INTERLOCUTORIA 478/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 18 de setiembre de 2025Importancia alta

La Sede a-quo tuvo por ilegalmente efectuada la detención del imputado en la presente causa.El Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.Elevados los autos al Tribunal de Apelaciones, se resolvió revocar y disponer que la detención practicada lo fue conforme a la ley.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 167/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 18 de setiembre de 2025

Por sentencia de segunda instancia se falló: revocar la sentencia interlocutoria impugnada disponiendo en su lugar que se difiera el pronunciamiento sobre la cuestiones relativas a la caducidad para el momento del dictado de la sentencia definitiva. En virtud de ello se ordenó el apartamiento del proceso del Sr. Magistrado que adelantó opinión sobre cuestiones debatidas. La Sala entendió que si bien la excepción de caducidad, resulta de previo y especial pronunciamiento, nada impide que en determinadas circunstancias, su análisis se efectúe previamente, pero, en la sentencia definitiva y antes de ingresar, si correspondiere al examen del fondo del asunto.

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 491/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº · 18 de setiembre de 2025

Se declara admisible el proceso abreviado

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 233/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 18 de setiembre de 2025

La sentencia de primera instancia amparó la demanda, condenando a la Fiscalía General de la Nación, a abonar a los actores, las diferencias salariales consignadas en el fallo respecto de cada uno de ellos, más interés legal desde la demanda. Y asimismo, amparó la pretensión de condena de futuro. La parte demandada interpuso recurso de apelación, y la actora adhirió al mismo, agraviándose por no haber dispuesto la recurrida, los reajustes legales correspondientes. El Tibunal confirma la sentencia impugnada, salvo en cuanto: no dispuso el reajuste de las cantidades objeto de condena, debiendo realizarse el reajuste correspondiente desde la exigibilidad de cada diferencia salarial adeudada, hasta su efectivo pago conforme a lo dispuesto por el DL 14.500; y en cuanto no ordenó la realización de los descuentos legales pertinentes, disponiendo en su lugar la realización de los mismos en cuanto correspondan.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 971/2025 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 18 de setiembre de 2025Importancia alta

Desestímase el recurso de apelación interpuesto por los actores incidentales y, en su mérito, confírmase la sentencia interlocutoria N° 7921/2024, con costas y costos. La sentencia impugnada dispuso tener por no justificada la incomparecencia de la parte actora a la audiencia que se realizó el 20 de diciembre de 2024. El Tribunal, como sostuvo en su sentencia interlocutoria N° 558/2024 (publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez), entiende que la circunstancia planteada en el recurso en análisis –residir en el exterior- encarta en la noción de motivo fundado que habría habilitado a los Sres. Lourdes, Juan y Marcelo Fusari a comparecer a la audiencia por medio de representante (art. 340.1 inc. 1 del C.G.P., aplicable por disposición del art. 321.2 inc. ++4 de dicho código). No obstante, no habiendo presentado poder para pleitos, a Sala concluyue que no se logró acreditar razón de fuerza mayor con las notas de imprevisibilidad e -irresistibilidad que la caracterizan.

Proceso civil extraordinario · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 476/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 18 de setiembre de 2025Importancia alta

Se mantiene la prision preventiva

Proceso penal ordinario · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 166/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 18 de setiembre de 2025

Por sentencia interlocutoria de primera instancia se dispuso declinar competencia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil que por turno corresponda. El Tribunal procedió a revocar la sentencia impugnada y en su lugar,declaró al tribunal A Quo competente por razón de materia para conocer en el presente proceso. Siendo que la demanda de autos se trata de una acción reparatoria patrimonial por hechos y acto administrativo de una persona pública estatal (concretamente la Resolución del Directorio del B.S.E. No 0427/2020), que determina que la acción encuadre en un proceso contencioso administrativo de reparación, es competencia de los Juzgados Letrados de lo Contencioso Administrativo, conforme la norma legal atributiva de competencia (art. 1 de la ley 15.881).

