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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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DEFINITIVA 195/2025 · Tribunal Apelaciones Familia 1 T · 5 de noviembre de 2025Importancia alta
En autos, la parte actora se agravió en cuanto al monto fijado como pensión alimenticia congrua y por cuanto no se hace mención desde cuándo se hace exigible su cobro, ni por el período por el cual debe servirse, ni la forma de pago. Dicha providencia también fue recurrida por el demandado, manifestando que le agravia la misma por cuanto no surge en autos prueba alguna a los efectos de proporcionar pensión congrua por indigencia. El Tribunal entiende que la pensión fijada es acorde a las necesidades de la beneficiaria y a las posibilidades del demandado; por lo cual acogió los restantes agravios de la actora y confirmó parcialmente la recurrida, disponiendo que la vigencia temporal del servicio pensionario será de 5 años desde la fecha de interposición de la demanda, fijándose como cuota adicional para cancelar la retroactividad generada en el equivalente a 0,5 BPC, que se abonará conjuntamente con la presentación principal mediante retención.
Proceso civil extraordinario
DEFINITIVA 250/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 5 de noviembre de 2025
CONFÍRMASE LA SENTENCIA RECURRIDA SALVO EN CUANTO: CONDENA AL PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS CAÍDOS EN QUE SE LA REVOCA Y SE ABSUELVE A LOS DEMANDADOS POR LA CONDENA DISPUESTA. Y EN CUANTO CONDENA AL PAGO DE LICENCIA Y SALARIO VACACIONAL POR EL PERÍODO MARZO 2024 A MARZO 2025, EN QUE SE LA REVOCA Y SE CONDENA A SU PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONSIDERANDOS. Y EN CUANTO FIJA LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN UN 20% QUE SE LA REVOCA Y SE FIJAN LOS MISMOS EN UN 15% SOBRE LOS RUBROS DE NATURALEZA SALARIAL.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 249/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 5 de noviembre de 2025
Se condena al pago de rubros salariales
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 302/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
CONFÍRMASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA APELADA, REVOCÁNDOSE EN CUANTO A LOS DÍAS DE LICENCIA NO GOZADA GENERADA EN EL AÑO 2019, EL QUE SE ESTABLECE EN 6 DÍAS. Funcionaria de la cantina a la cual se le renovó contrato de función publica, con plazo de un año, un mes antes de cumplir los 70 años. La Sala entiende que el hecho de que se firme un contrato por un año un mes antes de cumplir los 70 años, no tiene otra explicación que el cumplimiento de la normativa, que prevé contratos anuales. Pero ello no excluye que el contrato pueda ser rescindido , porque así lo prevé el mismo, cuando las circunstancias así lo exijan. Y estas circunstancias no son otras que la edad de cese alcanzada por la actora e impuesta legalmente.
Otros · Derecho administrativo
DEFINITIVA 303/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual absolvió a uno de los codemandados de la infracción aduanera de contrabando y declaró al otro codemandado como autor responsable de una infracción de contrabando, y en su mérito: a) se dispuso el comiso de las mercaderías incautadas y el comiso del medio de transporte automotor, manteniéndose el depósito de la Dirección Nacional de Aduanas; b) dispuso la comunicación al Ministerio del Interior, c) condenó al pago de los tributos correspondientes, doble del monto de los tributos que hubieran correspondido a la operación de importación pretendida así como también a una multa igual al 20% del valor en aduana de la mercadería incautada.
Proceso aduanero · Derecho aduanero
DEFINITIVA 300/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia que desestima la acción de amparo para la obtención del procedimiento médico de crioablación, que el actor, de 69 años de edad, quien padece cuadros arrítmicos (fibrilación auricular paroxística), solicitó. La Sala coincide con la Sra. Juez “A quo”, que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley Nº 16.011 para que prospere la acción, por no advertirse la actualidad e inminencia a que hace referencia la norma aludida; es decir, por la inexistencia de urgencia que habilite la acción impetrada. Asimismo considera que el FNR no está legitimado pasivamente dado que el procedimiento solicitado no se encuentra incluido en el PIAS bajo su cobertura.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 301/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
Por sentencia definitiva se desestimaron las excepciones de caducidad y prescripción y se desestimó la demanda instaurada. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte actora, agraviándose por el rechazo del reclamo de horas extras. El Tribunal confirmó la sentencia ya que resulta acreditado que el actor cumplía horario variable que incluía muchas veces horario extraordinario, el que era abonado como tal de acuerdo a la cantidad de horas extra efectivamente realizadas. El agravio relativo a las diferencias generadas por las horas extras en los demás rubros salariales, debe ser de rechazo por las conclusiones arribadas previamente; al igual que ocurre con el daño moral.
Proceso civil ordinario · Derecho laboral
DEFINITIVA 294/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
La sentencia de primera instancia condenó a la demandada Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia al pago de daño moral a los actores, atento a la prisión preventiva indebida dispuesta a funcionarios del INAU/INISA, bajo la imputación de un delito de tortura (art. 22 de la ley N° 18.026). El Tribunal confirma la sentencia impugnada, salvo en cuanto al monto del daño moral, afirmando que “...el razonamiento y fundamentación del juez actuante en primera instancia en el juicio penal, no puede considerarse que es un tema opinable, sino que la calificación ingresa en el concepto legal de “error inexcusable” y, por añadidura, generadora de responsabilidad estatal.”
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 296/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
CONFÍRMASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA APELADA, DECLARÁNDOSE PRESCRIPTOS LOS CRÉDITOS ANTERIORES AL 18 DE SETIEMBRE DE 2019. La Sala considera que la acción no puede catalogarse de reparatorio patrimonial, sino que se trata de un reclamo por rubros salariales provenientes de una relación laboral con el Estado. Al ser un cobro de pesos por rubros salariales, no deviene aplicable el instituto de la caducidad previsto en el art. 39 de la ley 11925. Ninguna de las partes se agravia respecto al instituto aplicado, pero debe señalarse que en el propio planteo recursivo, se solicita se computen los plazos en la forma prevista para la prescripción. La Sala concluye que resulta probada la causal de despido (notoria mala conducta), por cuanto en el caso puntualmente, no se cesa al actor por tener antecedentes judiciales, sino por haber declarado bajo juramento no tenerlos. El llenado de una declaración jurada con información falsa supone la una conducta delictual, consistente en la falsificación ideológica de un documento público (art. 329 CP). La gravedad de la conducta es indiscutible, máxime cuando lo que se ocultan además, son antecedentes penales.
Otros · Derecho laboral
DEFINITIVA 299/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
Se confirma la sentencia recurrida que condenó a ASSE al pago a la actora de la suma de $1.077.829, con intereses y actualizaciones desde la fecha de cada factura y hasta su efectivo pago. El hecho de que no se haya seguido el procedimiento del TOCAF, solo es imputable a la demandada, que es, en definitiva, la obligada a cumplir con el mismo. La actora solo realizó las tareas necesarias dentro del Hospital, frente a todos, sin que nadie se opusiera a las mismas, por lo que no tiene porqué suponer que no había autorización para ello, cuando los propios funcionarios del Hospital estaban al tanto (jefe de mantenimiento, director y sub director). Incluso la mención que hace el apelante en cuanto a que autorizar estos pagos de esta manera llevará a que los proveedores realicen las tareas usando suministros a su leal saber y entender, habla en desmedro de la Administración, ya que parece dar a entender que la misma no controla las tareas quedando sujeto a la confianza en el proveedor. Al contrario, es carga de la Administración controlar las tareas realizadas, en las que se invierten dineros públicos.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 297/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia definitiva Nº 9/2025 de primera instancia, la cual declaró la inoponibilidad de la persona jurídica de la sociedad anónima de autos a los actores, por lo cual se declara inadmisible la subrogación en el pago realizado, en tanto no pagó una deuda ajena sino propia por lo cual no podía subrogarse en el cobro iniciado por los arrendadores.
Otros · Derecho comercial
DEFINITIVA 298/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual amparó la demanda promovida por la actora y condenó a la demadnada a escriturar a favor de la actora el inmueble de autos. Señala la Sala que el préstamo fue concedido antes de la finalización del plazo estipulado para el otorgamiento de la escritura, por lo que la actora no incurrió en incumplimiento de la referida obligación.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 303/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 4 de noviembre de 2025
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual amparó parcialmente las impugnaciones deducidas y calificó el crédito de autos como subordinado por la especial relación de la acreedora con la deudora (art. 111 num. 2o LCRE), y por la totalidad de las sumas oportunamente verificadas, modificándose en el punto la lista de acreedores de la masa activa del concurso. La Sala coincide, en lo sustancial, con el análisis efectuado por el magistrado actuante de la prueba allegada a la causa, que lo llevaron a entender que se había probado la existencia y causa de los créditos verificados, si bien procedía cambiar su calificación a crédito subordinado por la relación existente entre la acreedora y la concursada, conforme a lo previsto en el artículo 111 numeral 2 de la Ley No. 18.387.
Proceso concursal · Derecho concursal
INTERLOCUTORIA 1191/2025 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 4 de noviembre de 2025
El Tribunal revoca la sentencia interlocutoria que dispone medidas cautelares, en tanto no encuadra la situación en las previsiones de la ley 19580, por no tratarse de violencia de género.
