DEFINITIVA 558/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026Importancia alta

En el caso de autos la parte actora promovió acción declarativa de nulidad del contrato de donación de bien inmueble y acción indemnizatoria de daños y perjuicios y, en subsidio de la primera, acción por enriquecimiento sin causa. En primera instancia declaró la nulidad del contrato de donación de la nuda propiedad y del usufructo del inmueble de autos y desestimó las restantes pretensiones acumuladas. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. Contra la referida sentencia, la parte actora interpuso recurso de casación, agraviándose por violación de las normas de valoración probatoria, insuficiencia del análisis fáctico y desvalorización de pruebas relevantes por parte del Tribunal, violación de lo establecido en el art. 1.561 del Código Civil, ausencia de confesión judicial válida (arts. 174 del CGP y 1.605 del Código Civil), inadecuada valoración de los indicios (arts. 140 y 141 del CGP), legitimación activa del actor y violación del principio de congruencia y defensa en juicio. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 99/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 4 de junio de 2026

En el marco de una demanda laboral, en la cual los actores reclaman de la demandada el pago de indemnización por despido y la multa que prevé el artículo 29 ley 18.572, más reajustes e intereses legales hasta el momento del efectivo pago de conformidad con el Decreto ley 14.500, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó el reclamo por indemnización por despido y multa legal, y en su lugar condenó a la demandada a abonar a los actores la indemnización por despido y la multa pretendidas, más reajustes e intereses legales desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, de conformidad con el decreto ley 14.500. Señala la Sala que en el caso de autos, los actores trabajaron durante cuatro años ininterrumpidos como vigilantes para la empresa de seguridad que presta servicios a distintas dependencias estatales (sostuvo que “brinda servicios casi en su totalidad para el Estado”), no advirtiéndose la existencia de ninguna situación particular o condición de admisibilidad que justifique que la contratación se entienda a término y en consecuencia, que se los prive del derecho a percibir indemnización por despido a causa de que su empleadora ya no mantiene vínculo contractual con la Intendencia de Montevideo que le adjudicara la vigilancia en el Museo donde trabajaron de forma ininterrumpida, desconociendo los trabajadores las particularidades y devenir de la contratación de su (ex) empleadora con la Intendencia de Montevideo. Como consecuencia de los fundamentos expresados procede la pretensión indemnizatoria que han deducido ambos reclamantes, más la multa estatuida por el artículo 29 de la ley 18.572.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 1250/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1247/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 539/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026Importancia alta

Antecedentes: El 10 de octubre de 2023, la representación de Josep María Rofes interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de primera instancia N° 11/2021 de Maldonado, que lo había condenado a pagar a RAMSES SA sumas derivadas de un contrato de obra. El recurrente alegó indefensión, manifestando residir en Barcelona, España, y no haber tenido conocimiento de la demanda ni de los emplazamientos (de jados en un buzón en Uruguay durante la pandemia), enterándose recién el 10 de abril de 2023 tras el embargo de sus cuentas bancarias. RAMSES SA opuso la extemporaneidad del recurso y defendió la validez del domicilio contractual utilizado. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia declaró admisible el recurso por haberse presentado dentro de los plazos legales (tres años desde la sentencia y seis meses desde el conocimiento cabal de las actuaciones). En el fondo, determinó que no existía un domicilio contractual pactado y que la prueba (Migraciones y testimonios) acreditó que el demandado no se encontraba en el país ni habitaba el inmueble (alquilado por Airbnb) al momento de las notificaciones. Al frustrarse la finalidad del emplazamiento por negligencia de la actora, se vulneró el derecho de defensa, configurándose la causal de nulidad por indefensión (art. 283.7 del CGP). En conclusión, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, falló amparando el recurso de revisión y, en consecuencia, anuló la sentencia definitiva N° 11/2021, imponiendo las costas y costos a la parte vencida. Discordia : La Dra. Morales considera que corresponde desestimar el recurso, ya que coincide con la postura de la demandada RAMSES SA, quien sostenía que el recurso era extemporáneo (por contar el plazo desde el aviso verbal del banco) y que el padrón de la obra constituía el domicilio legal y real del Sr. Rofes en Uruguay debido a su trámite de residencia definitiva.