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

DEFINITIVA 232/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 18 de setiembre de 2025

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda de daños y perjuicios por responsabilidad médica. La parte actora interpuso recurso de apelación, agraviándose en cuanto la recurrida no atribuyó responsabilidad por falta de servicio a ASSE por la demora en la asistencia; por la falta de una atención adecuada en la atención primaria, y por haber desconocido los dictámenes periciales que fueron contestes en poner en evidencia las deficiencias en la documentación de la historia clínica de la actora llevada por ASSE. Entiende la Sala que de conformidad con lo dispuesto por el art. 24 de la C.N., arts. 1342 y 1555 del C. Civil y disposiciones normativas concordantes, la codemandada ASSE debe responder por la conducta culposa de sus auxiliares (médicos actuantes en las primeras actuaciones) determinante del incumplimiento de la obligación asistencial que gravaba a la codemandada ASSE; en tanto se trata de los sujetos que colaboran o sustituyen a la institución deudora (ASSE) a los efectos del cumplimiento de su obligación asistencial. Por lo tanto, el Tribunal condena a la codemandada ASSE a pagar a la accionante la cantidad de U$S 6.400, con más intereses legales desde la demanda.

Proceso civil ordinario · Derecho contencioso estatal

INTERLOCUTORIA 973/2025 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 18 de setiembre de 2025

En el caso de autos, si bien podría entenderse que el presente proceso quedó sin objeto en virtud de que se dictó sentencia definitiva en la misma fecha que el expediente pasó a estudio de las Sras. Ministras, se procedió a revisar la decisión adoptada; confirmándose la sentencia apelada por la cual se establece un régimen de visitas provisorio supervisado que se llevará a cabo en la Unidad de Intervención Familiar de INAU dos veces por semana por un período de dos horas cada uno autorizando asimismo a tener vínculo en dicho régimen a la hermana del menor. No obstante la negativa del niño a ver a su padre en una primera instancia, el proceso de revinculación funcionó bien; siendo ello positivo para lograr el efectivo goce del derecho del niño a comunicarse de la mejor manera con su padre.

Proceso civil ordinario · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 527/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 18 de setiembre de 2025Importancia alta

Se revoca decisión que deja sin efecto la libertad anticipada.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 150/2025 · Tribunal Apelaciones Familia 2 T · 18 de setiembre de 2025

Se confirma la sentencia impugnada que desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva y desestimó la demanda. Estima la Sala que mal puede entenderse que la negativa de la progenitora configura el requisito de la ilegitimidad manifiesta, por tanto se irá a la confirmatoria anunciada.

Proceso de amparo · Derecho de familia

DEFINITIVA 213/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 17 de setiembre de 2025

El Tribunal confirma la sentencia definitiva apelada, salvo en cuanto amparó el reclamo de diferencias de salarios e indemnización por despido, en lo que la revoca y en su lugar, absuelve a la parte demandada de la condena a abonar dichos rubros.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 221/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 17 de setiembre de 2025

Se condena al pago de rubros salariales e incidencias.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 192/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 17 de setiembre de 2025

Se confirma la sentencia apelada que condena a PRODOMUS SRL y a la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO a pagar en forma solidaria a Raimel Rodríguez la suma de $ 153.756 (pesos uruguayos), por los conceptos detallados en esta sentencia, más reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, un 15 % sobre los rubros salariales en concepto de daños y perjuicios preceptivos, y un 10% por concepto de multa legal. La Sala mantiene la posición asumida en anteriores pronunciamientos, que como con acierto estableció la recurrida, la justicia laboral es competente desde el punto de vista material para conocer en este proceso, por lo corresponde confirmar la sentencia apelada en dicho punto. Asisimo, la Sala concluye que la indemnización por despido, la multa prevista por el art. 29 de la Ley 18.572, así como los daños y perjuicios preceptivos, también constituyen obligaciones, no hay duda que la recurrente Intendencia de Montevideo, debe responder por el pago de estos rubros.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 214/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 17 de setiembre de 2025

CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, EXCEPTO EN CUANTO NO HIZO LUGAR AL RUBRO DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA DE APORTES AL B.P.S. POR PARTE DE LA CODEMANDADA FESKYL S.A. EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR CONDENASE A FESKYL S.A. AL PAGO DE DICHO RUBRO POR EL PERÍODO JUNIO DE 2019 A JUNIO DE 2020, SUMA FÁCILMENTE LIQUIDABLE.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 494/2025 · Tribunal Apelaciones Penal 2º Tº · 17 de setiembre de 2025Importancia alta

El Juez a quo rechazó la solicitud de la Defensa del imputado de realizar una pericia técnica por expertos del ITF, sin noticia fiscal. El Tribunal revoca la sentencia interlocutoria recurrida por la Defensa, y, con carácter reservado, autoriza las pericias psicológicas solicitadas por la defensa a realizarse por técnicos del ITF, en los términos especificados en su petición.

Proceso penal ordinario · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 223/2025 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 17 de setiembre de 2025Importancia alta

En el caso, la parte actora promovió proceso de cobro de pesos y reparación patrimonial contra la Intendencia Departamental de Montevideo. Indicó que es funcionario de la demandada. Como resultado de un concurso interno, pasó a desempeñar funciones en la Auditoría Interna de dicho organismo, hasta que fue asignado a Contaduría General. Posteriormente le asignaron el cargo de contador dentro de la Contaduría General. Aprobó concurso para Contadores Públicos funcionarios de la Intendencia de Montevideo a los efectos de acceder a grados SIR 17 y 18. El resultado de dicho concurso fue aprobado por resolución , obteniendo el No. 6 en el orden de prelación. Sin perjuicio de la asignación de dicho grado, la Intendencia le postergó en la carrera administrativa, generándose una situación de aflicción y la obvia pérdida patrimonial derivada de un menor ingreso salarial. Durante los últimos 10 años se han producido diversas vacantes en cargos de Contador Público de grado SIR 18, superior al que se le asignara (SIR 17) y la Administración prescindió del orden de prelación, no proveyendo las vacantes. La Administración ha obrado, tanto al momento de proveer vacantes de contador grado SIR 18 como de asignar funciones de Dirección y Conducción del servicio donde se desempeñó durante tantos años, en abierto desconocimiento del resultado del concurso, menoscabando así su carrera administrativa A partir del 2017 se le disminuyeron las horas de trabajo de 6 a 4 diarias, sin expresión de fundamento alguno. Peticionó la recomposición de su carrera administrativa, recayendo resolución denegatoria por parte de la demandada . Dicha resolución fue recurrida y el recurso de reposición fue denegado. Reclama asimismo, por la omisión de la demandada en la liquidación y pago de partidas complementarias correspondientes a los funcionarios de la Contaduría General Reclamó daños y perjuicios por daño patrimonial emergente de la diferencia de salario entre su cargo presupuestal grado SIR 17 4 horas semanales y el cargo grado SIR 19 6 horas semanales. En cuanto a la cuestión de fondo: Se coincide con el Juez a quo en que el planteo no fue correcto. El actor no concursó para un cargo de dirección SIR 19, la Cra. González fue designada interinamente por discrecionalidad de la Administración. Aunque pudiera no ser razonable que un interinato se prorrogue durante tantos años, el tema es que el actor no tenía derecho subjetivo ni interés legítimo en relación a ese cargo porque el concurso que dio fue para el cargo SIR 18, no obtuvo el primer lugar sino que quedó en una lista de prelación y tenía 5 contadores antes que él para el cargo SIR 18, no para un cargo de dirección SIR 19. No efectuó liquidación ni reclamo económico en relación al cargo SIR 18, al que además tampoco tenía derecho desde el 2015, sino en todo caso, si hubiera alegado y acreditado que se hubieran llenado los cargos vacantes SIR 18 y lo hubieran salteado, ahí recién tendría un derecho subjetivo, si no lo hubieran designado luego de haber designado a los 5 colegas que quedaron antes que él. La Intendencia no tenía la obligación de llenar los cargos y el actor no alega que los hubiera llenado salteándolo a él. Si bien se comparte con el recurrente que la lista de prelación se prorrogó hasta el 2024, porque la última prórroga implícitamente la mantiene vigente hasta esa fecha, el actor no alegó ni acreditó que se hubieran designado contadores en el cargo SIR 18 que no estuvieran en esa lista de prelación o que estuvieran en un lugar más abajo que él. Los cargos de dirección son diferentes. La Sala no considera ilegítimo que la Intendencia no haya considerado esa lista de prelación el cargo SIR 18 para designar cargos de dirección. El recurrente dice que el reclamo de pérdida de chance está claramente comprendido en la pretensión formulada. Por más que se adopte una posición amplia en la interpretación de la demanda, no surgen de la misma hechos suficientes para subsumirlos en una pretensión de pérdida de chance. Es decir, estando a las resoluciones, desde el 19 de enero de 2019 al 13 de mayo de 2019 el actor se supone que estuvo en Contaduría General que era su lugar de origen y por tanto debió cobrar la compensación que reclama. La demandada si bien dice que hay que cumplir con ciertos requisitos, no especifica por qué el actor no los habría cumplido (salvo el periodo de pase en comisión), ni acredita donde trabajó el actor desde enero de 2019 que es cuando se había dejado sin efecto el pase en comisión a la Junta hasta mayo de 2019 que lo asignaron a otra repartición. Por lo que se entiende que por esos meses procede revocar y hacer lugar al reclamo.

