DEFINITIVA 49/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de febrero de 2026

CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO DISPUSO CONDENA A FUTURO EN FAVOR DE LA ACTORA, EN LO QUE SE REVOCA LA APELADA. SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES EN COSTOS, COSTAS DE OFICIO. HONORARIOS FICTOS 5 BPC A LOS EFECTOS TRIBUTARIOS QUE CORRESPONDIEREN. Considera la Sala que los argumentos del escrito recursivo no son de recibo. En este punto, corresponde tomar en cuenta que la sentencia atacada (fs. 336) consideró acreditado que la actora efectuaba tareas que correspondían a la categoría de Instrumentista, cuyas tareas fueron descriptas en el Decreto 258/997. Dicha norma fue transcripta parcialmente en la sentencia y también en la demanda. La sentencia asimismo analizó con detalle la prueba testimonial rendida, que a su criterio corrobora que la actora cumplía tareas de instrumentista y cuáles serían dichas tareas. En cuanto al agravio por la condena a futuro. Se recibe el agravio. En efecto, la indeterminación de lo peticionado por la parte actora a fs. 157 petitorios 6 y7, y lo decidido por la A quo a dichos petitorios, resulta genérico e impreciso y no son idóneos para la base de una condena a futuro por rubros laborales, con el grado de precisión que requiere el artículo 15 de la Ley 18572.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 106/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un proceso penal, se condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados por la condición de ascendiente de la víctima, por ser ésta menor de dieciocho años y por la continuidad de la conducta abusiva en el tiempo y respecto de la misma persona, imponiéndose la pena de cuatro años de penitenciaría. Contra la sentencia de segunda instancia la Defensa del imputado interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, integrada y por mayoría de sus miembros, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio sobre valoración probatoria, a juicio de la mayoría, en base a la prueba de cargo reunida, es dable concluir que se alcanzó el estándar probatorio requerido para condenar. En otro orden, no se comparte lo afirmado por el recurrente al señalar que el Tribunal invirtió la carga de la prueba al referirse que si la Defensa entendía que los informes de las profesionales eran sesgados, lo que debió hacer era producir prueba para desacreditarlos. En tal sentido, la Sala no hace otra cosa que valorar la prueba. Así, si el recurrente señaló que los informes eran sesgados, mínimamente debe explicitar cómo arriba a tal conclusión. (D) SR. MINISTRO DR. MARCELO MALVAR DISCORDE: vota por hacer lugar al recurso de casación articulado por la Defensa y en su mérito anular la sentencia de segunda instancia. Entiende que no se ha valorado la prueba conforme la sana crítica, y en consecuencia no se ha arribado a la plena prueba, mientras que la evidencia que se ha obtenido no alcanza el estándar de prueba necesario para condenar. En este caso el hecho no está claramente delimitado ni probado con el estándar necesario, por lo que conforme el principio de inocencia, corresponde la absolución del acusado.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 136/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN, INTEGRADA Y POR UNANIMIDAD DESESTIMA LA CASACIÓN INCOADA. Los hechos de autos que se tienen como plenamente probados son que el encausado mantuvo una relación afectiva durante varios años con la víctima, período durante el cual ejerció sobre ella violencia psicológica, verbal y física. Ya separados, en una madrugada, el encausado agredió a la víctima físicamente y se llevó con él al hijo menor de ambos. Posteriormente esa misma noche, en dos oportunidades, el imputado concurrió donde se domiciliaba la mujer agrediéndola nuevamente, ante lo cual ésta logró huir hacia una Seccional policial poniendo en conocimiento a las funcionarias de lo sucedido. En primera instancia se le condena al imputado como “… AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE REITERADOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA AGRAVADOS A LA PENA DE DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, CON DESCUENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PADECIDA Y, SIENDO DE SU CARGO LA OBLIGACIÓN DE PAGAR AL ESTADO LOS GASTOS PREVISTOS POR EL ART. 105 DEL CÓDIGO PENAL.” En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal competente confirma la sentencia. La Defensa actuante interpuso recurso de casación contra la referida sentencia dictada por el “ Ad Quem” . La Corte considera que la redacción del escrito recursivo hace complejo entender los planteos que concretamente efectúa el recurrente. Esas razones formales por sí conllevan necesariamente a la desestimatoria del recurso presentado. En conclusión, el recurrente no dio cabal cumplimiento con la carga de la debida argumentación prevista en el artículo 273 del CGP aplicable por la expresa remisión consagrada en el artículo 369 del CPP

