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LegislaciónJurisprudencia

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88.400 sentencias

DEFINITIVA 251/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 12 de agosto de 2026
El caso de autos, los actores son funcionarios del Ministerio del Interior, reclaman a éste diferencias salariales originadas por no haberse calculado en sus jornales de licencia las sumas percibidas por la prestación de los llamados Servicio 222 (art. 222 de la ley 13.318) y Servicio 272 (decreto 272/993), solicitando el pago de dichas incidencias. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó al Ministerio del Interior a abonar a los actores la diferencia en el pago de la licencia generada desde el día 11 de octubre de 2020 hasta el mes de diciembre de 2022 inclusive, derivada de los ingresos generados por los servicios 222/272 que haya cumplido efectivamente cada accionante, con actualización por IPC desde la exigibilidad del rubro e interés legal desde la presentación de la demanda, difiriendo la liquidación al proceso previsto en el art. 378 del C.G.P. Señala la Sala que si bien antes de la vigencia de la ley 18.405 podía discutirse la naturaleza salarial de lo percibido por los referidos servicios, una vez sancionada la misma (que entró en vigencia el 1 de enero de 2009 –art. 63-), resulta claro que la remuneración variable de los funcionarios del Ministerio del Interior por la prestación de tales servicios tiene naturaleza salarial, correspondiendo en consecuencia que esos ingresos deban integrar la retribución que se percibe durante el período en que el funcionario goza de su licencia. Por ende, si la remuneración obtenida por Servicio 222 o por Servicio 272 tiene naturaleza salarial, si la misma es materia gravada, si se aporta a la Caja Policial por tal concepto, y si ella integra, aun cuando en forma variable, el ingreso mensual del funcionario, no puede dicha partida quedar excluida de la base de cálculo del jornal de licencia, resultando ajustado a derecho que a tales efectos su promedio se acumule con lo que el funcionario percibe como salario fijo.
Proceso civil ordinario · Derecho laboral
DEFINITIVA 267/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
Ejecución forzada de contrato. Tribunal confirma decisión que desestima la demanda y condena al actor reconvenido a reintegrar anticipo cobrado . C ondición suspensiva pactada, no se verificó. Negocio válido, que no desplegó sus efectos obligacionales principales. Carga de la sagacidad.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 259/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026
El Tribunal revoca la sentencia de primera instancia, en cuanto desestimó el reclamo por concepto de “diferencias compromiso funcional” y compensación por “mando medio”, condenando a la demandada a abonar a la actora las sumas que por dichos rubros resulten del procedimiento incidental del art. 378 del CGP de conformidad con las pautas establecidas ; y en cuanto al monto dispuesto para el resarcimiento del daño moral, el que se sitúa en la suma de U$S 12.000.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 170/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 12 de agosto de 2026
Se confirma la sentencia apelada. La demadnada despidió al actor por la causal notoria mala conducta, y endilgó al trabajador haber recibido en el bar, dinero de un huésped del hotel y que tras recibirlo, se lo había guardado en el bolsillo trasero de su pantalón, y que no había registro documental alguno en el hotel de que ese día, dicho cliente, haya consumido algo ( comida o bebida). Y que habiéndose consultado al actor éste había afirmado que el dinero corresondía a una propina entregada por el huésped y agrega que por no haber existido consumo en registro de facturación comanda o cargo a la habitación, no había existido propina. La sentencia de primera instancia entendió que la notoria mala conducta no resultó probada. La Sala comparte lo resuelto por el a quo, y, analiza que la demandada omitió aportar la filmación que aduce existió, y que además lo hizo sin esgrimir justificación concreta alguna. Dado lo esencial de dicho medio probatorio, nada justifica que la empresa no adoptara las medidas tendientes a preservar la filmación o incluso aquellas relativas a la presencia del cliente en el bar y restorán, a fs. 84 a 85 aportados en autos son aptos para sustituir los medios probatorios que ha de inferirse obraban en la esfera de disposición de la demandada, que no son otros que la documentación contable, arqueo de caja del día, acompañado de todos los documentos contables en respaldo, que no se controvierte por la demandada que era efectuado por una persona distinta del actor, registros de consumos fueran estos pagos o cortesías en favor del cliente, y declaración recibida al cliente antes de su partida. Nada de eso aportó la demandada
