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DEFINITIVA 283/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 19 de agosto de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores interpusieron pretensión indemnizatoria contra la Cooperativa demandada. El Sr. BB reclama el monto de $ 439.500, depositados en la cuenta de la Cooperativa, alegando que lo hizo en calidad de préstamo a efectos de que se diera comienzo a las obras de construcción de las cuarenta viviendas que se tenían proyectadas. El Sr. AA y la Sra. CC reclaman el daño emergente, lucro cesante y daño moral sufrido por su expulsión de la Cooperativa, producida en una asamblea, cuya convocatoria no fue comunicada en tiempo y forma, violando así su derecho de defensa y el artículo 26 del estatuto referente a la exclusión del socio. La Cooperativa demandada compareció contestando y deduciendo reconvención. En la reconvención deducida, la demandada reclamó el daño emergente sufrido por el proceder de los actores, los que habrían actuado concertadamente en perjuicio de la Cooperativa. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda incoada en todos sus términos, así como la pretensión deducida por vía de reconvención por la demandada.

Proceso civil ordinario · Derecho cooperativo

DEFINITIVA 263/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 19 de agosto de 2026

En el caso de autos el actor pretende el reembolso de las cuotas sociales descontando exclusivamente el 10 % por haber sido justificado su retiro, sin ningún otro tipo de deducciones, lucro cesante correspondiente al 15 % de diferencia entre lo que la demandada le pretende descontar (25 %) y lo que procede (10%) y el pago de las horas realizadas en beneficio de la Cooperativa (cuya cantidad y valor desconoce) a valor de la categoría laboral de peón práctico y daño moral. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto no hizo lugar al reclamo por concepto de horas trabajadas, en lo que se la revoca, disponiendo que la demandada debe abonar al actor las horas trabajadas, difiriendo la cuantificación al procedimiento previsto en el art. 378 de acuerdo al parámetro establecido en el considernado Nº 4.3; y en cuanto a las deducciones que deben efectuarse a la liquidación de las partes sociales objeto de condena, disponiéndose que solo procede descontar el 10 %.

Proceso civil ordinario · Derecho cooperativo

DEFINITIVA 190/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 19 de agosto de 2026

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO DESESTIMA LAS HORAS EXTRAS Y LOS DESCANSOS SEMANALES, LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR SE CONDENA AL PAGO DE TALES RUBROS CONFORMA A LA LIQUIDACIÓN REALIZADA EN LA PRESENTE, MÁS MULTA, 10% DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS, ACTUALIZACIÓN E INTERESES DESDE SU EXIGIBILIDAD HASTA SU EFECTIVO PAGO.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 278/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 19 de agosto de 2026

CONFÍRMASE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SALVO EN CUANTO A LA CONDENA DISPUESTA POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL LA QUE SE DEJA SIN EFECTO. En el presente caso, corresponde considerar muy especialmente que respecto de la existencia del daño moral reclamado no surgen de autos medios probatorios que den cuenta de un padecimiento de especial significación. Ni siquiera fue propuesta por el actor prueba al respecto.

Proceso civil ordinario

INTERLOCUTORIA 121/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 19 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 271/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 19 de agosto de 2026

En el marco de un reclamo por accidente de tránsito, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. A criterio del Colegiado, en el caso corresponde tener por acreditado que el vehículo del demandado al momento del siniestro se encontraba en acto de servicio (por un caso de rapiña) con sirena y luces encendidas, lo que le otorgaba preferencia en el tránsito, la cual –lamentablemente- no fue respetada por el actor. Señala la Sala que conforme el art 17 nal 8° de la Ley 18.191, la preferencia que detentaba el actor por el cartel de “Ceda el Paso” cedió ante la emergencia o estado de necesidad con la que circulaba el móvil Policial emitiendo señales sonoras y lumínicas; por tanto, a juicio del Tribunal, es incorrecta la afirmación contenida en la hostilizada respecto de que el chofer del vehículo oficial actuó culpablemente al no adoptar ninguna conducta de precaución o disminuyendo la velocidad al llegar a un cruce preferente. Se torna de aplicación el instituto del hecho de la víctima, que en autos, reunió las notas de irresistibilidad e imprevisibilidad inherentes a la eximente, con aptitud para interrumpir el nexo causal.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 264/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 19 de agosto de 2026

En autos, la parte actora reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios que alega haber padecido como consecuencia del acto ilícito de la demandada; y por sentencia definitiva de primera instancia se condena al Ministerio de Educación y Cultura a pagar a la actora lucro cesante difiriéndose su liquidación al procedimiento previsto en el art. 378 del CGP con las bases apuntadas en el Considerando Nº 4, y daño moral a la suma de $ 50.000 con intereses desde a presente sentencia al efectivo pago. Dicha sentencia fue recurrida tanto por la parte actora, quien se agravió por el monto de la condena por concepto de lucro cesante, desestimatoria del reclamo por concepto de pérdida de chance, monto de la condena por daño moral, y dies a quo de los intereses; como también por la demandada, quien se agravió por la condena al pago de lucro cesante y parámetros establecidos para su cuantificación y por la condena al pago de daño moral y su monto. El Tribunal confirmó la sentencia apelada, salvo en cuanto dispuso que a la condena por concepto de daño moral procede aplicarle interés legal desde la sentencia y en su lugar se dispone que procede desde la demanda; y en cuanto a los parámetros establecidos para la liquidación del lucro cesante, estándose a los establecidos en el Considerando Nº 3.2.1.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 342/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 19 de agosto de 2026

