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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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LegislaciónJurisprudencia

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141.751 sentencias

INTERLOCUTORIA 570/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026
La Sala revoca el régimen de visitas provisorio fijado en primera instancia, atendiendo a la voluntad de la niña.
Proceso civil extraordinario · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 214/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno · 8 de junio de 2026
Amparo
Amparo · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 48/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 8 de junio de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 568/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia interlocutoria por la cual se prorrogaron las medidas de prohibición de comunicación y acercamiento de parte de AA hacia BB con radio de exclusión de 800 metros y por el plazo de 90 días con monitoreo electrónico, medidas que vencerán el día 13/08/2026. Este Colegiado entiende que la resolución del A quo es por demás adecuada y razonable; debiendo contar con todos los informes ya dispuestos a fin de evaluar el retiro del dispositivo electrónico, en la audiencia evaluatoria ya convocada.
Proceso cautelar · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 573/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026Importancia alta
La Sala ratifica la condición de adoptabilidad de la niña de autos, debiendo tener presente INAU la voluntad de su progenitora y abuela materna de mantener relacionamiento con la niña por lo que se le comete en tal sentido siempre y cuando se den las condiciones necesarias para garantizar su integridad física y psicoemocional.
Proceso cautelar · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 571/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026
La Sala coincide totalmente con lo resuelto por el Sr. Juez a quo en cuanto a que por la propia estructura del proceso no es posible dar trámite a las acciones subsidiarias planteadas, por lo que no hace lugar a la acumulación de pretensiones planteada.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
DEFINITIVA 82/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 8 de junio de 2026
El Tribunal desestimó los agravios de las recurrentes (parte actora y Defensora de la niña) y procedió a confirmar la sentencia impugnada por la cual se desestimó la demanda de pérdida de patria potestad. La decisión adoptada por este Colegiado se debe, a que de autos no surgen acreditados actos de violencia que directamente afecten la seguridad o moralidad de la niña, ni el abandono argumentado.
Proceso civil extraordinario · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 220/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno · 8 de junio de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 221/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno · 8 de junio de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 215/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2do. Turno · 8 de junio de 2026
Amparo
Amparo · Derecho administrativo
DEFINITIVA 139/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 8 de junio de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
DEFINITIVA 142/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 8 de junio de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
DEFINITIVA 140/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 8 de junio de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
DEFINITIVA 141/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 8 de junio de 2026
Acción de nulidad
Acción de nulidad · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 133/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
En el marco de un proceso de liquidación de sentencia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, teniendo presente que en la reliquidación efectuada por el M.E.F respecto de la actualización e intereses del monto oficiado (oficio No 335/2024), hasta el efectivo pago (informe a fs. 82 vlto. y 83), ya se efectuó la retención por IRPF, por lo cual ofíciese por la suma de $ 40.660, haciendo constar que ya se efectuó la referida retención.
Proceso incidental · Derecho civil
DEFINITIVA 179/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó al M. del Interior a abonar a los actores (salvo a los dos funcionarios a quienes se los tuvo por desistidos de la pretensión), las diferencias en sus respectivos jornales de licencia cobrados desde el 22 de mayo de 2020 hasta el día de la fecha (6 de octubre de 2025) derivados de no haber incluido en su cálculo lo percibido en concepto de servicios 222, más el reajuste desde la exigibilidad de cada uno de los montos adeudados hasta su efectivo pago y el interés legal correspondiente desde la fecha de presentación de la demanda hasta su efectivo pago, debiendo realizarse los descuentos de IRPF, sanidad policial y aportes de seguridad social, todo lo cual se difiere a la vía incidental. El Tribunal no concuerda con la demandada en cuanto a que el servicio 222 no genere licencia en virtud, que no hay norma que lo ampare. En efecto, lo percibido por los funcionarios policiales en concepto del denominado “222”, es una contraprestación por el trabajo efectuado y por tanto de naturaleza