electoral (que ocuparon sucesivamente el cargo de Secretaria Letrada) y dirigida contra el Ministerio de Economía de Economía y Finanzas con fundamento en diferencias de remuneración derivadas de lo establecido por los arts. 64 y 68 de la ley 18.719, cuyo pago se reclama añadiendo la solicitud de condena de futuro. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda. Señala la Sala que cualquier reclamo que las accionantes entendieran procedente realizar con fundamento en cualquier eventual diferencia salarial adeudada debe, necesariamente, encontrarse dirigido contra la Corte Electoral, la que en opinión de la Sala posee legitimación causal exclusiva ante la pretensión respectiva, no pudiendo extenderse la misma -toda vez que se esté ante un reclamo de diferencias salariales- a otros organismos del Estado con los cuales la promotoras carecen de todo vínculo funcional.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 295/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 2 de setiembre de 2026
La Sala confirma la sentencia de primera instancia que condena al MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA a financiar a favor del actor, de 28 años de edad, un implante de conducción ósea -incluyendo dispositivo y accesorios, acto quirúrgico e internación, calibración intra y post operatoria, así como demás gastos relacionados que su prestador no esté obligado a cubrir- conforme las indicaciones de su equipo médico, en el IMAE de su elección.
Otros · Derecho civil
DEFINITIVA 293/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 2 de setiembre de 2026Importancia alta
La Sala confirma la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda de responsabilidad del Estado por acto jurisdiccional. El procesamiento sin prisión, posteriormente revocado, no implicó la existencia de un error inexcusable en el actuar del sentenciante de primera instancia en materia penal, en tanto consideró la existencia de posible ilicitud en el hecho investigado y la probabilidad de la participación en el mismo del actor.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 297/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 2 de setiembre de 2026
Incompetencia por materia. Reclamo de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo , es competencia de la Justicia del Trabajo (artículo 65 de la Ley No. 16.074).
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
DEFINITIVA 294/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 2 de setiembre de 2026Importancia alta
El caso de autos, la parte actora interpuso pretensión indemnizatoria contra ANEP, reclamando el pago del daño moral sufrido en virtud de la instrucción de un sumario con retención de haberes y separación del cargo, por presunta violación de laicidad y prohibición de proselitismo, dispuesto por resolución del 21 de diciembre de 2020, que concluyó sin atribución alguna de responsabilidad, archivándose y devolviéndose los haberes retenidos en el marco del mismo. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, fijándose el monto de la condena por concepto de daño moral en la suma de U$S 10.000, más intereses legales. Señala la Sala que si bien la exposición pública pudo verse potenciada por los medios de comunicación y las redes sociales, la misma se originó en decisiones adoptadas y difundidas en medios de prensa por jerarcas dependientes de la demandada.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 296/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 2 de setiembre de 2026Importancia alta
El caso de autos, el actor promovió demanda reclamando el pago de la indemnización especial prevista en el artículo 23 de la Ley No. 16.099 y los daños y perjuicios ocasionados por la afectación a su integridad moral, honor y reputación causados por las expresiones vertidas por las personas físicas accionadas, en los programas emitidos en programa radial y de televisión. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimo la demanda. Señala la Sala que luego de valorar la declaración testimonial de la periodista que investigó el caso y el resto de la prueba diligenciada, quienes conforman esta decisión, concluyen que se demostró la realización de un trabajo periodístico profesional, destinado a tratar un tema de interés público, habiéndose obtenido la información emitida de diversas fuentes, por lo que no puede imputarse al periodista ni a las personas jurídicas demandadas, falta de diligencia (culpa) al recopilar la información ni tampoco al difundirla.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 55/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 2 de setiembre de 2026
En el caso de autos, el Juzgado argentino a través del exhorto realiza un planteo como tercero que se considera con mejor derecho que los ejecutantes, al punto que menciona que es embargante preferente del bien o “bienes sobre los cuales se pretende un remate”, refiriéndose al remate dispuesto en autos a solicitud de los ejecutantes; con ese fundamento solicita la suspensión del remate fijado en autos. En primera instancia, la Sra. Jueza a quo accede suspendiendo el remate de autos en forma urgente. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, revocó la sentencia interlocutoria apelada, en cuanto dispuso la suspensión del remate del bien inmueble de autos, y en su lugar dispuso proseguir la ejecución conforme a derecho. Señala la Sala que la sentencia impugnada posee una motivación insuficiente, no alcanzando el estándar mínimo de argumentación que sería deseable, o razonable en palabras de la apelante, para una decisión judicial trascendente a estar por los efectos producidos en relación a los interesados. Y ello por cuanto el mismo día en que el exhorto fue puesto al despacho, la Sra. Jueza a quo se pronunció por suspender el remate a través de la providencia Nº 854/2026 de fecha 29/4/2026, sin siquiera oír a la parte ejecutante, cuando disponía de tiempo al menos para conferir vista de lo requerido por la autoridad extranjera. La actuación de primera instancia fue sin dudas apresurada, además de equivocada, sin contemplar el interés de los actores.
