INTERLOCUTORIA 1921/2025 · Suprema Corte de Justicia · 11 de diciembre de 2025

La Suprema Corte de Justicia declara competente para continuar conociendo en autos a la Sra. Jueza Dra. Rossana Re Fraschini. Caso de autos: Contienda de competencia negativa entre el Dr. Sebastián Amor y la Dra.Claudia Muguiro. Norma aplicada: Art. 209 del C.G.P.La parte final del artículo 209 del CGP dispone que se relevará necesariamente al titular de una Sede de su deber de dictar sentencia cuando se den las siguientes circunstancias en forma acumulativa: 1) que el Juez suplente o subrogante se encuentre a cargo de la Sede por un período mayor a 30 días; y 2) que dicho Magistrado haya intervenido en la audiencia preliminar o, en su caso, en la complementaria de la causa que se trate. En el caso, y sin perjuicio de la contienda planteada entre el Sr. Juez Dr. Amor y la Sra. Jueza Dra. Muguiro, la última actuación en materia probatoria de estos autos le corresponde a la Sra. Jueza Dra. Rossana Re Fraschini. Por lo expuesto, la Corte estima que la Dra. Re Fraschini tiene el deber de dictar la sentencia definitiva en este proceso, puesto que se verifican a su respecto los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 209 del CGP.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1896/2025 · Suprema Corte de Justicia · 11 de diciembre de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1864/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de diciembre de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que los actores se limitan a un confuso relato sobre temas resueltos en sucesivas instancias, e incluso en el proceso principal. Pero en ningún momento logran plantear de forma válida, concreta y precisa un agravio admisible en instancia de casación. De esta forma, los actores incumplen flagrantemente el art. 273 del CGP. En consecuencia, se observa que el recurso de casación resulta inadmisible, por cuanto la recurrente se limitó a efectuar manifestaciones vagas, genéricas e imprecisas, que pretenden la revisión de cuestiones ya decididas sobre la legitimación y no pueden conceptualizarse técnicamente como agravio.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1899/2025 · Suprema Corte de Justicia · 4 de diciembre de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 1435/2025 · Suprema Corte de Justicia · 2 de diciembre de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1796/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1798/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

En el marco de una contienda negativa de competencia, entre el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia de 22º Turno, y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 6º Turno, planteada en un proceso de incapacidad, en función de la modificación del domicilio de la curadora, la Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 6º Turno.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 1366/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

El caso de autos, los actores celebraron un contrato de préstamo hipotecario con el BHU (luego sucedido por la ANV) por la suma de “dólares USA sesenta y cuatro mil, equivalentes a pesos uruguayos ochocientos ochenta mil”. Posteriormente el 29 de junio de 2006, celebraron con el referido Banco un convenio por el cual se habilitó un procedimiento alternativo de pago de las cuotas en Unidades Reajustables. Sostienen que el convenio no implicó novación y la moneda del contrato de mutuo siempre fue el dólar estadounidense. En consecuencia, consideraron que los pagos realizados en cumplimiento del convenio resultaron suficientes para cancelar la deuda en 2017, habiendo, desde entonces, efectuado pagos indebidos. Solicitaron se declarara que la moneda del contrato es el dólar estadounidense, que la deuda fue cancelada, que no existió novación y que se condenara a los demandados al reintegro de las sumas percibidas en exceso por pago de lo indebido, más ilíquidos, costas y costos. En primera instancia, se desestimó la excepción de caducidad, amparó la excepción de falta de legitimación pasiva del BHU y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó parcialmente la sentencia, declarando que la moneda del contrato de mutuo entre el BHU y los actores es dólares estadounidenses, que no hubo novación, que la obligación de pago a cargo de los mutuarios se encuentra cancelada desde el mes de febrero de 2017 y, en su mérito, condenó a la ANV a abonar a los actores la suma de U$S 48.940,3375, por concepto de pago de lo indebido, con más sus intereses legales desde la demanda. Contra la referida sentencia, la Agencia Nacional de Vivienda interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1410/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