salarial. La Sala de este modo, considera que el denominado “servicio 222” es prestado por el funcionario por orden de la Administración en cumplimiento de una obligación asumida por el Ministerio del Interior con el tercero contratante. Lo que obtiene el funcionario como contraprestación es un ingreso salarial obtenido en ocasión del trabajo, y por tanto debe computarse a los efectos de determinar el jornal de licencia, resultando irrelevante que tales prestaciones con anterioridad al dictado de la ley 18405 no resultaren materia gravada para la seguridad social. El funcionario carece de vínculo laboral con el particular contratante, no está bajo su dependencia ni recibe de éste prestaciones en dinero, sólo son mínimas las pautas que se le imparten y ello es lógico ya que despliega el trabajo en un lugar físico diverso a las dependencias del Ministerio del Interior.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 183/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
En el marco de una demanda de daños y perjuicios contra una Cooperativa Medica y socios, en virtud de la expulsión del actor por parte de la Cooperativa, por comisión de falta grave, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la demanda la que se ampara parcialmente y se hace lugar parcialmente a la demanda condenándose a la Cooperativa demandada la devolución de una parte social en la forma establecida en el considerando VII literal C de la presente. Señala la Sala que la expulsión dispuesta conforme al estatuto tiene como consecuencia en el caso que le asista razón al actora a la devolución de un porcentaje de la o las partes sociales que tuviera al momento de disponerla. Cabe entonces discrepar con la recurrida que consideró que al actor nada debían devolverle. La Sala comparte con el recurrente que resulta de aplicación el artículo 14 del estatuto que regula la devolución de las partes sociales y que en el caso el porcentaje que corresponde al reembolso es del 70% conforme el literal b. En cuanto al valor de la parte, entiende el Tribunal que no puede estarse a lo estimado en la demanda en la medida que existe fundada oposición a ello y no queda otra alternativa que diferir la determinación de su monto al incidente de liquidación del artículo 378 del CGP.
Proceso civil ordinario · Derecho cooperativo
DEFINITIVA 182/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
En el marco de una acción reivindicatoria respecto de un bien inmueble, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto entendió que la actora carecía de la legitimación activa la que se tiene por configurada y en su mérito remitió las actuaciones a la sede de origen a los efectos de que el actual titular de la misma se expida en relación al mérito en su integralidad de conformidad al objeto del proceso oportunamente fijado. Respecto de dicho inmueble la actora acompañó el primer testimonio de escritura de compraventa inscripta, documento que no fue objeto de impugnación en cuanto a su materialidad, ni se invocó que el mismo adoleciera de falsedad ideológica (Art. 172 del C.G.P). A ello es procedente agregar que no se requirió a la actora por parte de la sede, que se agregaran los antecedentes dominiales, ni información registral, ni la demandada diligenció la prueba por informe ofrecida en relación al inmueble de autos. Como se refiere en la recurrida se trataría de una prueba diabólica solicitar a la actora que probara de manera prácticamente indefinida hacia el pasado que quien le trasmitió el bien a la actora era propietario y que quien se lo trasmitió al mismo era dueño y así llegar a quien lo adquirió en forma originaria.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 137/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1er. Turno · 8 de junio de 2026
Sentencia
Derecho administrativo
DEFINITIVA 180/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la Sentencia de primera instancia y condenó al Ministerio de Defensa a pagar al actor, en concepto de daño emergente, la suma de $ 519.724 más reajuste e intereses desde el hecho ilícito hasta la fecha de efectivo pago. La Sala no concuerda con lo resuelto en la impugnada en cuanto a que corresponde el rechazo de la demanda en atención al denominado eximente de responsabilidad “hecho de la víctima”. En efecto, en la recurrida se entendió en breve síntesis que de las resultancias probatorias surge que el accidente fue causado por una maniobra de adelantamiento antirreglamentaria del actor, quien frenó en forma abrupta delante del camión militar, lo que el Tribunal no comparte. Corresponde considerar que surge debidamente probado que el accidente ocurre cuando el vehículo conducido por el actor se detiene frente al semáforo que lo inhabilitaba en el cruce, y ello determinó que el camión militar conducido por funcionarios de la demandada lo embistiera en su parte trasera, es decir se trató del denominado “choque de atrás”. No fue acreditada en debida forma la supuesta maniobra antirreglamentaria de adelantamiento del automotor del actor, la supuesta colocación abrupta del mismo delante del camión militar y la frenada repentina inmediata como consecuencia de la puesta en rojo del semáforo. Existió culpa del vehículo zaguero quien no guardó una distancia prudente y razonable sobre el automotor que circulaba delante suyo.
Proceso civil ordinario · Derecho civil

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