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 130/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores reclaman la indemnización del daño que les ocasionó la muerte violenta de su hijo y padre respectivamente, contra la ex cónyuge del difunto y madre de uno de los actores y contra la amiga de esta, ambas condenadas en sede penal, por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, como coautora y cómplice, respectivamente. La sentencia de segunda instancia hizo lugar parcialmente la demanda, condenando a las demandadas abonar las sumas de U$S 15.000 y la suma de U$S 20.000, por concepto de daño moral. Señaló el Tribunal, citando a Couture, que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada produce sus efectos no solo con relación al proceso en que se dictó, sino también con relación a todo proceso posterior. Ergo, el hecho ilícito está indiscutiblemente probado, así como la culpabilidad y nexo causal. La parte demandada, interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Ad Quem. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle, Tabaré Sosa Aguirre, Álvaro França y John Pérez, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio por error en la aplicación del artículo 253.1 del CGP.,estima la Corporación que la Sala, al admitir la apelación interpuesta por la actora, no infringió lo dispuesto por el artículo 253.1 del CGP, ya que, mínimamente, el recurso deducido logró identificar el agravio concreto contra el fallo de primera instancia. Con relación al agravio por la valoración de la prueba en segunda instancia y la independencia de la responsabilidad civil de la penal, la mayoría de la Corte integrada, conformada con las voluntades de los Ministros Dres. Minvielle, Sosa, França y Pérez, considera que el agravio esgrimido por la demandada no resulta de recibo, en tanto no se advierte error en la aplicación de la norma de derecho por parte de la Sala. En cuanto al ejercicio de las acciones civil y penal, estima la Corte que, si bien la legislación vigente marca la independencia de las esferas civil y penal, ello, naturalmente, debe conjugarse con la operativa del instituto de la cosa juzgada. La independencia de las acciones civil y penal, consagrada en los arts. 103 y siguientes del CPP, no autoriza a desconocer los hechos que ya han sido previamente acreditados en un proceso anterior en el que se alcanzó la cosa juzgada y en el que fueron parte, en calidad de encausadas, las dos personas que ahora son demandadas en el proceso civil. (D) DRA. DORIS MORALES – PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE: Vota por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada y, en su mérito, anular el fallo de segunda instancia y en consecuencia, mantener firme la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda. Señala que el Tribunal de Apelaciones aplicó erróneamente el derecho al concederle un alcance extensivo no previsto en la Ley a la cosa juzgada de las sentencias penales, a los efectos de acreditar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. De esta manera, se vulneraron los artículos 1.319 del Código Civil, 104 y 105 del Código Penal y 103 a 105 del Código del Proceso Penal, relativos a la independencia de las acciones civiles y penales. En definitiva, no hay cosa juzgada oponible al magistrado civil, cuya autonomía e independencia comprenderá la totalidad del proceso penal, incluyendo los correspondientes fallos, más allá de la posibilidad de trasladar la prueba rendida en uno y otro expediente, que deberá valorarse bajo el prisma de cada competencia. Por lo tanto, corresponde acoger el agravio del recurrente relativo a la vulneración de la independencia de la acción civil de la penal.

DEFINITIVA 20/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 26 de febrero de 2026

La Sala revoca la sentencia impugnada, estableciendo un nuevo régimen de comunicación entre la actora y su nieta, consistente en 2 horas cada 15 días, a desarrollarse en el Montevideo Shopping u otro espacio público, sin presencia de la madre y ante la imposibilidad de llevarlo a cabo por coincidencia con actividades de la niña, se realizará videollamada entre ambas.

Proceso civil extraordinario · Derecho de familia

DEFINITIVA 32/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 3/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 26 de febrero de 2026

Se confirma la condena abatiéndose el monto de la pena.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 83/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