Proceso de ejecución · Derecho internacional privado
DEFINITIVA 200/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 2 de setiembre de 2026
La Sala acogió los agravios de la parte actora y procedió a confirmar la sentencia apelada por la cual se desestimó la excepción de pago impetrada, salvo en cuanto no condenó a la parte demandada al pago de las costas y costos, aspecto en el que se revocará la recurrida y se dispondrá que las costas y costos sean de cargo de la ejecutada, conforme lo lo previsto en el artículo 392.1 del CGP. Este Colegiado entendió que el agravio de la parte demandada resulta inadmisible, ya que pretende que se tenga por cancelada la deuda sin elementos de prueba y sin discriminar ni explicar cómo es qué llegó al monto que depositó.
Proceso de ejecución · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 544/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 2 de setiembre de 2026Importancia alta
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y estese al cumplimiento por parte de la Sede a quo de lo dispuesto por Providencia N° 137/2026. Señala la Sala que la circunstancia de que dicho oficio no pudiera hacerse efectivo por razones administrativas, no habilitaba a supeditar la devolución del dinero a nuevas actuaciones que no guardan relación alguna, con la finalidad para la cual la medida había sido adoptada. El propio Ministerio de Economía y Finanzas, al evacuar el traslado del recurso, manifestó expresamente que no tiene objeciones a la devolución del dinero solicitada, por cuanto la multa cuya percepción se pretendía garantizar ya fue abonada. En consecuencia, no subsistiendo interés cautelar alguno que justifique mantener afectada la suma depositada, corresponde revocar la providencia recurrida y disponer la reiteración del Oficio Nro. 993/2025, librándose orden de pago al Banco de la República Oriental del Uruguay.
Proceso cautelar · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 231/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 1 de setiembre de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual decretó el concurso necesario de la demandada, al amparo de lo dispuesto por la ley 18.387. Señala la Sala que de la prueba aportada con la solicitud inicial, así como los elementos ingresados posteriormente, que revisten el carácter de hechos nuevos y prueba superviniente en los términos del artículo 118.3 y 121.2 del C.G.P., es posible afirmar que se ha demostrado la existencia de los presupuestos legales de actividad empresaria e insolvencia societaria requeridos por los artículos 1 y 4 numeral 3o de la ley 18.387 para la procedencia de la pretensión actoral, lo que no ha sido desvirtuado por la concursada.
Proceso concursal · Derecho concursal
INTERLOCUTORIA 230/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 1 de setiembre de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, hizo lugar al recurso de queja interpuesto en obrados y en su mérito ordenó la sustanciación de la apelación interpuesta contra la decisión No 807/2026 por la Sede remitente. A criterio del Tribunal, conforme resulta de obrados, la queja que se propone es de recibo, en atención a que la interlocutoria objeto de impugnación se encuentra comprendida dentro del elenco de las providencias susceptibles del recurso de apelación, contenido en el art. 252 de la ley 18.387. Estima el Colegiado que los artículos 200, 201 y 252 inciso 2o numeral 2o de la Ley 18.387 no limitan la legitimación activa para apelar la decisión “que resuelva las oposiciones a la calificación del concurso”, y lo que no está prohibido está permitido (artículo 10 de la Constitución Nacional). En este caso, es apelable la decisión que resuelve la oposición, pero eso no significa que solo pueden apelarla quienes fueron opositores. La decisión es apelable por su contenido, por todos los que se sientan afectados en su interés en cuanto la decisión pueda afectarles (artículos 11.1, 11.2, 242 del CGP y artículos 252 y 253 LCRE). Además, ante una eventual duda, la admisión de la apelación resulta acorde a la posición más garantista del correcto ejercicio del derecho de defensa (artículos 14 y 22.3 del CGP), lo que determina la admisión de la presente queja.
Recurso de queja · Derecho concursal

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