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 250/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 12 de agosto de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo, desestimando la demanda a su respecto, y se desestimó la demanda dirigida contra la Administración Nacional de Educación Pública. Señala la Sala que el diseño de la demanda de autos dice que la pretensión dirigida contra el Poder Legislativo se fundó en el régimen de responsabilidad extracontractual y que los ilícitos civiles que habrían causado perjuicio estarían dados por la constitución de una comisión investigadora que a criterio de la accionante desbordaba el objeto previsto en los reglamentos y perseguía fines espurios, así como por las manifestaciones públicas realizadas por algunos legisladores integrantes de dicha comisión. La Sala, aun con matices argumentales, comparte la solución a la que arribara el destacado juez a quo sobre el particular. En ese escenario, no puede advertirse que el Poder Legislativo presente legitimación causal pasiva para la pretensión de responsabilidad civil ensayada en autos. En relación al trámite administrativo cumplido por A.N.E.P. en el examen de mérito que realiza la Sala las actuaciones administrativas dispuestas y cumplidas por A.N.E.P. no resultan extrañas a la potestad administrativa de investigar hechos en apariencia ilegítimos o irregulares; iniciativa cuya procedencia debe ser considerada y valorada por la propia Administración. En ese marco, la Sala no advierte que la cuestionada actuación administrativa llevada adelante por A.N.E.P. en relación al desempeño de la accionante haya resultado abusiva o guiada por el propósito de una persecución personal, valoración del Tribunal que se funda tanto en la ya referida potestad de A.N.E.P. para instruir y resolver sobre una cuestión todavía no resuelta por el CES o por la propia A.N.E.P., como por el resultado mismo de la investigación y sumarios respectivos, los que concluyeron con sanciones administrativas de gravedad.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 176/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 12 de agosto de 2026
El Tribunal debidamente integrado declaró desistido el recurso de apelación deducido por la parte actora por incumplir con lo establecido en el art. 17 de la Ley N° 18.752 en redacción dada por el art. 6 de la Ley N° 18.847; que establece que el escrito de apelación debe ser fundado, siguiendo el criterio establecido por el art. 253.1 del CGP.
Proceso laboral · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 495/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026
Perención de la instancia.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 496/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
En el caso de autos la parte actora interpuso demanda contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos a los efectos de acceder al uso de un infusor continuo subcutáneo de insulina (ISCI) y los correspondientes insumos mensuales, señala que padece diabetes mellitus tipo 1, a lo que se adiciona como complicaciones crónicas: retinopatía y nefropatía diabética, su medica tratante sostiene que la terapia con bomba ha demostrado una mejoría clínica y metabólica sostenida, justificando plenamente su continuidad. En primera instancia condenó en forma solidaria al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a que le financien a la parte actora el dispositivo requerido y sus insumos en carácter de medida provisional en la forma que indique su médica tratante hasta que exista sentencia ejecutoriada en el proceso principal El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, revocándose la condena impuesta al Ministerio de Salud Pública, sin especial condenación procesal. A juicio del Tribunal, no existe obstáculo para el suministro del tratamiento peticionado, habida cuenta que (prima facie y a los solos efectos provisionales, sin que ello implique prejuzgamiento) no se advierten razones en esta instancia que ameriten la revocatoria pretendida por el Fondo Nacional de Recursos. Cabe precisar, como se ha sostenido antes, que la existencia de una acción de amparo desestimada no decide fatalmente la improcedencia de una medida cautelar o provisional que eventualmente se impetre en el proceso posterior.