Recurso de revision · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 1270/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 547/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 542/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026Importancia alta

En el marco de un proceso penal, en el cual el imputado fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando, a la pena de tres meses de prisión a cumplir bajo el régimen de libertad a prueba, la cual fue cumplida, comparece el recurrente a efectos de interponer recurso de revisión contra dicha sentencia alegando nulidad por vicios de forma y de contenido que establece el art. 119.1 del CPP. Por otro lado, refiere a la causal de revisión prevista en el artículo 371 literal b) del CPP. Entiende que ella resulta de aplicación, porque por los mismos hechos que se lo condenó en el proceso penal, se promovió el proceso aduanero, en el que finalmente se decretó su absolución y se clausuraron las actuaciones por no configurarse infracción aduanera de contrabando. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de revisión interpuesto. Señala la Corporación que de la simple lectura de la sentencia impugnada, se logra concluir que no existe ningún incumplimiento con lo previsto en el art. 119 del CPP, como lo pretende hacer ver el recurrente. La sentencia cuestionada se dictó en el marco de un proceso abreviado. En dicho proceso, el condenado a través de su Defensa accedió a la carpeta fiscal, a las evidencias recabadas en la investigación preliminar, y no cuestionó la formalización de la investigación. Luego, libre y voluntariamente, arribó a un acuerdo con la Fiscalía para la tramitación del proceso abreviado. Y expresamente en la audiencia manifestó hallarse en conocimiento de los hechos que se le atribuían, de las probanzas obrantes en poder de la Fiscalía, y prestó su consentimiento para la aplicación de la estructura abreviada. Consecuentemente, admitió los hechos que cimentaron la condena, y finalmente, consintió expresamente la sentencia. Con relación a la causal de revisión prevista en el artículo 371 literal b) del CPP, para los Sres. Ministros Dres. Doris Morales y Julio Posada Xavier, consideran que existe total independencia entre el proceso aduanero y el penal, los cuales refieren a acciones, pretensiones y calificaciones jurídicas diferentes, una de ellas refiere a un delito y otra a una infracción aduanera. Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Míguez, y Minvielle, consideran una cuestión formal que lleva al rechazo del presente planteo. No existen aquí nuevos elementos de prueba o nuevas circunstancias tal como lo requiere la norma citada por el recurrente. Por el contrario, lo que acaeció en el caso es que por un lado se dictó un fallo en la justicia penal donde se condenó al hoy recurrente y posteriormente se dictó un fallo en el ámbito civil (aduanero) en donde se lo absolvió de la infracción aduanera imputada. El recurrente no alegó esta causal. Su planteo se centró en acreditar nuevas circunstancias, que no fueron probadas, desde el momento que los hechos analizados en materia penal como en materia aduanera son los mismos. No hay por tanto ninguna nueva circunstancia como pretende el recurrente.

INTERLOCUTORIA 1273/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

La Suprema Corte de Justicia declara inadmisibles los recursos de casación interpuestos. En autos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 269 numeral 3 del Código General del Proceso, no resulta procedente el recurso de casación contra las sentencias recaídas en asuntos cuyo monto no superare el importe equivalente a 4.000 Unidades Reajustables.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 552/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 4 de junio de 2026

La Sala revoca parcialmente la sentencia interlocutoria apelada, disponiendo el ingreso de las partes al sistema de monitoreo electrónico.

Proceso cautelar · Derecho de familia

DEFINITIVA 119/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 3 de junio de 2026