En el marco de un presunto contrabando de auto con casa rodante que intentaron pasar por la frontera de Río negro y realizados los controles de documentación se constató el estado de nuevo sin uso de la casa rodante, lo que contraviene la normativa de ingreso. Se incautó la casa rodante y el vehículo automotor que la trasladaba, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual dispuso la iniciación del sumario respecto de los demandados por la presunta comisión de la infracción aduanera de contrabando. Tuvo por denunciante a la Dirección Nacional de Aduanas. Mantuvo la incautación de la casa rodante como comiso primario y del automotor como comiso secundario.

Proceso aduanero · Derecho aduanero

DEFINITIVA 278/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 19 de agosto de 2026Importancia alta

En el marco de una ejecución forzada de juicio por daños y perjuicios por incumplimiento contractual, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual, desestimó la demanda en todos sus términos. La Sala comparte las conclusiones de la sentencia recurrida en cuanto los actores no han acreditado en legal forma su legitimación activa en este proceso, ni han procedido conforme lo dispuesto por el art. 40 del C. Civil. Aún de considerarse, a vía de hipótesis, acreditada la calidad de herederos de los demandantes, la demanda tampoco podía prosperar puesto que no se cumplió, ni aún mínimamente con la carga de la debida afirmación.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 281/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 19 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto limita la liquidación al salario base, debiendo considerarse todas las partidas que integran la remuneración mensual, girando la determinación al procedimiento previsto en el art. 378.1 del CGP. La actora, tiene, a juicio de la Sala, un derecho subjetivo, desde que se la convocó, aceptó el cargo (hechos no controvertidos) y luego se suspendió la contratación, por motivos ilegítimos, desde que la propia demandada reconoce que las razones expuestas no eran válidas (hechos admitidos). A la actora se la convocó, se redactó incluso el contrato en agosto de 2018, y luego no firmó el mismo por cuestiones ajenas a ella, y equivocadas según los informes, para al final ser contratada por un cargo menor con un fundamento poco claro. Es por ello que la Sala concluye, que tenía un derecho subjetivo al cargo y que por un actuar irregular de la administración (que exigió requisitos que no eran necesarios, además de que se habían cumplido) no permitió la firma del contrato.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 292/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno · 19 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 276/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 19 de agosto de 2026

DESESTÍMASE EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA PROVIDENCIA POR LA CUAL SE ESTABLECIÓ EL OBJETO DEL PROCESO. Las actoras, fucnioanrias del Ministerio del Interior, solicitan se condene al Ministerio al pago de la compensación prevista por el art. 182 de la Ley Nº 19.924 más indemnización por concepto de daño moral, con más los reajustes e intereses devengados hasta que se haga efectivo su pago, así como se condene a futuro al accionado a abonar a las Sras. Caminatti y Clavijo la compensación referida mientras sigan desempeñando las funciones que ameriten el pago. En criterio de quienes suscriben la presente decisión, la situación de las actoras queda exiliada del ámbito de aplicación del art. 182 de la Ley Nº 19.924, al no cumplir las actoras funciones en el ámbito de la “Unidad Ejecutora 001 Secretaría del Ministerio del Interior”, lo que determina el rechazo del recurso de apelación en estudio. En concepto de este Colegiado, cuando la norma refiere en su parte final al personal que desempeñe tareas efectivas en el “organismo” -expresión esta última ostensiblemente desafortunada-, como destinatario de la compensación en disputa, alude, sin duda de índole alguna, a la Unidad Ejecutora 001, Secretaría del Ministerio del Interior. Ése y no otro, a criterio del Tribunal, es el espíritu de la ley examinada que en el fondo, es lo que el intérprete debe conocer. De lo contrario, carecería de todo sentido lógico jurídico que el legislador haya previsto que el monto de la asignación sea destinado a esa Unidad Ejecutora y que al final, establezca o fije que la misma debe ir dirigida a todos los funcionarios de la Secretaría de Estado demandada. Esta forma de interpretar, que es la que proponen las actoras, encierra un contrasentido lógico jurídico imposible de cohonestar, que además no contempla el postulado de arribar al sentido consciente de la norma en su valor y fines teleológicos; es decir, no preserva la directiva de dar la exacta significación de la ley en el sistema positivo y el ámbito preciso de su aplicación. Subsecuentemente, por este fundamento la apelación no será recibida.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 903/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 19 de agosto de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia interlocutoria por la cual se estableció mantener las medidas cautelares como fueron dispuestas con dispositivo electrónico por el término 120 días, siendo el nuevo vencimiento el 27/11/2026. Ello por cuanto resulta probado que el riesgo de nuevos hechos de violencia sigue siendo alto; habiendo aplicado el A Quo el principio precautorio a cabalidad.