Proceso cautelar · Derecho civil
DEFINITIVA 193/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 12 de agosto de 2026
Se confirma la sentencia apelada, salvo en cuanto amparó la falta de legitimacion pasiva de INAU y en cuanto no condenó al pago de horas extras, en lo que se revoca, y en su lugar, desestíma la excepción de falta de legitimación pasiva de INAU y condena a ambas demandadas en forma solidaria a abonar al actor las horas extras conforme a los parámetros establecidos en el considerando v) del presente pronunciamiento, más daños y perjuicios preceptivos en el guarismo del 15%, más multa legal, reajustes e intereses legales. La Sala concluye que la condena al pago de las 24 horas extras reclamadas encuentra su fundamento en el hecho de que el actor en esos 2 viajes superó el límite de su jornada diaria que era de 4 horas y la accionada, que alegó el acuerdo para compensar su pago con horas de descanso, nunca invocó y menos aún probó que el actor efectivamente “compensó” con descanso esas 24 horas extraordinarias trabajadas, ni tampoco acreditó que se las haya abonado en forma, dado que ello no emerge de los recibos de salarios incorporados en autos. Respecto al despido indirecto alegado por el actor, la Sala entiende que si bien se verificó incumplimiento de la empleadora el mismo no reviste la trascendencia que pretendió atribuirle el accionante y no supone tampoco un incumplimiento de tal entidad o gravedad como para tornar insoportable el mantenimiento del vínculo laboral, sobre todo tomando en consideración la postura de aceptación de la modalidad de pago de horas extras por parte del actor que se deduce de las declaraciones testimoniales diligenciadas en autos; todo lo que determina la desestimatoria de este puntual agravio. Por otra parte, la Sala entiende que le asiste razón al apelante en cuanto sostiene que INAU “terceriza” por medio de convenios parte de sus cometidos, lo que encarta en la figura de la subcontratación laboral regulada en las leyes de tercerización; todo lo que a su vez es corroborado por el Reglamento General de convenios que luce incorporado en autos.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 861/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026
El Tribunal revoca la sentencia interlocutoria de primera instancia, y fija una pensión alimenticia provisoria del equivalente al 20% del total de los ingresos de la madre, a favor de su hija adolescente, cuyo padre detenta la tenencia.
Proceso cautelar · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 423/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 12 de agosto de 2026
Se confirman formalización y medidas cautelares.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
DEFINITIVA 268/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 12 de agosto de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia apelada, salvo en cuanto a los montos del daño moral, que se fijan en: a) U$S 25.000 para AA y b) U$S 7.000 para cada uno de los padres (EE y DD). Ello por cuanto este Colegiado considera, que los montos fijados en primera instancia resultan excesivos, tanto para el recluso (quien sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, y no existiendo prueba de su estado actual; no obstante, todo hace indicar que se recuperó bien, pues se encuentra nuevamente preso por otro delito posterior) así como para sus padres (por cuanto no surgen elementos para determinar el grado de la relación que tenían con su hijo, así como tampoco que lo hayan visitado en establecimiento carcelario).
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 270/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 12 de agosto de 2026
La Sala, por unanimidad de votos de sus miembros naturales, procedió de confirmar la sentencia definitiva recurrida; por la cual se condenó a la parte demandada, a abonar a los actores las diferencias de sus haberes salariales entre el cargo presupuestal y el correspondiente a las funciones de las encargaturas de mayor responsabilidad que ejercen, con reajustes e intereses, así como la condena a futuro en el caso de dos de ellos. Todo ello, conforme a los parámetros indicados expresamente en los considerandos VIII y IX, difiriéndose en consecuencia su liquidación a la vía incidental del artículo 378 del CGP. Esta decisión se debe a que si bien se alega que los cargos que ocuparon los actores no existen, la documentación presentada lo desmiente; además de que el hecho de imponer funciones diferentes a las que ya tenían supone una modificación de tareas, que la propia demandada reconoce de más responsabilidad, correspondiendo, por lo tanto remunerar adecuadamente las mismas.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 857/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026
El Tribunal confirma la sentencia interlocutoria de primera instancia, considerando que ninguna de las pretensiones del actor (medida cautelar de régimen provisorio de visitas o incumplimiento de visitas, Art. 40 del CNA) corresponde que se ventilen en el proceso de urgencia (Art. 117 y siguientes del CNA), así como tampoco ante la Sede de Familia Especializado.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 269/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 12 de agosto de 2026
En el marco de un proceso, en el cual se pretende la declaración de nulidad de las compraventas celebradas el 24 de junio de 2009 y 27 de agosto de 2012, por simulación absoluta, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda en todos sus términos. Concluye la Sala que el actor, no cumplió adecuadamente con la carga referida ya que de un examen conforme a las reglas de la sana critica de la prueba producida, no surge acreditada en grado alguno la simulación esgrimida.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 268/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó el excepcionamiento interpuesto de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva manteniéndose firme el mandato liminar ejecutivo número 70/2025. Señala la Sala que la recurrida, correctamente analiza la admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título en autos, llegando a la conclusión de que no existe incumplimiento en los requisitos formales y tampoco discordancia entre el título presentado y los antecedentes administrativos. No es de recibo su agravio en relación a la falta de legitimación pasiva de la impugnante, puesto que la misma se obligó en forma solidaria al pago de la obligación tributaria consignada en el convenio por ella celebrado con la DGI; convenio que habiendo caducado por falta de pago, deviene en título ejecutivo conforme lo edictado por el inciso 2 del artículo 461 de la Ley 16.320.
