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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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LegislaciónJurisprudencia

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88.400 sentencias

DEFINITIVA 266/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026
En el caso de autos, la parte actora, integrada por funcionarios del Poder Judicial, peticiona que se condene a la parte demandada Poder Judicial (SCJ), a pagarles una suma equivalente a todas las retenciones que se les han practicado en sus haberes por parte del Poder Judicial por concepto de aportes al FONASA, por los cuatro años anteriores al emplazamiento de la demandada, con más reajustes e intereses. En los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, se relaciona el incumplimiento, por parte de la demandada, del artículo 9 de la Ley 18.131, que prohíbe la afectación del salario líquido de los funcionarios incorporados al FONASA. Los accionantes consideran que al serle quitada la cuota mutual de que gozaban en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 17.707, y retenérseles lo correspondiente al nuevo tributo (Fonasa), disminuyó su ingreso líquido mensual, vulnerándose la previsión del art. 9 de la Ley 18.131. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, por mayoría, confirmó la sentencia interlocutoria número 179/2025, la cual desestimó las excepciones de caducidad, cosa juzgada eventual y transacción (o convenio colectivo) y confirmó la sentencia definitiva número 83/2025, la cual desestimó la demanda. (D) Dra. Gabriela Rodríguez Marichal: Vota por considerar que corresponde revocar la sentencia definitiva apelada, y amparar la demanda. Surge que los accionantes, vieron disminuidos sus salarios líquidos en similar proporción al de los aportes personales al FONASA que les fueron retenidos de sus haberes y por lo tanto corresponde condenar al Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia, atento a que el artículo 9 de la Ley No. 18.13.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 262/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026
En el marco de una acción de reivindicación, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la excepción de prescripción adquisitiva.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 177/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 12 de agosto de 2026
Se absuelve a la demandada en segunda instancia.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 857/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026
El Tribunal confirma la sentencia interlocutoria de primera instancia, considerando que ninguna de las pretensiones del actor (medida cautelar de régimen provisorio de visitas o incumplimiento de visitas, Art. 40 del CNA) corresponde que se ventilen en el proceso de urgencia (Art. 117 y siguientes del CNA), así como tampoco ante la Sede de Familia Especializado.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 490/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, declaró mal franqueado el recurso de apelación interpuesto, con costas y costos del grado a cargo del ejecutante. Señala la Sala que si el recurrente pretendía dejar sin efecto el levantamiento de la medida de embargo específico dispuesta, debía recurrir la sentencia interlocutoria Nro. 2152/2022, lo que no acaeció, precluyendo su oportunidad procesal; resultando la providencia Nro. 684/2026, en el punto objeto de cuestionamiento, susceptible únicamente del recurso de reposición. El mero desconocimiento de la decisión judicial, cuando ello obedece a la actividad de la propia parte (art. 154 de la Ley 15750) no habilita a su modificación fuera de las oportunidades y por los medios previstos legalmente.
Proceso de ejecución · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 169/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 12 de agosto de 2026
El Tribunal confirma la sentencia interlocutoria, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, que amparó la excepción de incompetencia en razón de la materia, ordenando la remisión los autos al Juzgado Letrado en lo Civil que por turno corresponda a través de la ORDA.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
DEFINITIVA 259/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026
El Tribunal revoca la sentencia de primera instancia, en cuanto desestimó el reclamo por concepto de “diferencias compromiso funcional” y compensación por “mando medio”, condenando a la demandada a abonar a la actora las sumas que por dichos rubros resulten del procedimiento incidental del art. 378 del CGP de conformidad con las pautas establecidas ; y en cuanto al monto dispuesto para el resarcimiento del daño moral, el que se sitúa en la suma de U$S 12.000.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 121/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026
El Tribunal procedió a revocar la sentencia impugnada por la cual se desestimó la demanda de Disolución de Unión Concubinaria; y en su lugar declaró a la jurisdicción uruguaya como la competente en los presentes, disponiéndose el reenvío a la Sede A quo para que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Este Colegiado entiende que, dado que los demandados en autos residen en Uruguay y por aplicación del artículo 57 de la ley 19920, en su literal A), los tribunales de la República tienen competencia en la esfera internacional. En lo que respecta al reenvío, corresponde el mismo por cuanto no recayó decisión del A quo respecto del fondo del asunto.
