DEFINITIVA 96/2026 · Tribunal de lo Contencioso Administrativo · 26 de febrero de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 86/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

Se desestima pedido de sobreseimiento y se recibe prueba testimonial

Proceso penal ordinario · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 82/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 26 de febrero de 2026

En el marco de un proceso penal, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, confirmó la sentencia interlocutoria Nº 243/2026, la cual dispuso la imposición al imputado de la medida cautelar de arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico por el término de 120 días. Señala la Sala que en la especie no aparece ningún elemento concreto revelador de un eventual propósito del imputado de eludir la persecución penal. No se configura en su respecto ninguna de las pautas previstas en el art. 226 del CPP pues tiene domicilio, no dispone de facilidades extraordinarias, el hecho por su naturaleza y circunstancias no es grave. A ello cabe agregar, que no ocultó información u aportó una falsa respecto a su identidad o domicilio. Definido lo precedente, las medidas alternativas fijadas en primera instancia, tienen la virtualidad jurídica necesaria para neutralizar los riesgos procesales configurados, sin que sea necesario acudir a la de mayor intensidad, como lo es la prisión preventiva.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 3/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 26 de febrero de 2026

Se confirma la condena abatiéndose el monto de la pena.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 83/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

Se confirma la prórroga de medidas cautelares.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 85/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 26 de febrero de 2026Importancia alta

Se confirma legalidad de la detención ampliacion de la formalización y prision preventiva.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 24/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de febrero de 2026

Se confirma la sentencia apelada que desestimó la excepción de incompetencia opuesta por INE, desestimó la excepción de prescripción del accionamiento interpuesta por Fideicomiso INE respecto de la actora y desestimó la demanda. La Sala comparte lo señalado por la sentencia respecto a que de autos no surge probado que, de la sumatoria de los componentes fijos y variables percibidos por los reclamantes resultara un ingreso mensual inferior al mínimo legalmente aplicable. Como bien relaciona la recurrida, las liquidaciones de la demanda se basan en la premisa de que cada encuesta debía pagarse a un valor determinado, ignorando el componente fijo (fs. 721 in fine). Criterio que, como viene de verse, resulta desajustado, pues los actores no eran remunerados por un sistema de “destajo puro”, sino mediante una modalidad mixta de retribución, como con acierto concluyó la recurrida.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 135/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores promovieron juicio por cobro de haberes salariales impagos contra UTE. Alegaron que son todos funcionarios presupuestados de la demandada y hasta el 30 de agosto de 2014 pertenecían al cargo presupuestal de Encargado Técnico Comercial, pero a partir del 1º de setiembre de 2014 pasaron a ocupar el cargo Encargado de Instalaciones, cambio que se produjo en el marco de una reestructura llevada adelante por UTE, que fuera aprobada por resolución Nº 13-1711 del Directorio de UTE, que fuera anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia dictada en el expediente Nº 630/2015 de dicho Tribunal. Las sentencias de primera y segunda instancia desestimaron la demanda, ante lo cual la parte actora interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que lo resuelto por el TCA en la sentencia Nº 763/2019 no tiene como consecuencia directa y necesaria la obligación de UTE de pagar a los actores las diferencias salariales reclamadas. El hecho de que se haya anulado la resolución de UTE que aprobó la mencionada reestructura no implica que deba colocarse a los Encargados Instalaciones en el grado 8 y/o abonarles las remuneraciones correspondientes a ese grado. No se advierte que el Tribunal de Apelaciones haya soslayado o contradicho lo resuelto por el TCA; simplemente ocurrió que la Sala desestimó la presente demanda por considerar que de lo fallado por el TCA no se derivaba automáticamente el amparo de la pretensión incoada, cuyo éxito dependía de acreditar el derecho a percibir las diferencias salariales reclamadas. Con relación al agravio sobre la valoracion de la prueba, señala la Corte que en el presente caso para la unanimidad de los Sres. Ministros, la recurrente no ha denunciado ni mucho menos fundado la existencia de una valoración probatoria por parte del Tribunal de alzada que pueda ser tachada de manifiestamente absurda y arbitraria, o vulneratoria del límite de la razonabilidad. Con relación al agravio por errónea aplicación de los arts. 53 a 57 de la Constitución, señala la Corte que el planteo debe ser desestimado de plano, en cuanto no ataca un argumento que sea determinante del fallo.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 25/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de febrero de 2026

La Sala confirma la sentencia de primera instancia, que acoge la demanda, condenando a los demandados (empleadores) al pago de indemnización por despido especial por enfermedad, además de los rubros de egreso; salvo en que el Tribunal condena también a la Intendencia de Maldonado, cuyo vínculo por la actora fue por tercerización.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 26/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 26 de febrero de 2026

Se desestima falta de legitimación pasiva en segunda instancia.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 136/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN, INTEGRADA Y POR UNANIMIDAD DESESTIMA LA CASACIÓN INCOADA. Los hechos de autos que se tienen como plenamente probados son que el encausado mantuvo una relación afectiva durante varios años con la víctima, período durante el cual ejerció sobre ella violencia psicológica, verbal y física. Ya separados, en una madrugada, el encausado agredió a la víctima físicamente y se llevó con él al hijo menor de ambos. Posteriormente esa misma noche, en dos oportunidades, el imputado concurrió donde se domiciliaba la mujer agrediéndola nuevamente, ante lo cual ésta logró huir hacia una Seccional policial poniendo en conocimiento a las funcionarias de lo sucedido. En primera instancia se le condena al imputado como “… AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE REITERADOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA AGRAVADOS A LA PENA DE DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, CON DESCUENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PADECIDA Y, SIENDO DE SU CARGO LA OBLIGACIÓN DE PAGAR AL ESTADO LOS GASTOS PREVISTOS POR EL ART. 105 DEL CÓDIGO PENAL.” En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal competente confirma la sentencia. La Defensa actuante interpuso recurso de casación contra la referida sentencia dictada por el “ Ad Quem” . La Corte considera que la redacción del escrito recursivo hace complejo entender los planteos que concretamente efectúa el recurrente. Esas razones formales por sí conllevan necesariamente a la desestimatoria del recurso presentado. En conclusión, el recurrente no dio cabal cumplimiento con la carga de la debida argumentación prevista en el artículo 273 del CGP aplicable por la expresa remisión consagrada en el artículo 369 del CPP

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 138/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN ACOGE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA AGRAVANTE ESPECIAL PREVISTA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO PENAL, LA CUAL CORRESPONDE REVOCAR, MANTENIÉNDOSE LA PENA FIJADA EN SEGUNDA INSTANCIA, CON DISCORDIA. En cuanto a la plataforma fáctica, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante un año aproximadamente, caracterizada por incidentes de violencia física, psicológica, económica y sexual, siendo ambos consumidores de sustancias estupefacientes. Como consecuencia de una discusión, el encausado le dio muerte a la víctima estrangulándola, e intentó ocultar el cuerpo enterrándolo en una fosa, en el piso de la habitación, siendo denunciado por sus hermanos. En cuanto a la calificación, en primera instancia se condenó al encausado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP) y se le impuso la pena de 24 años de penitenciaría. En segunda instancia, el Tribunal consideró que correspondía computar la agravante especial del art. 311 num. 1 del Código Penal, además de la agravante muy especial del art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A su vez, elevó la pena impuesta en primer grado y condenó al imputado a cumplir la pena de 28 años de penitenciaría. Con discordia parcial de la Sra. Ministra Merialdo. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación. Un agravio que interpone se dirige a controvertir la aplicación conjunta de la agravante especial del homicidio prevista en el art. 311 num. 1 del Código Penal con la agravante muy especial prevista en el art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A juicio de la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia, corresponde acoger el agravio ensayado por la Defensa. La Corte ha estudiado el punto en debate en sentencia Nº 187/2022, en la que consideró que no corresponde computar la agravante especial del homicidio dispuesta en el numeral 1 del artículo 311 del Código Penal cuando se computa alguna de las agravantes muy especiales previstas en el art. 312 del mismo Código. En conclusión, la calificación jurídica correcta, en el presente caso, es la autoría por parte del encausado de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP). Asimismo, la Defensa solicitó que se abata la pena impuesta, que fuera fijada por la Sala en 28 años de penitenciaría, no construyendo un agravio en forma. Tomando en cuenta las circunstancias alteratorias computadas, la personalidad y peligrosidad del agente, la pena fijada por el Tribunal en 28 años de penitenciaría resulta no sólo legal, sino también razonablemente adecuada a la entidad del delito y las demás circunstancias previstas en el art. 86 del Código Penal. (D) SRA. MINISTRA DRA. BEATRIZ LARRIEU DE LAS CARRERAS: Por cuanto desestima el recurso de casación interpuesto y adhiere a la posición en mayoría del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno integrado y entiende que es admisible el cómputo conjunto de las dos circunstancias agravantes referidas.