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO DESESTIMÓ EL RECLAMO DE HORAS EXTRAS, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR, CONDENASE A TODAS LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE LA PARTE DEMANDADA A ABONAR AL ACTOR LAS HORAS EXTRAS REALIZADAS, CONFORME A LA LIQUIDACIÓN A PRACTICARSE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS O PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO, MÁS DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS, MULTA LEGAL, REAJUSTES E INTERESES Considera el Tribunal que la valoración probatoria realizada por el juez a-quo fue por demás correcta y ajustada a las resultancias de autos, compartiendo cada uno de sus fundamentos y los indicios que relevó como elementos que lo inclinaron a tener por probado un vínculo de naturaleza laboral. Se comparte que en el caso se configura poder de dirección de la demandada evidenciado a través de la asignación de pedidos, de la fijación de tarifas, del diseño de un sistema de grupos que permite medir la calidad del servicio de los repartidores y en función de ellos ubicarlos en un ranking o categoría, en el poder que tiene la empresa para desactivar las cuentas, todo lo que como fuera señalado, importa una subordinación algorítmica. Surge además de autos, que el uso del logo, indumentaria y distintivos de la empresa no era discrecional sino obligatorio y ello es señalado por la Recomendación 198 de la OIT como un indicio de laboralidad. De la misma forma, también resulta compartible, que la relación en el caso fue intuito personae; que los correos electrónicos agregados son una manifestación elocuente del poder de dirección y de las directivas e instrucciones que impartía la demandada imprimiendo dirección al trabajo del actor; que la libertad de horarios para conectarse era meramente formal y que ella cede frente la coacción económica; que la empresa tenía la posibilidad indirectamente de ejercer poder disciplinario mediante la desactivación de las cuenta o por ejemplo, mediante el descenso del ranking; todo lo que en conjunto conlleva la desestimatoria del agravio y el mantenimiento de la sentencia recurrida en cuanto tuvo por acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes. Respecto a las horas extras reclamadas, lla Sala considera, que efectivamente el actor era un trabajador retribuido a destajo recibiendo su remuneración por unidad de producción o como en el caso, por cada pedido entregado. Considera asimismo el Tribunal en relación al régimen aplicable -44 horas o 48 horas semanales de trabajo- que le asiste razón a la parte demandada en punto a que el régimen aplicable al actor es de 48 horas semanales, aunque por diversos fundamentos.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 177/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 3 de junio de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó a los demandados a la restitución del bien mueble galpón de chapa de estructura metálica desmontable de 21 metros por 20 metros, por 6 de altura, con dos puertas corredizas de 5 metros por 4,20 metros de altura.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 135/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 3 de junio de 2026

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual amparó las excepciones de prescripción y desestimó la demanda en todos sus términos. Señala la Sala que el contrato de trabajo es un contrato de ejecución continuada y las variaciones estaban expresamente prevista y no fue impugnada su validez a la hora de formular la demanda; en efecto no se advierten indicios claros de la prueba relavada que nos permitan inferir que los actores revisten la calidad de permanentes.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 332/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 3 de junio de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la contestación del incidente de liquidación de sentencia formulada por el Banco Hipotecario del Uruguay. Suma que debe abonarse con intereses y actualizaciones hasta su efectivo pago. En la causa, las partes difieren en el dies a quo de la actualización e intereses. Por un lado, la recurrente entiende que corresponden desde que se efectuó cada erogación hasta su efectivo pago, mientras que el demandado considera que corresponden desde la fecha dellanzamiento y hasta su efectivo pago. Encontrándonos ante un incidente de liquidación de sentencia, regulado por el articulo 378 del Código General del Proceso, el cual tiene la finalidad de cuantificar la condena que ya se encuentra firme expresada en suma ilíquida, corresponde estar a lo dispuesto en los fallos de primera y segunda instancia dictados en el proceso de conocimiento, a efectos de determinar si corresponde la actualización e intereses desde que se efectúo cada erogación o desde la fecha de lanzamiento. Por lo tanto, en primera instancia se impusieron actualizaciones e intereses desde la fecha de lanzamiento y hasta su efectivo pago, decisión que no fue modificada en segunda instancia, dado que no se dedujeron agravios al respecto; por lo que corresponde confirmar en todos sus términos la recurrida.