En el marco de un proceso penal, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de ‘violación’, a la pena de cinco (5) años de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida y siendo de su cargo los gastos de alimentación, vestido y alojamiento durante el proceso y la condena (art. 105 literal e) del Código Penal). En tiempo y forma la Defensa del imputado interpuso recurso de casación contra la referida sentencia dictada por el “Ad Quem”. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la Defensa. Con relación al agravio, en el cual la parte impugnante alega que existió una errónea valoración de la prueba por parte de la Sala, señala la Corporación que la Sala analizó la prueba obrante, lo declarado por los diversos testigos y ponderó lo consignado por ellos para concluir, de forma razonada y ajustada a sus declaraciones, la culpabilidad del imputado. En este sentido, los vicios reclamados por la Defensa no son tales y la valoración probatoria realizada por el Tribunal no resulta apartada de las reglas de la sana crítica, ni se ha cometido absurdo, arbitrariedad alguna, ni tampoco una vulneración del límite de la razonabilidad por lo que debe mantenerse la plataforma fáctica tal como fuese considerada por el Tribunal y la condena dictada. Con relación al agravio por en lo relativo a la determinación de la cuantía de la pena, la Corporación tiene jurisprudencia de larga data en torno a la discrecionalidad que posee el Órgano de mérito a los efectos de tal determinación.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 1795/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1792/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 1397/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

La Corporación desestima la acción de inconstitucionalidad promovida. En autos el accionante promueve por vía de acción la declaración de la inconstitucionalidad de las normas contenidas en los arts. 3, 4 y 5 de la Ley Nº 13.882, de 18 de septiembre de 1970. Expresa que, en cumplimiento de la referida ley, luego de cada elección nacional, la Corte Electoral confecciona una nómina de las personas con inscripción vigente en el Registro Cívico que no hayan votado en las dos elecciones nacionales inmediatas anteriores, aseverando que la exclusión del padrón electoral como consecuencia de no votar en dos elecciones nacionales consecutivas, ubica al ciudadano afectado en una situación equivalente a la de quien tiene suspendida la ciudadanía. Según el accionante, las normas cuestionadas infringen el principio de igualdad consagrado por el art. 8 de la Constitución en la medida en que atacan directamente a quienes, no obstante ser ciudadanos uruguayos, no residen en el país. La Suprema Corte de Justicia desestima la acción promovida por falta de legitimación activa del promotor, ya que la lesión que argumenta el actor, tiene origen en la posibilidad de ser excluído del padrón electoral. Lo que sella la suerte del recurso, para excluir la legitimación activa del promotor en el caso de autos es que, según surge probado, la inscripción del actor en el Registro Cívico Nacional se encuentra vigente y, además, sufragó en la más reciente elección nacional.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1309/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

La Corporación, integrada, desestima el recurso de revisión interpuesto por la demandada en un proceso de Reducción de Pensión Alimenticia; sosteniendo que la recurrente no ha logrado acreditar la situación de indefensión alegada, en tanto no ha probado el invocado desconocimiento del proceso en el que recayeron las sentencias aquí impugnadas.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 1399/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025

La Corporación desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia por la cual se confirmó la recurrida salvo en cuanto al monto de la pena impuesta al condenado como autor penalmente responsable por la comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados; la que se fija en 4 años de penitenciaría. La decisión adoptada se debe a que la Defensa recurrente simplemente reiteró agravios, sin adecuarlos a la sentencia atacada, dejando sin cuestionar en debida forma las sólidas apreciaciones formuladas por la Sala.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 1358/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