DEFINITIVA 197/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 17 de setiembre de 2025

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, salvo en cuanto desestimó los rubros: horas extras, descansos semanales y feriados, en lo que se revoca y en su lugar, se condena A SU PAGO, conforme a la liquidación presentada por EL ACTOR, más 10% de daños y perjuicios, multa, reajustes e intereses hasta la fecha del efectivo pago. En el caso, el accionante no demostró que la codemandada Riet, pareja de quien admitió la relación laboral, fuese también su empleadora. Ello no se deriva de la supuesta calidad de dueños de otros locales del rubro gastronómico en la ciudad de Durazno, máxime cuando no existe prueba fehaciente sobre tales extremos. La Sala concluye que corresponde hacer lugar a las horas extras reclamadas en la medida que la demandada no ha cumplido con la carga de acreditar el efectivo pago de las horas extras por un medio idóneo, las que ni siquiera identifica ni precisa su número, corresponde condenar al empleador a su pago.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 199/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 17 de setiembre de 2025

Se confirma la sentencia apelada que desestimó la excepción de prescripción interpuesta por Citibank NA Sucursal Uruguay, acogió la falta de legitimación pasiva interpuesta por Gabriel González y desestimó la demanda en todos sus términos. La Sala concluye que en el caso de marras, conforme a la prueba recabada en autos, se verificó la continuidad de la relación laboral del actor. La misma no se extinguió, por el cambio de la figura del empleador. Y que, aun considerando que lo único que existió, fue la venta de una parte del negocio de IPB US a Insigneo International Asesores de Inversión Uruguay S.A., ello no modifica las conclusiones, puesto que tal hipótesis también importa la sucesión de la figura del empleador. Respecto a la novación, esta Sala destaca que la misma no se llevó a cabo con las demandadas, sino con quien sucediera a Citi Asesores y tal como lo destaca acertadamente la recurrida, el actor aceptó la propuesta de Insigneo y no se acredita la existencia de perjuicio alguno en su remuneración o condiciones laborales. Finalmente, a diferencia de lo expuesto por el agraviado, La Sala entiende que no se demostró la existencia de un trato discriminatorio entre los distintos trabajadores del Grupo Citi. Por el contrario, los empleados de Citi Asesores y quienes trabajaron para el Citibank cumpliendo funciones en la oficina de IPB en la Ciudad Vieja, se encontraban en posiciones diferentes.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 194/2025 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 17 de setiembre de 2025

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, salvo en cuanto a los montos de las liquidaciones por licencia y salarios vacacional, en lo que se revoca y en su lugar, se dispone estar a los recepcionados en la presente.

Proceso laboral · Derecho laboral