Se confirma la prórroga de medidas cautelares.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 131/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDADA ASÍ COMO LA ADHESIÓN FORMULADA POR LA ACTORA. La demandada se agravia en lo sustancial por la condena al pago de horas extra por superar el límite de 26 horas de trabajo en policlínica y por la multa prevista en el artículo 29 de la Ley Nº 18.572 ante el pago con atraso de los salarios. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisprudencia sobre la interpretación del límite de horas de trabajo en policlínica de acuerdo al convenio de 1965, que se revalida en esta oportunidad. (SENTENCIA Nº 666/2018) La Corporación concluye que está fuera de controversia que se sobrepasó el límite de trabajo previsto convencionalmente incluido dicho margen, lo que implica la realización de trabajo extraordinario en policlínica.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 133/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación integrada y por unanimidad desestima el recurso de casación incoado. En autos la plataforma fáctica refiere a reiterados delitos de abuso sexual agravados perpetrados por el encausado contra su sobrina política desde que ella tenía ocho años de edad. En primera instancia se le condenó : “... como autor penalmente responsable de REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SÍ, a la pena de cinco (5) años de penitenciaría, con descuento del tiempo de la preventiva sufrida si lo hubiere ( ... ) ” En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno, falló: “ CONFÍRMASE LA SENTENCIA Nº 97 DE 16 DE OCTUBRE DE 2024….. , SALVO EN CUANTO A LA PENA QUE SE LA ESTABLECE EN EL GRADO EN CUATRO (4) AÑOS Y SEIS MESES (6) DE PENITENCIARÍA. (...) ” En tiempo y forma, la Defensa del encausado interpuso recurso de casación. Sostuvo que el Tribunal incurrió en absurdo evidente en la valoración de la prueba. En el seno de la Corporación existen dos posturas respecto al alcance de la causal “ error en la valoración de la prueba” como motivo de casación penal, sus fundamentos se encuentran desarrollados en sentencia nro. 576/2023 de la Corte, entre otras del mismo tenor. Sin embargo, desde cualquiera de las dos posturas sobre el error en la valoración de la prueba como causal de casación, es claro que no le asiste razón al recurrente en sus críticas, ya que el Tribunal “ad quem” ha tomado en cuenta las reglas de la valoración probatoria al realizar su análisis. Asimismo, se advierten deficiencias argumentales en el planteo de la recurrente, que obstan a su progreso. No hay fundamentación en el escrito recursivo respecto a la existencia de irracionalidad o absurdo evidente en la valoración probatoria practicada por el Tribunal respecto a los medios que vienen de mencionarse, lo que lleva a desestimar de plano el agravio. Sin perjuicio de ello, la recurrente realiza también un breve planteo sobre una cuestión de calificación delictual, el cual no prospera. En base a todo lo expuesto, se sella la suerte del recurso, desestimándolo.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 85/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

Se confirma legalidad de la detención ampliacion de la formalización y prision preventiva.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 100/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN POR MAYORÍA DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA OPUESTA Y DESESTIMA LA ACCIÓN DE LESIÓN DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL PROMOVIDA. En autos compareció el Sr. Intendente del Departamento de Canelones, entablando una Acción por lesión de Autonomía Departamental contra el Poder Legislativo con respecto a la norma contenida en el art. 289 de la Ley Nº 20.212, de 6 de noviembre de 2023, aseverando que vulnera el art. 297 de la Constitución. Conferido el traslado, el Poder Legislativo expresó que el promotor carece de legitimación activa formal y sustancial. La Corte considera que el art. 283 de la Constitución reconoce tanto al Intendente como a las Juntas Departamentales la posibilidad de perseguir la tutela de la autonomía departamental. Con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Morales Martínez, Mónica Pereira y Tabaré Sosa, la Suprema Corte de Justicia desestima la acción promovida. El art. 289 de la Ley Nº 20.212, agregó el art. 26 TER a la Ley Nº 19.824. Hasta la promulgación de este inciso, las Intendencias podían condicionar el cobro de la patente de rodados a que se pagaran las multas de infracciones de tránsito, en cambio la norma impugnada viene a prohibir dicha práctica, lo que la Intendencia promotora reputa lesivo de la autonomía departamental protegida por el art. 297 num. 6 de la Constitución de la República. La Suprema Corte de Justicia, integrada y en mayoría entiende que, en puridad, lo que la Intendencia promotora estima lesivo de su autonomía es la prohibición legal que le impide exigir el cobro simultáneo de deudas de distinta naturaleza. Ello, a juicio de la Suprema Corte de Justicia en mayoría, no constituye una invasión de la autonomía departamental referida a la materia imponible, sino a una concreta modalidad de la reglamentación de la extinción de la obligación tributaria. (D) SRES. MINISTROS DOCTORES BERNADETTE MINVIELLE Y JOHN PÉREZ DISCORDES: Consideran que corresponde hacer lugar al accionamiento entablado, por los fundamentos expresados en sentencia nro. 101/2026 de la Corporación.

Lesion de autonomia · Derecho constitucional

DEFINITIVA 122/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El A quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes especialmente agravado, un delito de homicidio y un delito de vilipendio de cadáver especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real a la pena de 12 años y 4 meses de penitenciaría. Sin embargo, el Ad quem revocó parcialmente la sentencia impugnada, condenando al imputado como autor responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes agravado, un delito de homicidio muy especialmente agravado – femicidio –, un delito de homicidio y un delito de vilipendio de cadáver agravado todos en reiteración real entre sí a la pena de treinta años de penitenciaría, manteniéndose la sentencia de primera instancia en lo demás. Dispuso, asimismo, la aplicación de medidas de seguridad por el término de 7 años (arts. 92 y 96 CP.). La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa del condenado, considerando que el recurso, tal como fue diagramado, incumple ostensiblemente con el artículo 273 del CGP, aplicable por la remisión del artículo 369 del CPP. Sin embargo, acoge la adhesión a la casación opuesta por la fiscalía y, en su mérito, computa la agravante por femicidio (art. 312 num. 8 del C ódigo P enal) respecto del homicidio que había sido tipificado como simple.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 58/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de MIELOMA MÚLTIPLE) el fármaco CARFILZOMIB en plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante, durante todo el tiempo que éste indique. Los agravios del recurrente no son de recibo; por cuanto se considera que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 59/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva por la cual se desestimó la demanda respecto del FNR atento a su falta de legitimación pasiva y se condenó al MSP a proporcionar al actor (portador de EICH CRÓNICA) el fármaco RUXOLITINIB en plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante, durante todo el tiempo que éste indique. Los agravios del recurrente no son de recibo; por cuanto se considera que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del MSP, así como la inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 125/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

En el presente, la parte actora reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) que manifiesta haber padecido como consecuencia de la omisión en la que incurrió la Intendencia de Colonia en dictar la aprobación definitiva del fraccionamiento realizado en dos padrones. El a quo acogió la demanda, condenando a la Intendencia de Colonia; mientras que el Ad quem revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar, desestimó la demanda. La actora interpuso recurso de casación, manifestando que la Sala aplicó incorrectamente la norma de Derecho (art. 29 del decreto dictado por la Junta Departamental de Colonia el 19 de diciembre de 1997, sobre ordenamiento territorial). La Corporación desestima el recurso planteado. A su juicio, las críticas no han sido articuladas de acuerdo con las exigencias impuestas por el art. 273 del CGP.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 105/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores promovieron demanda de devolución de pago de lo indebido contra el Poder Ejecutivo – Ministerio de Defensa Nacional – Prefectura Nacional Naval. En lo medular, sostuvieron que el “impuesto al practicaje” regulado por el decreto Nº 308/985 constituye un tributo creado sin ley que grava los servicios realizados por los prácticos y respecto de los cuales la Corporación de prácticos actúa en calidad de responsable de retenerles el 10% del total recaudado, que luego vierte al Estado. Por sentencias de primera y segunda instancia se desestimó la demanda, por haber entendido los órganos de mérito que la exacción debatida no reviste naturaleza de tributo y, en consecuencia, su percepción por parte de la Administración ha sido legítima. La parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. La Suprema Corte de Justicia, por reciente sentencia Nº 1.396 del 20 de noviembre de 2025, se pronunció sobre un planteo idéntico al presente, presentado por la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo y un conjunto de prácticos marítimos. En esa oportunidad, la Corte estableció las bases interpretativas respecto de la naturaleza jurídica de la tarifa de practicaje. Estas consideraciones dan una respuesta adecuada a cada uno de los agravios formulados en el recurso de casación en examen, por lo que corresponde revalidarlos “mutatis mutandi” al presente caso.

Recurso de casación · Derecho tributario

DEFINITIVA 127/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. SIN ESPECIAL CONDENA. el recurrente no solo no invoca un supuesto de absurdo evidente, sino que tampoco invoca y justifica los errores de valoración que reprocha a la Sala. La Corporación comparte las conclusiones arribadas por la Sala en cuanto a la existencia de la configuración de la reticencia imputable a JS y las consecuencias jurídicas que se derivan de ella, a saber: la nulidad absoluta parcial del contrato de seguro, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 666 del Código de Comercio.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 114/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, la parte actora presento demanda con dos pretensiones: a) por un lado el pedido de desmantelamiento y cese de actividades del complejo de canchas por infracciones a la normativa departamental relativa a la edificación y b) el pago de daños y perjuicios por haberse frustrado un proyecto de desarrollo de viviendas que pretendía formalizar la parte actora. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda, ante lo cual la parte actora interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que la hoy recurrente debió acreditar que el incumplimiento de la normativa departamental a la hora de la construcción de las canchas conlleva como consecuencia inmediata su desmantelamiento y cese. Esto significa, que debe existir una norma nacional o departamental que disponga como consecuencia el desmantelamiento de una obra, extremo que no surge de autos, ni tampoco fue traído al proceso por la actora. Con relación a la valoración probatoria efectivizada por la Sala, la mayoría de la Corporación considera que no puede tildarse de absurda o arbitraria la valoración realizada por la Sala. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre coincide con el análisis del agravio realizado por la mayoría de la Corporación, por cuanto tampoco considera que se haya vulnerado el límite de la razonabilidad al momento de valorar la prueba por parte del Tribunal.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 45/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de febrero de 2026

Se confirma la sentencia recurrida que condenó en forma solidaria a Nin y Ramos SRL y a OF a abonar a la actora la suma de monto total de $ 497.547 por los siguientes rubros: salarios impagos, horas extras, descansos intermedios, licencia, salario vacacional, aguinaldo, multa. Condenase a Nin y Ramos SRL a abonar a la actora la suma de monto total $ 105.092 por concepto de indemnización por despido más la multa legal.

Proceso laboral · Derecho laboral