Proceso civil extraordinario · Derecho de familia
DEFINITIVA 285/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 4 de noviembre de 2025
En el marco de un proceso, en el cual la parte actora fundó su derecho a reclamar la suma de los arriendos percibidos por el demandado por arrendamiento de cosa ajena y propia de la accionante (USD 252.455), en el instituto del enriquecimiento sin causa (art. 1308 del C. Civil). De otro lado, reclamó los daños y perjuicios por la depreciación del valor de la maquinaria como consecuencia del uso al que las mismas fueron sometidas (depreciación que estimó en un valor de USD 80.000), en este caso con fundamento en lo dispuesto por el art. 1319 del C. Civil, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó al demandado a abonar a la acotra la suma de USD 252.455, más intereses desde la fecha de presentación de la demanda.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 429/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
En el marco de una demanda incidental de recusación contra la Sra. Juez “a quo”, en aplicación de los artículos 325 y 326.4 del CGP, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, desestimó la recusación planteada. Considera la Sala, que no se verifica la causal de prejuzgamiento invocada.
Proceso incidental · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1190/2025 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 4 de noviembre de 2025
El Tribunal revocó la sentencia apelada por la cual se decretó el cese de la pensión alimenticia en favor de la denunciante; y en su lugar dispuso mantener la pensión alimenticia provisoria fijada. La decisión adoptada por la Sala se debe a que la pensión alimenticia fijada al tenor de lo establecido en el artículo 67 de la ley 19.580 y como medida especial de protección, “Tiende a proteger la decisión de las víctimas de denunciar a quien es proveedor de alimentos, pero en cuanto cese la urgencia, corresponde la intervención del juzgado de la materia de familia común...” ; por lo que todo reclamo que implique modificar la resolución liminar adoptada en términos de urgencia relativa a pensión alimenticia deberá plantearse ante la sede de familia correspondiente. También se procedió a revocar las providencias por las cuales se designó defensora a la menor (hija de las partes) y se le confirió traslado de los recursos; por no corresponder, ya que el único punto que está en debate es el cese de la pensión alimenticia fijada a favor de la denunciante y no de la niña.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 304/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
Revócase la sentencia interlocutoria impugnada, y en su lugar, declárase que prescribieron los créditos anteriores al 15 de junio de 2020.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 283/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 4 de noviembre de 2025
En el marco de un proceso, en el cual los actores acumulan dos pretensiones: acción redhibitoria (por vicios ocultos) y acción indemnizatoria por daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral), contra la Administración del Edificio (en la persona de su administrador), y contra los copropietarios, por problemas de humedad en su unidad (001), el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, la cual acogió la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por uno de los codemandados, desestimó la defensa de prescripción opuesta por el resto de los codemandados y desestimó la demanda en todos sus términos. Señala la Sala que luego de valorar las probanzas diligenciadas a la luz de los agravios esgrimidos por el apelante, comparte con el decisor que la demandante no cumplió con la carga de la prueba (art. 139 C.G.P.), pues no surge acreditado en legal forma el origen de las humedades en la unidad 001. Todo lo referido por los informantes, así como por otros testigos calificados (personas que trabajaron en el Edificio), dice que se constataron humedades, pero cuestión diferente es determinar la o las causas de las mismas para saber a quien responsabilizar y en que proporción (hay varias posibles causas). Por otro lado, aún en el caso de que se hubiese probado en legal forma el origen de las humedades existentes en la unidad 001 e identificar así a los responsables, la pretensión de condena indemnizatoria no hubiese podido prosperar por falta de cumplimiento de la carga de la debida alegación y orfandad probatoria en relación a los daños alegados.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 305/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 4 de noviembre de 2025
Por sentencia de primera instancia se regularon los honorarios del Rematador en la suma de U$S 625, con intereses desde la fecha de la demanda regulatoria y hasta su efectivo pago. El Tribunal confirmó la sentencia impugnada, salvo en cuanto al monto de la condena, que se fija en la suma de U$S 2.500, siendo de recibo el agravio del actor; ya que la suspensión del remate no se produjo por decisión del ejecutante, sino del Tribunal. Por lo cual deviene aplicable la regla general prevista por el art. 392.1 y 388 del CGP, pues, en definitiva, la labor del rematador ingresa en el concepto de costas del proceso de cesación de condominio. Así las cosas, atendiendo a que el art. 5° del decreto ley N° 15.508, establece que corresponde abonar la mitad de la comisión total que le hubiere correspondido al Rematador si aquél se hubiere efectuado, el guarismo a tomar en cuenta es el 4% y no el 1%. El agravio respecto a que no hubo condena expresa en la sentencia de primera instancia, es más aparente que real, ya que claramente el dispositivo impugnado reguló concretamente los honorarios, por lo que se trata de una sentencia declarativa y de condena. Por último, cabe señalar que se advierte que el demandado no litigó con ligereza culpable y menos aún con malicia temeraria como para imponer condena en costos y costas.
Regulacion de honorarios · Derecho civil

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