Proceso cautelar · Derecho de familia

DEFINITIVA 275/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 19 de agosto de 2026Importancia alta

El Tribunal revoca la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda de daños y perjuicios por responsabilidad médica, incoada contra el ginecólogo, la oftalmóloga y la mutualista que brindó su asistencia por el hecho de sus dependientes. La Sala concluye que efectivamente, el médico ginecólogo en ocasión de la asistencia y contralor del embarazo de la coactora correspondiente a la gestación de la víctima directa, nacido el 9/IV/2003, incurrió en culpa médica en cuanto: (a) no realizó control de calidad de ese embarazo: omitió actuación acorde a restricción del desarrollo uterino, omisión de registros de dos controles primigenios realizados en el mes de setiembre de 2002 en el carnet del Sistema Informático Perinatal, omisión de registro de prescripción de inyectables, omisión de registro de altura uterina en control y omisión de ordenar examen serológico de Toxoplasmosis en el segundo trimestre; y (b) especialmente, la omisión de ordenar examen de Toxoplasmosis en el tercer trimestre. Asimismo, concluye que existen elementos probatorios serios y concordantes en el sentido de que esas omisiones de control, tratamiento y de diagnóstico determinaron o fueron causa de una pérdida de chance o de una probabilidad de cura o de disminución de la entidad de las patologías que padece el joven como secuelas de la Toxoplasmosis Congénita Severa padecida, la que se estima en un 25%.- No fueron probadas las ensayadas por la parte demandada como eximentes de responsabilidad: (a) hecho de la víctima consistente en omisión de la coactora de concurrir a control del embarazo; (b) licencia médica detentada por el especialista ginecólogo; y (c) ausencia de culpa en cuanto no puede afirmarse que la infección por Citomegalovirus sea congénita ni que tuvo participación en sus síntomas y lesiones.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 371/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 19 de agosto de 2026

En el caos de autos la Dirección General Impositiva promovió proceso extraordinario de clausura de establecimiento. Fundamentó la misma en la verificación de la causal de clausura de establecimiento o empresas prevista en el artículo 69 de la Ley 16.134 en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.631, consistente en la realización de ventas o prestación de servicios sin emitir, cuando correspondió, factura o documento equivalente. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia interlocutoria de primera instancia, la cual desestimó la oposición formulada por la demandada a la clausura de sus establecimientos dispuesta por providencia nro. 360 del 23/II/2024.

Proceso civil extraordinario · D. tributario

DEFINITIVA 279/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 19 de agosto de 2026Importancia alta

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó parcialmente la sentencia apelada por considerar que, contrariamente a lo decidido, no ha operado la caducidad de la acción, resultando aplicable a la situación en estudio la causal de suspensión del término cuatrienal prevista en el inciso 7 del artículo 376 de la Ley No. 12.804. Señala la Sala que la suspensión del término la caducidad se mantiene hasta tanto haya una resolución expresa sobre la petición formulada en el mes de abril del 2016, que en este caso aún no se ha emitido, por lo que el reclamo formulado por la parte actora no se encuentra alcanzado por la caducidad cuatrienal prevista en el artículo 39 de la Ley No. 11.925.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

DEFINITIVA 343/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 19 de agosto de 2026

En el caso de autos, el quejoso pretende la acumulación de autos (uno de “Acción reivindicatoria y daños y perjuicios”; y otro de “Prescripción adquisitiva de bien inmueble”); habiendo el A Quo denegado la apelación fundándose en que la sentencia interlocutoria que denegó la apelación no se encuentra dentro del menú de resoluciones que ameriten tal medio impugnativo, en etapa de ejecución. La Sala resolvió estimar la queja interpuesta, y en su mérito, ordenó al Sr. juez A Quo, la sustanciación del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandada. Ello por cuanto la controversia planteada acerca de la acumulación de autos, se rige por la normativa prevista en los arts. 323 a 326 del CGP, que trata del incidente nominado “Acumulación de autos”; por tanto, al tratarse de una regulación especial, debe aplicarse el sistema impugnativo previsto expresamente. Y como lo establece el art. 324.5 del CGP, la resolución que rechace la acumulación, será apelable sin efecto suspensivo.

Recurso de queja · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 367/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 19 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, desestimó el recurso de queja deducido contra la Interlocutoria No 2414/2026 y en consecuencia, mantuvo el efecto diferido otorgado a la apelación subsidiaria. El efecto diferido concedido a la apelación en los casos de producción, denegación y diligenciamiento de prueba, art 147 del C.G.P., encarta en la hipótesis de obrados, por lo cual, cabe desestimar el recurso de queja a estudio de este Colegiado.

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 291/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno · 19 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 112/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 18 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo