Buscar · Legalsite UY

DEFINITIVA 31/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 27 de febrero de 2026

El Tribunal revocó parcialmente la sentencia apelada por la cual se falló desestimando la demanda; y en su lugar dispuso condenar al demandado a abonar al actor las sumas correspondientes por licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo conforme a los criterios establecidos en el Considerando VI, con más multa legal, 10% por concepto de daños y perjuicios preceptivos, interés y reajustes desde la exigibilidad hasta el efectivo pago.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 157/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 27 de febrero de 2026

La Sala confirma la sentencia de primera instancia que verifica la condición de adoptabilidad de la bebé de autos, considerando que su tía materna no está en condiciones de brindarle los cuidados necesarios.

Proceso civil extraordinario · Derecho de familia

DEFINITIVA 68/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 27 de febrero de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se condenó al MSP a suministrar o financiar el medicamento BENDAMUSTINA , y al FNR a financiar el medicamento RITUXIMAB , en ambos casos, al actor; todo en plazo máximo de 24 horas, bajo las indicaciones de la doctora tratante y por el plazo que esta la determine. La Sala estima que no son de recibo los agravios del recurrente MSP, y en tal sentido tiene jurisprudencia constante en cuanto a que corresponde la condena al referido codemandado a suministrar medicamentos incluidos en el FTM.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 67/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 27 de febrero de 2026

En el caso de autos, el actor tiene 43 años, padeció una aneurisma cerebral que fue tratada con una embolización y colocación de coils. Luego se le encontró una nueva aneurisma “TIPS” en la arteria basiliar. El informe de sus médico tratantes, indicaron la necesidad de un nuevo tratamiento endovascular con colocación de stent Web, ante lo cual interpuso acción de amparo contra el MSP y contra el FNR. En primera instancia, hizo lugar a la caducidad, desestimándose la demanda. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia. Señala la Sala que habiendo sido relevada la prueba obrante en autos, no surge acreditada actividad ni clínica, ni preparatoria de la solicitud del dispositivo ahora solicitado, que pueda ser atribuida a la demora en la solicitud de la petición del Stent Web. Intermediaron entre la última actividad documentada (30/10/2025) y la petición administrativa al FNR del dispositivo más de dos meses, excediendo ampliamente el plazo de 30 días previsto en la Ley N.º 16.011, por lo que habrá de confirmarse la sentencia apelada. En consecuencia, además de la fundamentación de la falta de urgencia, se ha configurado un supuesto de caducidad del accionamiento, por lo que se impone la solución confirmatoria.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 133/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación integrada y por unanimidad desestima el recurso de casación incoado. En autos la plataforma fáctica refiere a reiterados delitos de abuso sexual agravados perpetrados por el encausado contra su sobrina política desde que ella tenía ocho años de edad. En primera instancia se le condenó : “... como autor penalmente responsable de REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SÍ, a la pena de cinco (5) años de penitenciaría, con descuento del tiempo de la preventiva sufrida si lo hubiere ( ... ) ” En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno, falló: “ CONFÍRMASE LA SENTENCIA Nº 97 DE 16 DE OCTUBRE DE 2024….. , SALVO EN CUANTO A LA PENA QUE SE LA ESTABLECE EN EL GRADO EN CUATRO (4) AÑOS Y SEIS MESES (6) DE PENITENCIARÍA. (...) ” En tiempo y forma, la Defensa del encausado interpuso recurso de casación. Sostuvo que el Tribunal incurrió en absurdo evidente en la valoración de la prueba. En el seno de la Corporación existen dos posturas respecto al alcance de la causal “ error en la valoración de la prueba” como motivo de casación penal, sus fundamentos se encuentran desarrollados en sentencia nro. 576/2023 de la Corte, entre otras del mismo tenor. Sin embargo, desde cualquiera de las dos posturas sobre el error en la valoración de la prueba como causal de casación, es claro que no le asiste razón al recurrente en sus críticas, ya que el Tribunal “ad quem” ha tomado en cuenta las reglas de la valoración probatoria al realizar su análisis. Asimismo, se advierten deficiencias argumentales en el planteo de la recurrente, que obstan a su progreso. No hay fundamentación en el escrito recursivo respecto a la existencia de irracionalidad o absurdo evidente en la valoración probatoria practicada por el Tribunal respecto a los medios que vienen de mencionarse, lo que lleva a desestimar de plano el agravio. Sin perjuicio de ello, la recurrente realiza también un breve planteo sobre una cuestión de calificación delictual, el cual no prospera. En base a todo lo expuesto, se sella la suerte del recurso, desestimándolo.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 58/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de MIELOMA MÚLTIPLE) el fármaco CARFILZOMIB en plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante, durante todo el tiempo que éste indique. Los agravios del recurrente no son de recibo; por cuanto se considera que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 125/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