Proceso incidental · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 111/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 3 de junio de 2026

Se confirma la sentencia recurrida que acogió parcialmente la oposición del MEF en cuanto corresponde el pago de los tributos vigentes respecto de los salarios caídos, desestimando la oposición en los demás, otorgándole al MEF un término de cinco días para que presente el monto de la condena conforme los parámetros de la presente.- Tanto la condena por concepto de daño emergente (medios salarios que el actor dejó de percibir durante el sumario), como lucro cesante (salarios que dejó de percibir como encargado entre agosto 2019 y diciembre de 2022), refieren a salarios que el actor no percibió (parcial o totalmente) como consecuencia del hecho ilícito cometido por la demandada.- Conforme lo que viene de señalarse, se comparte con el recurrente que aplican al daño emergente los mismos fundamentos que al lucro cesante para disponer la detracción de tributos vigentes.- Respecto al agravio por no haberse hecho lugar a la aplicación del IRPF sobre el daño moral condenado, la Sala mantiene la posición sostenida en Sentencia 163/2024 entre otras, coincidente con lo decidido por el Sr. Juez a quo en impugnada en cuanto a que no procede efectuar descuento por concepto de IRPF en la condena por concepto de daño moral, como pretende el MEF.-

Proceso de ejecución · Derecho procesal · Derecho tributario

INTERLOCUTORIA 209/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 3 de junio de 2026

El Tribunal confirma parcialmente la sentencia impugnada, acogiendo la liquidación presentada por la parte actora , sin especial sanción procesal. El primer agravio relativo a las detracciones, es de recibo. No corresponde detracción alguna, pues las sumas pretendidas se corresponden con los rubros admitidos en la sentencia de segunda instancia. Con relación al agravio relativo a la actualización de la condena, es posición del tribunal, que deben realizarse a partir de su exigibilidad. Concluye la Sede que asiste razón a la parte actora. Efectivamente en el proceso de conocimiento, la liquidación se actualizó a la fecha de la demanda, y esta sumas fueron las tomadas por la sentencia de primera instancia sin actualizar a la fecha de la sentencia. Ahora en la etapa liquidatoria ordena la actualización desde la sentencia de segunda instancia del proceso principal, por lo que claramente queda una ventana de tiempo (entre la demanda y la sentencia de segunda instancia) en que las sumas no fueron actualizadas. Por tanto, corresponde actualizar las sumas desde la fecha de la demanda a la fecha de la demanda liquidatoria, siendo correcto el proceder de la parte actora. Y deberá calcularse el reajuste hasta el momento de su efectivo pago, por así establecerlo el Decreto ley 14500. Finalmente, con relación al interés legal, si bien el mismo no se reclamó expresamente en el petitorio, sí surge con claridad de la liquidación presentada por la actora , a la que remite el petitorio, por lo que no cabe duda que fue solicitado.

Proceso incidental · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 45/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 3 de junio de 2026

Sentencia

Derecho administrativo

DEFINITIVA 126/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 3 de junio de 2026

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO CONDENÓ AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO A LOS ACTORES, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR, ABSÚELVESE A AMBAS CODEMANDADAS DE LA CONDENA IMPUESTA POR TAL CONCEPTO. De acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la ley 18.407, los socios cooperativistas que trabajan están excluidos de la percepción de indemnización por despido. Por lo que, cualquiera haya sido la verdadera causa de egreso o cese en el desempeño de los actores, teniendo todos ellos -tal como habremos de ver- la calidad de socios de la cooperativa Juntamanos al momento de egreso (salvo Altamiranda), ello determina que en ningún caso tengan derecho a percibir la indemnización por despido común a la que hizo lugar la sentencia.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 210/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 3 de junio de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, declaró la nulidad de lo actuado a partir de la providencia dictada, remitiendo el expediente al suborgante natural. Señala la Sala que el 30 de setiembre de 2025 se presentó escrito de recusación. La impugnada se dictó el 3 de noviembre de 2025, por lo tanto, claramente violatoria de lo dispuesto por el art. 328.4 del CGP. La propia Juez A quo lo advierte en el auto Nº 4684/2025, aunque solamente suspende la ejecución de la resolución.

Proceso incidental · Derecho procesal

DEFINITIVA 139/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 3 de junio de 2026

Se confirma la sentencia apelada que desestímó la demanda, absolviendo a la parte demandada de la condena solicitada en su contra. Las costas son de cargo de la demandada, mientras que las del actor son de oficio. La Sala concluye que dado que el actor no era un trabajador contratado por tiempo indeterminado sino para una obra determinada, y habiéndose acreditado que el cese obedeció al avance de esa obra, ninguna de las prestaciones reclamadas resulta procedente.

Proceso laboral