Proceso civil extraordinario · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 862/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026
Se declara carente de objeto la apelación, atento a que las medidas cautelares se encuentran vencidas.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 273/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia, que condenó al Ministerio de Salud Pública a la entrega del medicamento AVACOPAN a la actora en el plazo de 24 horas hábiles y por el término que determine su médico tratante.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 272/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 12 de agosto de 2026
En el marco de una acción de reivindicación, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la excepción de falta de legitimación activa deducida, determinándose que la Intendencia de Montevideo detenta la calidad necesaria para ser actora en este proceso. Se desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva. Se amparó la reivindicación promovida y en su mérito, se ordenó la restitución del inmueble de autos. Señala la Sala que el tracto dominial del inmueble objeto de estas actuaciones está cubierto por un lapso superior a los 30 años, de manera que, a juicio del Tribunal, la legitimación activa, está acreditada. Por otro lado, a criterio de la Sala por unanimidad, si el demandado ingresó con autorización del propietario, no lo hizo en calidad de poseedor. Además, con la alegada regularización, se reafirma la condición de mero ocupante del predio.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 496/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
En el caso de autos la parte actora interpuso demanda contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos a los efectos de acceder al uso de un infusor continuo subcutáneo de insulina (ISCI) y los correspondientes insumos mensuales, señala que padece diabetes mellitus tipo 1, a lo que se adiciona como complicaciones crónicas: retinopatía y nefropatía diabética, su medica tratante sostiene que la terapia con bomba ha demostrado una mejoría clínica y metabólica sostenida, justificando plenamente su continuidad. En primera instancia condenó en forma solidaria al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a que le financien a la parte actora el dispositivo requerido y sus insumos en carácter de medida provisional en la forma que indique su médica tratante hasta que exista sentencia ejecutoriada en el proceso principal El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, revocándose la condena impuesta al Ministerio de Salud Pública, sin especial condenación procesal. A juicio del Tribunal, no existe obstáculo para el suministro del tratamiento peticionado, habida cuenta que (prima facie y a los solos efectos provisionales, sin que ello implique prejuzgamiento) no se advierten razones en esta instancia que ameriten la revocatoria pretendida por el Fondo Nacional de Recursos. Cabe precisar, como se ha sostenido antes, que la existencia de una acción de amparo desestimada no decide fatalmente la improcedencia de una medida cautelar o provisional que eventualmente se impetre en el proceso posterior.
Proceso cautelar · Derecho civil
DEFINITIVA 274/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026
En el caso de autos la parte actora dedujo pretensión indemnizatoria, reclamando el pago del daño emergente, lucro cesante, pérdida de la chance y daño moral sufridos a raíz del accidente de tránsito sufrido. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, descartándose la incidencia del hecho de la víctima y por ende atribuyendo a la demandada el 100% de responsabilidad en el insuceso; fijándose el monto de la condena que la demandada debe abonar a la parte actora por concepto de daño moral en la suma de $ 210.000, y por concepto de daño emergente en la suma de $ 10.000; más reajustes e intereses legales desde la fecha de ocurrencia del hecho ilícito hasta el efectivo pago.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 860/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026
La Sala confirma la sentencia interlocutoria de primera instancia, apelada por la denunciante, que no hizo lugar a la restitución a la víctima de un vehículo automotor.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 170/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 12 de agosto de 2026
Se confirma la sentencia apelada. La demadnada despidió al actor por la causal notoria mala conducta, y endilgó al trabajador haber recibido en el bar, dinero de un huésped del hotel y que tras recibirlo, se lo había guardado en el bolsillo trasero de su pantalón, y que no había registro documental alguno en el hotel de que ese día, dicho cliente, haya consumido algo ( comida o bebida). Y que habiéndose consultado al actor éste había afirmado que el dinero corresondía a una propina entregada por el huésped y agrega que por no haber existido consumo en registro de facturación comanda o cargo a la habitación, no había existido propina. La sentencia de primera instancia entendió que la notoria mala conducta no resultó probada. La Sala comparte lo resuelto por el a quo, y, analiza que la demandada omitió aportar la filmación que aduce existió, y que además lo hizo sin esgrimir justificación concreta alguna. Dado lo esencial de dicho medio probatorio, nada justifica que la empresa no adoptara las medidas tendientes a preservar la filmación o incluso aquellas relativas a la presencia del cliente en el bar y restorán, a fs. 84 a 85 aportados en autos son aptos para sustituir los medios probatorios que ha de inferirse obraban en la esfera de disposición de la demandada, que no son otros que la documentación contable, arqueo de caja del día, acompañado de todos los documentos contables en respaldo, que no se controvierte por la demandada que era efectuado por una persona distinta del actor, registros de consumos fueran estos pagos o cortesías en favor del cliente, y declaración recibida al cliente antes de su partida. Nada de eso aportó la demandada
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 271/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
En el caso de autos la parte actora reclama el pago del lucro cesante, la pérdida de chance y el daño moral sufrido por la terminación ilícita de un contrato consensual de arrendamiento de obra, de ejecución continuada sin plazo, alegando que dicho contrato los unió durante veinte años y fue finalizado unilateralmente de forma abusiva (sin que haya existido justa causa ni preaviso razonable, que estimaron en diez meses) y violando el principio de buena fe. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda. La Sala comparte que en autos ha quedado demostrada la existencia de una justa causa para el ejercicio del derecho de receso unilateralmente, lo que torna lícita la conducta de los demandados. Las partes se encontraban vinculadas por contratos de duración indeterminada, por lo que les asiste el derecho de rescindir unilateralmente el vínculo, derecho que se justifica en el principio de libertad jurídica, siempre y cuando dicha rescisión se realice con justa causa o sin la misma, siempre que se ejerza cumpliendo con el estándar de la buena fe contractual (preaviso razonable).
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 193/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 12 de agosto de 2026
Se confirma la sentencia apelada, salvo en cuanto amparó la falta de legitimacion pasiva de INAU y en cuanto no condenó al pago de horas extras, en lo que se revoca, y en su lugar, desestíma la excepción de falta de legitimación pasiva de INAU y condena a ambas demandadas en forma solidaria a abonar al actor las horas extras conforme a los parámetros establecidos en el considerando v) del presente pronunciamiento, más daños y perjuicios preceptivos en el guarismo del 15%, más multa legal, reajustes e intereses legales. La Sala concluye que la condena al pago de las 24 horas extras reclamadas encuentra su fundamento en el hecho de que el actor en esos 2 viajes superó el límite de su jornada diaria que era de 4 horas y la accionada, que alegó el acuerdo para compensar su pago con horas de descanso, nunca invocó y menos aún probó que el actor efectivamente “compensó” con descanso esas 24 horas extraordinarias trabajadas, ni tampoco acreditó que se las haya abonado en forma, dado que ello no emerge de los recibos de salarios incorporados en autos. Respecto al despido indirecto alegado por el actor, la Sala entiende que si bien se verificó incumplimiento de la empleadora el mismo no reviste la trascendencia que pretendió atribuirle el accionante y no supone tampoco un incumplimiento de tal entidad o gravedad como para tornar insoportable el mantenimiento del vínculo laboral, sobre todo tomando en consideración la postura de aceptación de la modalidad de pago de horas extras por parte del actor que se deduce de las declaraciones testimoniales diligenciadas en autos; todo lo que determina la desestimatoria de este puntual agravio. Por otra parte, la Sala entiende que le asiste razón al apelante en cuanto sostiene que INAU “terceriza” por medio de convenios parte de sus cometidos, lo que encarta en la figura de la subcontratación laboral regulada en las leyes de tercerización; todo lo que a su vez es corroborado por el Reglamento General de convenios que luce incorporado en autos.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 275/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta
El Tribunal por unanimidad de sus miembros naturales procedió a confirmar la sentencia apelada por la cual se amparó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el FNR y se condenó al MSP a suministrar al actor (portador de CÁNCER DE COLON METASTÁSICO) los fármacos TAS-102 Y BEVACIZUMAB en un plazo de 24 horas, en la forma y por el período de tiempo que sea indicado por su médico tratante. Se considera por este Colegiado que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del Ministerio de Salud Pública, así como inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo y en su mérito corresponde confirmar en todos sus términos la condena recaída a su respecto en el grado anterior.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 861/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026
El Tribunal revoca la sentencia interlocutoria de primera instancia, y fija una pensión alimenticia provisoria del equivalente al 20% del total de los ingresos de la madre, a favor de su hija adolescente, cuyo padre detenta la tenencia.
Proceso cautelar · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 859/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026
El Tribunal confirma la sentencia interlocutoria de primera instancia, que desestimó la demanda de nulidad por indefensión incoada por el denunciado en un proceso de violencia de género. La Sala considera que la carencia de asistencia letrada del denunciado en la audiencia celebrada en el marco del procedimiento regulado por la ley 19.580, no acarrea nulidad alguna.
Proceso cautelar · Derecho de familia

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