En el presente, la parte actora reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) que manifiesta haber padecido como consecuencia de la omisión en la que incurrió la Intendencia de Colonia en dictar la aprobación definitiva del fraccionamiento realizado en dos padrones. El a quo acogió la demanda, condenando a la Intendencia de Colonia; mientras que el Ad quem revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar, desestimó la demanda. La actora interpuso recurso de casación, manifestando que la Sala aplicó incorrectamente la norma de Derecho (art. 29 del decreto dictado por la Junta Departamental de Colonia el 19 de diciembre de 1997, sobre ordenamiento territorial). La Corporación desestima el recurso planteado. A su juicio, las críticas no han sido articuladas de acuerdo con las exigencias impuestas por el art. 273 del CGP.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 105/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores promovieron demanda de devolución de pago de lo indebido contra el Poder Ejecutivo – Ministerio de Defensa Nacional – Prefectura Nacional Naval. En lo medular, sostuvieron que el “impuesto al practicaje” regulado por el decreto Nº 308/985 constituye un tributo creado sin ley que grava los servicios realizados por los prácticos y respecto de los cuales la Corporación de prácticos actúa en calidad de responsable de retenerles el 10% del total recaudado, que luego vierte al Estado. Por sentencias de primera y segunda instancia se desestimó la demanda, por haber entendido los órganos de mérito que la exacción debatida no reviste naturaleza de tributo y, en consecuencia, su percepción por parte de la Administración ha sido legítima. La parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. La Suprema Corte de Justicia, por reciente sentencia Nº 1.396 del 20 de noviembre de 2025, se pronunció sobre un planteo idéntico al presente, presentado por la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo y un conjunto de prácticos marítimos. En esa oportunidad, la Corte estableció las bases interpretativas respecto de la naturaleza jurídica de la tarifa de practicaje. Estas consideraciones dan una respuesta adecuada a cada uno de los agravios formulados en el recurso de casación en examen, por lo que corresponde revalidarlos “mutatis mutandi” al presente caso.

Recurso de casación · Derecho tributario

DEFINITIVA 131/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDADA ASÍ COMO LA ADHESIÓN FORMULADA POR LA ACTORA. La demandada se agravia en lo sustancial por la condena al pago de horas extra por superar el límite de 26 horas de trabajo en policlínica y por la multa prevista en el artículo 29 de la Ley Nº 18.572 ante el pago con atraso de los salarios. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisprudencia sobre la interpretación del límite de horas de trabajo en policlínica de acuerdo al convenio de 1965, que se revalida en esta oportunidad. (SENTENCIA Nº 666/2018) La Corporación concluye que está fuera de controversia que se sobrepasó el límite de trabajo previsto convencionalmente incluido dicho margen, lo que implica la realización de trabajo extraordinario en policlínica.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 116/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos la actora reclama contra la DGI la devolución del pago de una deuda de IRPF más la multa por mora, alegando que se trató de un pago indebido. Sostiene que, al momento del pago que reputa indebido, la actora era acreedora de un crédito tributario contra la demandada, anterior a la deuda por IRPF. De consiguiente, a su entender, la deuda indebidamente cancelada se había extinguido por compensación. La demanda fue desestimada en primera y segunda instancia. Contra la sentencia del ad quem, la actora interpuso recurso de casación denunciando una errónea aplicación de la norma contenida en el art. 35 del Código Tributario, así como valoración absurda de la prueba rendida. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que más allá de las diferencias que existen entre la compensación civil y la compensación tributaria, para que ella opere es imprescindible que, en algún momento coexistan simultáneamente el crédito y la deuda que se pretenden compensar. Y, en autos, ello no ocurrió. La deuda por IRPF no llegó a coexistir simultáneamente con el crédito en favor del administrado. La deuda se extinguió por pago voluntario del contribuyente en junio de 2023 y su crédito contra la Administración devino exigible al mes siguiente, cuando fue reconocido por la DGI. En conclusión, la Suprema Corte de Justicia entiende, con el Tribunal actuante, que no es posible compensar retroactivamente una deuda que se extinguió previamente por el modo pago, es decir, por otro modo de extinción de las obligaciones.