Proceso ejecutivo · Derecho tributario
DEFINITIVA 273/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia, que condenó al Ministerio de Salud Pública a la entrega del medicamento AVACOPAN a la actora en el plazo de 24 horas hábiles y por el término que determine su médico tratante.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 351/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, fijando el monto de los honorarios de la parte actora en la suma de U$S 3.850 y los honorarios de la Sra Defensora de Oficio en la suma de U$S 1.750 en ambos casos IVA incluido. Señala la Sala que en el caso de ejecuciones hipotecarias recíprocas, el monto del asunto - base sobre la cual se efectúa el cálculo de los costos (honorarios profesionales del ejecutante) - lo constituye el monto del crédito en ejecución que se corresponde con la “importancia económica del asunto” a la que refiere el art. 144 de la Ley Nº 15.750, que en el caso al no estar controvertido debe situarse en la suma de $ 1.096.383 que adeudaba la unidad.
Proceso de ejecución · Derecho civil
DEFINITIVA 265/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
En el caso de autos la parte actora promovió demanda de daños y perjuicios contra la Intendencia Departamental de Tacuarembó, reclamando la suma de $ 1.375.000, más reajustes e intereses legales desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo pago. Sostuvieron los accionantes, que el día 23 de abril de 2020, en horas de la madrugada, mientras circulaban en moto, rumbo a su trabajo, como consecuencia de las condiciones del pavimento en el tramo de la vía pública, donde se estaban realizando obras, sufrieron caídas que les ocasionaron los daños cuya indemnización solicitan por el presente. La parte demandada, contestó la demanda, controvirtiéndola en todos sus términos y negando su responsabilidad. Solicitó la citación en garantía de la empresa contratista; formulando para el supuesto caso de ser condenada, la correspondiente pretensión de reembolso. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, revocó la sentencia de primera instancia, condenó a la Intendencia de Tacuarembó y amparó la pretensión de regreso deducida por la Administración demandada, condenando a la empresa citada en garantía a reembolsarle las sumas objeto de condena. La Sala concluye que la ocurrencia independiente y sucesiva de todos los eventos permiten concluir con un grado de razonable certeza que la señalización, al menos del desnivel de la calzada en obra (circunstancia que todos los accionantes invocan como elemento material que provocó las caídas) resultaba insuficiente para que los conductores que circulaban en la noche pudieran advertir el referido obstáculo. Va de suyo que la señalización adecuada debe realizarse contemplando las previsibles dificultades de visibilidad nocturna. Por consiguiente, la Intendencia, en tanto comitente de la obra es responsable, ya que incurrió en falta de servicio, al no señalizar de manera adecuada ni controlar debidamente, que la empresa a la que adjudicó la obra, lo hiciera. (D) Dra. Cecilia Schroeder Rius: Vota por confirmar la desestimatoria de la demanda por considerar que el Gobierno Departamental de Tacuarembó carece de legitimación sustancial pasiva en la causa. El supuesto en que los siniestros se produjeron fue el del hecho de las cosas (desnivel en la calzada que estaba siendo objeto de reparación) y, en este ámbito, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 1324 incisos 1° y 6° del Código Civil, según el cual, responde el guardián.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 274/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026
En el caso de autos la parte actora dedujo pretensión indemnizatoria, reclamando el pago del daño emergente, lucro cesante, pérdida de la chance y daño moral sufridos a raíz del accidente de tránsito sufrido. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, descartándose la incidencia del hecho de la víctima y por ende atribuyendo a la demandada el 100% de responsabilidad en el insuceso; fijándose el monto de la condena que la demandada debe abonar a la parte actora por concepto de daño moral en la suma de $ 210.000, y por concepto de daño emergente en la suma de $ 10.000; más reajustes e intereses legales desde la fecha de ocurrencia del hecho ilícito hasta el efectivo pago.
Proceso civil ordinario · Derecho civil

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