La Corporación integrada desestima la casación incoada por la Defensa del imputado. En primera instancia se condenó al encausado por femicidio, lo cual fue confirmado en segunda instancia, revocándose en cuanto no impuso sanción pecuniaria en beneficio de los hijos de la víctima. La Defensa del imputado interpone recurso de casación, argumentando que su defendido no actuó con desprecio u odio hacia las mujeres y por tanto no se configura el elemento subjetivo esencial del femicidio, realizando la Sala una valoración arbitraria de la prueba. Asimismo se cuestiona la pena impuesta, considerándola excesiva, considerando las atenuantes. También se agravia por la aplicación de la sanción pecuniaria, no solicitada por la Fiscalía. La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada, desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa. Respecto de agravio que refiere a la errónea valoración de la prueba por parte de la Sala, la Corporación considera que no es de recibo, ya que no se explicitó en qué consistiría el razonamiento ilógico, absurdo o vulneratorio del límite de la razonabilidad. En este sentido, en la Corporación hay dos posiciones con respecto a este tema. Para la mayoría, integrada por los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Morales y el redactor, a la que se suma el Sr. Ministro integrante Dr. Charles, estima que la causal se reduce a las hipótesis en las que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada, o como en el caso, cuando corresponda aplicar el sistema de la sana crítica y se incurra en absurdo evidente. El recurrente debe entonces dar cumplimiento a dos requisitos: que se alegue un error de tal característica y que dicha alegación debe ser demostrada. Por su parte, en otra postura, se encuentra el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, por cuanto la cuestión no debe interpretarse en forma restrictiva, pues las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la normativa procesal y por tanto su infracción puede alegarse en el recurso de casación. En el caso de autos, de la prueba surge que se da un indicio que hace presumir la existencia de violencia previa, ello determina que el delito de homicidio fue cometido por los motivos descritos en la norma, y se configura la agravante cuestionada. En este escenario, el principio de in dubio pro reo que reclama la Defensa, deviene inaplicable. Asimismo, a juicio de la Corporación resulta de franco rechazo el agravio de la defensa relativo a que el aspecto subjetivo del tipo sería dolo eventual por razones de índole formal. Respecto a la determinación de la cuantía de la pena, la Corporación tiene jurisprudencia en torno a la discrecionalidad que posee el Órgano de mérito a los efectos de tal determinación, con la salvedad que dicha determinación no resulte arbitraria o vulneratoria del límite de la razonabilidad. Respecto de las alteratorias cuestionadas por la recurrente, fueron adecuadamente descartadas por la Sala. Tampoco es procedente el agravio sobre la sanción pecuniaria impuesta, ya que la aplicación de la misma es preceptiva en los casos de condena por violencia de género.

DEFINITIVA 1398/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

El a quo condena al imputado como autor de UN DELITO DE ABUSO SEXUAL ESPECIALMENTE AGRAVADO, a la pena de cinco años y cuatro meses de penitenciaria de cumplimiento efectivo, más las accesorias correspondientes, lo que es confirmado por el Ad Quem. La Defensa interpone recurso de apelación, expresa agravios respecto a la valoración probatoria ensayada por la Sala, a la calificación jurídica, al cómputo de las alteratorias y de la pena. La Corporación confirma la sentencia impugnada. Considerando que los planteos de la Defensa no logran quitar eficacia convictiva a la declaración prestada por la víctima.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1394/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

En el marco de un proceso penal, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno confirmó la Sentencia de Primera Instancia, la cual condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravado en régimen de reiteración real a la pena de cuatro (4) anos y nueve (9) meses de penitenciaría con descuento de la medida cautelar cumplida, y de su cargo las prestaciones legales accesorias previstas en el art. 105 literal e del código penal... En tiempo y forma la Defensa del imputado interpuso recurso de casación contra la referida sentencia dictada por el “Ad Quem”. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio en el cual se plantea que existió una errónea valoración de la prueba por parte de la Sala, señala la Corporación que la fundamentación de la Sala fue exhaustiva y la Defensa recurrente no se esforzó en denunciar inconsistencias en el razonamiento, de modo de demostrar que éste pueda ser tachado de absurdo o irracional. Así las cosas, los cuestionamientos a la valoración del material probatorio no resultan aptos para variar la decisión de la Sala.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 1348/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

En el caso de autos, el actor promovió juicio de daños y perjuicios. Aseguró que, el 6 de abril de 2017, encontrándose la demandada desarrollando actividad pesquera, provocó daños en el cable submarino SAM-1, propiedad de la actora, que ascienden a la suma de U$S 1.551.968, 23, cuya indemnización demandó. En primera instancia, se desestimaron las excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa opuestas por el demandado y se hizo lugar en parte a la demanda incoada, condenándose a la demandada al pago de la indemnización reclamada. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó tal decisión; en su lugar, amparó la excepción de prescripción opuesta y desestimó la demanda. Según la Sala, el emplazamiento inicial resulta absolutamente nulo, por cuanto no logró cumplir su finalidad esencial, esto es, poner en conocimiento al demandado de la existencia del proceso. En consecuencia, tal emplazamiento absolutamente nulo e inútil carece de aptitud para interrumpir la prescripción. En tiempo y forma, la actora interpuso recurso de casación contra la sentencia del ad quem. Conferido el traslado correspondiente, fue oportunamente evacuado por la demandada que abogó por el rechazo del recurso interpuesto, al tiempo que interpuso recurso de casación por vía adhesiva. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la actora y declaró, en consecuencia, carente de objeto el recurso de casación interpuesto ad eventum por la demandada en vía adhesiva.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 1396/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2025Importancia alta