Recurso de casación · Derecho tributario

DEFINITIVA 121/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros, desestima el recurso interpuesto por la Defensa en su totalidad. El caso de autos: en circunstancias en que se estaba desarrollando un operativo policial, se detuvo una motocicleta que circulaba con dos ocupantes, uno de ellos el encausado. Se le encontró en un bolsillo interior de la campera un revólver calibre 22 con cinco cartuchos en el tambor y otros cinco que estaban sueltos. A su vez, en otro de los bolsillos se le ubicó envoltorios de nylon con una sustancia que sometida al análisis del ITF resultó ser pasta base de cocaína, tener un peso de 26 gramos y una pureza del 79%. En primera instancia se falló: “ CONDENANDO A ….. COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE TENENCIA NO PARA SU CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PROHIBIDAS, UN DELITO DE PORTE DE ARMA DE FUEGO EN LUGAR PÚBLICO EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ( … )” En segunda instancia se falló: “ CONFÍRMASE EN LO QUE FUE OBJETO DE IMPUGNACIÓN, LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA (...)” En autos compareció la Defensa del imputado interponiendo recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal “ Ad Quem”. Se agravió por error en la valoración de la prueba e insuficiente y defectuosa motivación de la sentencia. Respecto de la falta de motivacion de la sentencia, para casar una sentencia por esta causal se requiere la ausencia total de fundamentos, lo que no ocurre en el caso. En cuanto al agravio que refiere al error en la valoración de la prueba, la Suprema Corte de Justicia en mayoría, integrada por los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Morales, Minvielle y Posada, ha señalado que la causal de errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada, o cuando se incurra en absurdo evidente. Del análisis de la sentencia impugnada, no logra concluirse que exista una valoración probatoria absurda o arbitraria, para la mayoría de la Corporación. Y en el mismo sentido, si bien en cuanto al agravio vinculado a la valoración de la prueba, el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre se encuentra en una posición diversa, por cuanto considera que la cuestión no debe interpretarse en forma restrictiva, pues las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la normativa procesal y, por ende, su infracción puede alegarse en el recurso de casación, tampoco considera que en este caso se haya vulnerado el límite de la razonabilidad al momento de valorar la prueba por parte del Tribunal.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 114/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, la parte actora presento demanda con dos pretensiones: a) por un lado el pedido de desmantelamiento y cese de actividades del complejo de canchas por infracciones a la normativa departamental relativa a la edificación y b) el pago de daños y perjuicios por haberse frustrado un proyecto de desarrollo de viviendas que pretendía formalizar la parte actora. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda, ante lo cual la parte actora interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que la hoy recurrente debió acreditar que el incumplimiento de la normativa departamental a la hora de la construcción de las canchas conlleva como consecuencia inmediata su desmantelamiento y cese. Esto significa, que debe existir una norma nacional o departamental que disponga como consecuencia el desmantelamiento de una obra, extremo que no surge de autos, ni tampoco fue traído al proceso por la actora. Con relación a la valoración probatoria efectivizada por la Sala, la mayoría de la Corporación considera que no puede tildarse de absurda o arbitraria la valoración realizada por la Sala. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre coincide con el análisis del agravio realizado por la mayoría de la Corporación, por cuanto tampoco considera que se haya vulnerado el límite de la razonabilidad al momento de valorar la prueba por parte del Tribunal.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 59/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se desestimó la demanda respecto del FNR atento a su falta de legitimación pasiva y se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de EICH CRÓNICA) el fármaco RUXOLITINIB en plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante, durante todo el tiempo que éste indique. Los agravios del recurrente no son de recibo; por cuanto se considera que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 51/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de febrero de 2026

CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA SALVO EN CUANTO A LAS SUMAS DETERMINADAS COMO ADEUDADAS POR CONCEPTO DE LICENCIA, SALARIO VACACIONAL Y AGUINALDO EN LO QUE SE REVOCA LA APELADA, DISPONIÉNDOSE EN SU LUGAR LA CONDENA POR DICHOS CONCEPTOS CON MÁS REAJUSTES, INTERÉS LEGAL, MULTA LEGAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS SEGÚN SE ESTABLECE EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE SENTENCIA. SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES EN COSTOS, COSTAS DE OFICIO. HONORARIOS FICTOS 5 BPC A LOS EFECTOS TRIBUTARIOS QUE CORRESPONDIEREN.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 127/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. SIN ESPECIAL CONDENA. el recurrente no solo no invoca un supuesto de absurdo evidente, sino que tampoco invoca y justifica los errores de valoración que reprocha a la Sala. La Corporación comparte las conclusiones arribadas por la Sala en cuanto a la existencia de la configuración de la reticencia imputable a JS y las consecuencias jurídicas que se derivan de ella, a saber: la nulidad absoluta parcial del contrato de seguro, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 666 del Código de Comercio.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 50/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de febrero de 2026

Se confirma la recurrida que condenó a la Comsiión de Apoyo de Asse a pagar a la actora las diferencias salariales reclamadas por diversos rubros. El primer agravio que expresa la parte demandada refiere a que se omite considerar los tickets alimentación como parte del salario de la actora. La Sala al resepcto entiende que si bien el Grupo 15 no establece prohibición de integrar el salario con los tickets, tampoco hay una autorización expresa a ello, por tanto no corresponde incluir al ticket a los efectos del cálculo para el salario mínimo por no haber norma que lo autorice, confirmando la Sentencia en cuanto al punto. Respecto al agravio referente a la falta de prueba del pago de los feriados no laborables, la Sala confirmará la recurrida porque la actora es jornalera, percibe un salario por hora efectivamente trabajado, en los meses que trabajó un feriado no laborable, los feriados reflejan las horas comunes y horas feriados abonadas a valor simple. Y en los días en que no trabajó se liquidaron las horas comunes omitiendo el pago del feriado, por lo que corresponde abonar el pago del feriado a valor simple como fueron reclamados.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 101/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación, por mayoría, ampara la acción de lesión de autonomía departamental entablada, declarando la inaplicabilidad al Gobierno Departamental de Montevideo del artículo 289 de la Ley Número 20.212 que dio redacción al art. 26 ter de la Ley nro. 19.824. La parte actora considera que se vulneró la autonomía departamental al ingresar en materia de estricta competencia departamental, ya que la norma de referencia prohíbe a la Intendencia administrar una fuente de recurso del Gobierno Departamental, violándose el art. 297 de la Constitución. A juicio de la Corporación, la Intendencia de Montevideo cuenta con legitimación activa procesal y sustancial. En cuanto al fondo del asunto, si bien la parte actora en su escrito inicial denuncia que la ley impugnada lesiona la autonomía departamental tanto por las multas como por los tributos (patente de rodados), la Corte considera que debe limitarse el análisis a la cuestión relativa a la autonomía departamental en el cobro de los tributos, que es el único aspecto que fue alcanzado por la norma legal cuestionada. El cambio radica en las condiciones exigidas para admitir el pago de la patente. A criterio de la Corte, es claro que los Gobiernos Departamentales tienen autonomía tributaria y que dentro de esa autonomía se incluye lo relativo a la creación, regulación, administración y cobro del tributo patente de rodados. Se revalida lo que se ha expresado en sentencia nro. 139/1998 de la Corte. La norma cuestionada busca en forma explícita desregular un requisito instaurado por las Intendencias a través del Congreso de Intendentes que atañe directamente a la administración de la patente de rodados. En conclusión, en autos, el legislador viola la autonomía departamental consagrada constitucionalmente, lo que así debe ser declarado por este Colegiado. Respecto del efecto de la decisión que se adopte en este caso, el art. 283 de la Constitución no regula este aspecto. La Corporación considera que el efecto debe limitarse al caso concreto del Gobierno Departamental que promovió esta acción. (D) SRES. MINISTROS DOCTORES DORIS MORALES Y TABARÉ SOSA DISCORDES : En cuanto entienden que corresponde desestimar la acción incoada, revalidando los argumentos expuestos en las sentencias nros. 99/2026 y 100/2026.

Lesion de autonomia · Derecho constitucional

DEFINITIVA 107/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros, desestima el hecho nuevo alegado y el recurso de casación incoado. En este expediente, tramita la solicitud de extradición de una ciudadana uruguaya a la República Argentina para ser sometida a proceso por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la pluriparticipación, según el Artículo 5 inciso C de la Ley Argentina N° 23.737. La extradición solicitada es para someter a la reclamada a juicio, ya que en Argentina hasta el momento solo existe una orden de detención, no una condena o auto de procesamiento firme. La sentencia de primera instancia concedió la extradición, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. Respecto del hecho nuevo alegado por la Defensa, la aprobación del decreto Nº 366/2025 en Argentina, que modifica la ley migratoria Nº 25.871, al impedir la libre circulación de quienes cuenten con antecedentes penales. La Jurisprudencia de la Corte ha limitado la posibilidad de alegar hechos nuevos en casación, y asimismo no se cumplen por parte de la Defensa con las exigencias formales. Los agravios ensayados por el recurrente respecto de la casación, dejan de lado el objeto del proceso de extradición, que es apreciar las razones de la solicitud y su regularidad formal (SCJ, sentencia Nº 271/2011). Tampoco le asiste razón a la defensa al señalar que no es clara la descripción de los hechos y la tipificación de la conducta desplegada por su defendida. También se verifica el principio de doble incriminación (artículo 31 del Decreto-Ley 14.294) y no está previsto para el delito imputado la condena perpetua ni la pena de muerte. En conclusión, se verifican todos los requisitos de Extradición entre nuestro país y la República Argentina, aprobado por la Ley Nº 17.225 para que proceda la extradición.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 142/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 45/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 26 de febrero de 2026

La Sala revoca parcialmente la sentencia impugnada, dejando sin efecto el reajuste ordenado sobre condena en moneda extranjera, revocando en parte la indemnización por daño emergente y amparando la solicitud de condena al resarcimiento por el colchón ortopédico y el sillón, así como por daño al ciclomotor.

Proceso civil ordinario · Derecho civil