DEFINITIVA 46/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 26 de febrero de 2026

Se confirma la providencia nº 598/2025 La Sala concluye que la intimación realizada se agota en si misma y si lo aportado no fuera suficiente, no corresponde que sea objeto de pronunciamiento en esta instancia, porque serán cuestiones a ser tenidas en cuenta, en el proceso posterior y eventual de conocimiento en tanto corresponderá tomar en consideración las cargas y conducta procesal de las partes en aquel proceso. Nada obliga a la parte sujeto pasivo de la medida preparatoria a cumplirla en esta etapa, y menos aplicar astreintes, ante su incumplimiento. La intimación se efectuó y solo restaba la prueba por oficios, de la cual no se invocó la posibilidad de pérdida.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 129/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia debidamente integrada y por unanimidad desestima la excepción de inconstitucionalidad opuesta por el demandado. En autos la actora promovió demanda reparatoria patrimonial contra el Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas, reclamando la indemnización de los perjuicios ocasionados por el accionar del demandado, al impedir a la actora ejercer el cargo de Subcoordinador de la División Sector Público de la Auditoría Interna de la Nación. Conferido el traslado de la demanda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) opuso excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 51 de la Ley Nº 20.333 por vía de excepción. En primer lugar, el Poder Ejecutivo- MEF tiene legitimación activa para promover la declaración de inconstitucionalidad de una ley, por vía de acción o excepción. En segundo lugar, el demandado impugna la norma que establece que, en los casos en que se haya optado por promover la acción de nulidad, no se podrá plantear la acción reparatoria hasta tanto el proceso anulatorio concluya por el dictado de una sentencia que ponga fin al proceso sin decidir sobre su objeto principal (norma contenida en el art. 51, inc. 3, lit. c) de la Ley Nº 20.333). Respecto de esta norma, la Corporación considera que el MEF carece de interés directo afectado por la misma, no contando con legitimación activa para impugnarla. En autos el demandado solicita la declaración de inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad en el caso concreto de la norma prevista en el art. 51 inc. 3 lit. c) de la Ley Nº 20.333, pero, al mismo tiempo, asevera que dicha norma no resulta de aplicación al presente caso, lo que resulta contradictorio. En el caso, no solo el demandado no ha explicado suficientemente el punto, sino que ha argumentado que la norma atacada no resulta de aplicación al caso. Se analizan los argumentos del demandado respecto a la norma contenida en el inciso segundo del artículo 51 de la Ley Nº 20.333, esto es, aquella que declara, en vía de interpretación de la Constitución que, salvo para la acción de nulidad, el agotamiento de la vía administrativa previsto en el artículo 319 de la Carta no es presupuesto previo de ninguna acción referida a un acto administrativo o sus efectos. De los argumentos presentados, el único fundado es el que sostiene que la norma implica una modificación del texto constitucional, aunque se la califique como interpretativa. Para la Corte, no le asiste razón en el planteo. En el presente caso, la ley interpretativa impugnada no vulnera lo dispuesto en la normativa constitucional por ella interpretada. En conclusión, corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad deducida.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 132/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Por sentencia definitiva de primera instancia se falló a favor de la actora, declarando la existencia y disolución de la unión concubinaria. Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones, utilizando como argumentos el incumplimiento de la carga de la debida sustanciación del acto de proposición inicial y la falta de prueba. Contra dicha sentencia se alzó la parte actora, interponiendo recurso de casación. Conferido el traslado, el mismo fue evacuado por la contraparte; quien abogó por el rechazo del recurso. La Corporación por su parte resolvió desestimar el recurso de casación interpuesto; por cuanto la actora omite atacar todos los argumentos determinantes del fallo del Tribunal.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 137/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 111/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El a quo condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados a la pena de tres años y tres meses de penitenciaría. El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto al monto de la pena, que fija en cuatro años de penitenciaría. La Defensa interpone recurso de casación; agraviándose por considerar que la Fiscalía no logró acreditar con plena certeza (artículo 142 del CPP) la comisión de los reiterados delitos de abuso sexual agravados. La Corporación desestima el recurso interpuesto, considerando que la Defensa no logró describir errores concretos en la valoración de la prueba por parte del Tribunal, en grado de absurdo o arbitrariedad.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 98/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de revisión interpuesto con costas y costos a cargo del recurrente. A juicio de la Corporación resulta dudoso que la primera oportunidad en la cual tuvo conocimiento el recurrente de estas actuaciones fue el momento de realizarse la traba de embargo de bienes muebles en su taller. Cabe recordar que, no basta realizar una mera alegación, sino que el recurrente debe acreditar efectivamente cuándo tomó conocimiento fehaciente de la sentencia impugnada, para, de ese modo, demostrar que no pudo hacer valer la nulidad del emplazamiento por alguna de las vías previstas en el art. 115 del CGP y que se encuentra dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 285.3 del CGP. Sin perjuicio de lo anterior, aún para el caso de entenderse que cumplió con la tempestividad de la comparecencia, no existe prueba concluyente en estos autos que acredite los dichos del revisionista, lo que conduce a desestimar el recurso también por razones sustanciales.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 130/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores reclaman la indemnización del daño que les ocasionó la muerte violenta de su hijo y padre respectivamente, contra la ex cónyuge del difunto y madre de uno de los actores y contra la amiga de esta, ambas condenadas en sede penal, por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, como coautora y cómplice, respectivamente. La sentencia de segunda instancia hizo lugar parcialmente la demanda, condenando a las demandadas abonar las sumas de U$S 15.000 y la suma de U$S 20.000, por concepto de daño moral. Señaló el Tribunal, citando a Couture, que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada produce sus efectos no solo con relación al proceso en que se dictó, sino también con relación a todo proceso posterior. Ergo, el hecho ilícito está indiscutiblemente probado, así como la culpabilidad y nexo causal. La parte demandada, interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Ad Quem. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle, Tabaré Sosa Aguirre, Álvaro França y John Pérez, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio por error en la aplicación del artículo 253.1 del CGP.,estima la Corporación que la Sala, al admitir la apelación interpuesta por la actora, no infringió lo dispuesto por el artículo 253.1 del CGP, ya que, mínimamente, el recurso deducido logró identificar el agravio concreto contra el fallo de primera instancia. Con relación al agravio por la valoración de la prueba en segunda instancia y la independencia de la responsabilidad civil de la penal, la mayoría de la Corte integrada, conformada con las voluntades de los Ministros Dres. Minvielle, Sosa, França y Pérez, considera que el agravio esgrimido por la demandada no resulta de recibo, en tanto no se advierte error en la aplicación de la norma de derecho por parte de la Sala. En cuanto al ejercicio de las acciones civil y penal, estima la Corte que, si bien la legislación vigente marca la independencia de las esferas civil y penal, ello, naturalmente, debe conjugarse con la operativa del instituto de la cosa juzgada. La independencia de las acciones civil y penal, consagrada en los arts. 103 y siguientes del CPP, no autoriza a desconocer los hechos que ya han sido previamente acreditados en un proceso anterior en el que se alcanzó la cosa juzgada y en el que fueron parte, en calidad de encausadas, las dos personas que ahora son demandadas en el proceso civil. (D) DRA. DORIS MORALES – PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE: Vota por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada y, en su mérito, anular el fallo de segunda instancia y en consecuencia, mantener firme la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda. Señala que el Tribunal de Apelaciones aplicó erróneamente el derecho al concederle un alcance extensivo no previsto en la Ley a la cosa juzgada de las sentencias penales, a los efectos de acreditar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. De esta manera, se vulneraron los artículos 1.319 del Código Civil, 104 y 105 del Código Penal y 103 a 105 del Código del Proceso Penal, relativos a la independencia de las acciones civiles y penales. En definitiva, no hay cosa juzgada oponible al magistrado civil, cuya autonomía e independencia comprenderá la totalidad del proceso penal, incluyendo los correspondientes fallos, más allá de la posibilidad de trasladar la prueba rendida en uno y otro expediente, que deberá valorarse bajo el prisma de cada competencia. Por lo tanto, corresponde acoger el agravio del recurrente relativo a la vulneración de la independencia de la acción civil de la penal.

DEFINITIVA 134/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores hermanos entre sí, impugnaron tres negocios, por considerarlos simulados, celebrados por sus padres, con los tres nietos de éstos. La sentencia de segunda instancia amparó parcialmente la demanda, declarando la nulidad por simulación de los negocios de compraventa de autos y la consecuente validez de las donaciones que encubren, haciendo lugar a la pretensión de reducción de donaciones, condenando en costas y costos. La parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio sobre la infracción a las reglas legales de valoración de la prueba, para la Corte, no surge probada una hipótesis de valoración absurda o arbitraria por parte de la Sala (en criterio de la mayoría de los Sres. Ministros), o que vulnere el límite de la razonabilidad (en criterio del Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre), lo que conduce a la desestimación del agravio. Con relación al agravio sobre la reducción de las donaciones inoficiosas, para la Corte, lo que la Sala dispone con su fallo es que las donaciones practicadas deben ser analizadas para determinar si existió o no una vulneración de la legitima rigorosa de las accionantes. Pero esto no significa que el acogimiento de la pretensión en forma condicional asegure un crédito en favor de las mismas, extremo que deberá probarse en el marco del proceso correspondiente. (D) DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE - MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE EN PARTE: En cuanto entiende que corresponde hacer lugar al agravio relativo a las condenas causídicas impuestas en ambas instancias a las accionadas y, en su lugar, anular tal condenación.

Recurso de casación · Derecho civil