La Corporación integrada desestima el recurso de casación incoado. En autos, la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo y un conjunto de sujetos que revisten la calidad de prácticos, promovieron demanda de devolución de pago de lo indebido contra el Poder Ejecutivo – Ministerio de Defensa Nacional – Prefectura Nacional Naval. Sostuvieron que el “ impuesto al practicaje ” regulado por el decreto Nº 308/985 constituye un tributo creado sin ley que grava los servicios realizados por los prácticos y respecto de los cuales la Corporación de prácticos actúa en calidad de responsable de retenerles el 10% del total recaudado, que luego vierte al Estado. Respecto del aspecto formal del recurso interpuesto, los Sres. Ministros Dres. Morales, Sosa, Tovagliare y el redactor, consideran que el recurso no adolece de defectos formales en cuanto a la fundamentación del recurso. En postura contraria, y atento al cuestionamiento realizado por la parte demandada sobre la admisibilidad del recurso de casación, la Sra. Ministra Dra. Minvielle expresa que si bien se denuncia un agravio concreto, se hace de forma deficiente, sin perjuicio de lo cual entiende posible ingresar al análisis del agravio esgrimido. Respecto del análisis sustancial del recurso de autos, el único agravio esgrimido por los recurrentes refiere a la calificación jurídica del 10% recaudado de la tarifa de pilotaje, previsto en el art. 116 del Reglamento de prácticos decreto Nº 308/986. En el marco del decreto Nº 308/986, Reglamento de Prácticos, no existe una distinción entre los conceptos de “ tarifa de pilotaje” y “ tarifa de practicaje” . Respecto de la naturaleza jurídica de la recaudación del 10% de la tarifa de practicaje, la recurrente afirma que tal detracción es un impuesto encubierto, que vulnera el principio de legalidad y, por lo tanto, reclama la devolución de lo pagado por ese concepto. La Corte considera que dicho agravio no es de recibo. El servicio de practicaje es de naturaleza obligatoria, no comercial y de interés nacional. El Estado, que podría legítimamente realizar esta función en forma directa, decidió que esta actividad esencial se realice a través de las Corporaciones que nuclean a los prácticos. Esta norma prevé la existencia de una Comisión integrada por el Jefe de la Oficina de Pilotaje, el Prefecto del Puerto de Montevideo, un Delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un Representante del Centro de Navegación Transatlántica y un Práctico de cada Zona . En tal sentido, a juicio de la Corporación resulta indiscutible que la tarifa de practicaje que abonan los armadores, agencias marítimas, propietarios de buques, etc. por el servicio que prestan los prácticos es un precio público (contraprestación por un servicio recibido, con valor económico, que generan una ventaja o provecho al contratante), con la particularidad que se trata de un servicio que por ley sólo puede ser contratado en exclusividad a los prácticos debidamente autorizados y nucleados en las distintas Corporaciones (art. 1.097 del Código del Comercio y Ley Nº 16.595) y que el precio se encuentra parametrizado al detalle por parte del propio Estado en la reglamentación. El porcentaje del 10% que se recauda por la Prefectura de la tarifa de practicaje se encuentra plenamente integrado al precio que pagan los usuarios del servicio, conforme a la reglamentación respectiva. No es posible desligar o separar artificialmente el 10% con destino a la Prefectura; dicho porcentaje se encuentra plenamente integrado al precio que se cobra por la tarifa de practicaje. No son los prácticos los que pagan el 10% del total de la tarifa de practicaje, sino que son los usuarios del servicio. Los prácticos, a través de las Corporaciones que los nucléan, son los encargados de percibir la tarifa de practicaje y de volcar el porcentaje previsto con destino a la Prefectura.

INTERLOCUTORIA 1725/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de noviembre de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal