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DEFINITIVA 182/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se condenó al MSP a cubrir el D ISPOSITIVO DE ESTIMULACIÓN MEDULAR , así como los componentes para su implantación, conforme a lo requerido por el médico tratante, y demás prestaciones solicitadas no incluidas en el PIAS, en plazo no mayor a 5 días, a través de los procedimientos y canales administrativos que correspondan. Ello por cuanto a entender de este Colegiado, la negativa del MSP comporta por sí sola una manifiesta ilegitimidad por afectación del derecho constitucional de la accionante (diagnosticada con escoliosis e hiperlaxituda) la salud, a la asistencia sanitaria integral y de calidad.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 181/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la condena impuesta al MSP en el grado anterior, a proporcionar al actor (quien padece cáncer de PÁNCREAS), el fármaco ERDAFITINIB , en el plazo de 24 horas, de acuerdo con las indicaciones de su médico tratante, y durante todo el tiempo que éste lo indique. Este Colegiado entendió que la omisión del MSP en otorgar el fármaco al actor lesiona, con ilegitimidad manifiesta, el derecho a la vida y a la salud.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 307/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 15 de junio de 2026Importancia alta
Se revoca arresto domiciliario por incumplimiento y se dispone la prisión preventiva.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
DEFINITIVA 194/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 15 de junio de 2026
En el marco de una demanda de indemnización por los daños y perjuicios invocados como consecuencia de accidente de tránsito, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, coincide con el A Quo en cuanto a que la causalidad en el accidente es compartida siendo razonable fijar la coparticipación en el 50 % a cada uno de los involucrados. La Sala comparte con el decisor de primer grado en cuanto a que de conformidad con la presunción de culpa que pesa sobre el conductor del vehículo en atención a lo establecido en el art. 1324 del Código Civil, corresponde atribuirle al conductor parte de responsabilidad en el siniestro y no la totalidad, en atención a que en el caso también procede el eximente de responsabilidad parcial “hecho de la víctima”.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 172/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia salvo en cuanto no hizo lugar a la pretensión de suspensión de obras peticionada y, en su lugar, se decreta la inmediata suspensión de cualquier obra o construcción en el padrón de autos. Si bien la Sala no desconoce que la normativa departamental vigente a partir del año 2011 (art. 9 del Decreto legislativo departamental No 1/2011 y Decreto legislativo departamental No 3/2014) prohíbe en la zona en cuestión la realización de construcciones en predios con una superficie inferior a las 5 hectáreas. En el subexámine, la Intendencia accionante, no logró acreditar (ni en el expediente administrativo, ni en este expediente jurisdiccional) que las construcciones existentes y erigidas en el padrón en cuestión se hubiesen realizado con posterioridad a la entrada en vigor de la referida prohibición. A criterio del Tribunal las circunstancias fácticas que habilitan a disponer la más grave medida prevista por la normativa vigente (demolición de construcciones) debieron ser acreditadas con certeza por la Intendencia accionante, ello por cuanto, la adopción de tan drástica medida (demolición de construcciones) implica la limitación o restricción del derecho constitucional a la vivienda, a la propiedad, y en cierta medida a la libertad.
Otros · Derecho administrativo
DEFINITIVA 193/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 15 de junio de 2026
En el marco de un juicio en el cual la parte actora pretende indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, desviación de poder y daño moral por acoso laboral contra la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda en todos sus términos. La Sala comparte las conclusiones a las que arribó la Sra. Jueza A Quo en cuanto a que el actor no logró acreditar (independientemente de si los testimonios aportados al proceso pueden ser calificados o no de “sospechosos”), la situación de acoso laboral denunciada y que motivaba el litigio. En el caso, se coincide con lo resuelto en primera instancia en cuanto a que la parte actora no cumplió con la carga de probar los hechos específicos articulados en la demanda que comprobaban el acoso y hostigamiento que ejercía el Encargado contra su persona. El actor no logró probar las inasistencias que le habría contado el Encargado en días que habría ido a trabajar y que habrían provocado el cese del vínculo, tampoco probó que en forma voluntaria el Encargado haya provocado que se le cayera bitumen encima en una de las tareas que estaba desarrollando, no acreditó que lo haya dejado trabajando solo en determinado lugar y que debiera haber vuelto caminando, tampoco probó que lo hayan acusado de haber robado una herramienta de trabajo en forma infundada. Lo que sí probó es el mal trato verbal del Encargado para con su persona, pero dicho mal trato no era particular y específico contra él, sino más bien era una forma de proceder para con la casi totalidad de sus subordinados.
Proceso civil ordinario · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 100/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 15 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto mantuvo la clausura dispuesta, disponiéndose la suspensión de la misma por el plazo de 90 (noventa) días a los efectos de lo solicitado por el recurrente. El Tribunal entiende que la sanción de clausura solicitada por la parte actora y dispuesta por el tribunal a quo resulta, a la luz de elementales principios generales del derecho sancionatorio, absolutamente desproporcionada. En efecto, no resulta novedoso señalar que en el marco referido toda sanción debe observar, como regla, un criterio gradual, admitiéndose solo para casos excepcionales el empleo directo de las sanciones más graves previstas para el caso de incumplimiento de las exigencias legales o administrativas impuestas a determinada actividad. La aplicación directa (sin previa advertencia, sin previa amonestación y sin previa aplicación de una multa) de la muy severa sanción de clausura por esa sola omisión administrativa asoma como una medida que desconoce por entero los clásicos principios de gradualidad y proporcionalidad de las sanciones. No obstante lo anterior, en la medida que ello no fue lo solicitado por el apelante, que solo se limitó a pedir la suspensión de la clausura por 90 días para regularizar la situación registral de la empresa, el principio de congruencia circunscribirá el pronunciamiento del Tribunal a acceder a lo solicitado por el apelante.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 188/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 12 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a las excepciones de manifiesta improponibilidad de la demanda, falta de legitimación activa y pasiva opuestas por el demandado y en su mérito, dejó sin efecto el decreto liminar No. 1385/2024, desestimando la demanda en todos sus términos. En el caso de autos tratándose de bienes inmuebles y de conformidad a la normativa aplicable, el dominio respecto de los mismos debe acreditarse mediante la escritura pública correspondiente, inscripta en el Registro respectivo (Art. 1664 nal. 1o C.C.). La parte actora con la demanda promovida no acompañó la o las respectivas escrituras públicas correspondientes, sino que acompañó la información registral que luce glosada de fs. 10 a 23 y de fs. 33 a 40 (ésta última ante lo informado por la Oficina Actuaria). El actor invocó que no tenía en su poder los títulos de propiedad respectivos, y que los mismos estaban en poder del otro condómino, pero no acompañó tampoco certificado notarial respecto de los mismos. Entiende la Sala que en autos no procede la condena a la parte actora en costas y costas, ni únicamente en costas, en virtud de que como concluyó el Sr. Juez “a quo” la conducta de las partes en la instancia anterior no amerita especial sanción procesal, no surgiendo de la recurrida que el sentenciante hubiera concluido que el actor actuó con ligereza culpable y/o con malicia temeraria.
Proceso monitorio · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 302/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 12 de junio de 2026
Se desestima excepción de nulidad interpuesta.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
DEFINITIVA 190/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 12 de junio de 2026
En el marco de una demanda de daños y perjuicios por concepto de responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó parcialmente la Sentencia Interlocutoria No 73/2025 en cuanto hizo lugar a la agregación del compromiso de compraventa de automotor obrante de fs. 67 a 68 y revocó la Sentencia Definitiva No 26/2025 dictada en autos y en su mérito desestimó la demanda en todos sus términos. Señala la Sala que si la actora pretendía acreditar que había adquirido el vehículo mediante el contrato de compromiso de compraventa obrante a fs. 67 y 68 y el precio por el cual lo adquirió como el elemento a los efectos del reclamo por daño emergente, debió invocar dicha circunstancia y acompañar el contrato referido con la demanda, en virtud de que el Art. 117 nal. 4 del C.G.P establece que la misma debe contener la “narración precisa de los hechos” y “los medios de prueba pertinentes", lo que no hizo la parte actora, cuando ello era su carga en mérito a lo establecido por el Art. 139 del C.G.P. En efecto, el compromiso de compraventa y el precio que se pagó por el vehículo, es de fecha claramente anterior a la demanda y conocido por la parte actora antes de la promoción de la misma. Con relación a la sentencia definitiva, señala la Sala que el evento dañoso, el accidente, derrape y vuelco que protagonizara la camioneta conducida por el actor, no es atribuible a un accionar imprudente, negligente, imperito del demandado, sino que es atribuible a la conducta de la propia víctima. El actor en definitiva no fue en la instancia dueño del poder de control del vehículo, no cumpliendo con lo establecido por el Art. 24 de la Ley de 18.191 de Seguridad Vial.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 144/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 12 de junio de 2026
El Tribunal revocó la sentencia interlocutoria apelada, en cuanto denegó la realización de la pericia médica y en su lugar admítese dicho medio de prueba, exclusivamente con el objeto determinado en este pronunciamiento; debiendo remitirse las actuaciones al subrogante natural. A criterio de la Sala el rechazo de tal medio probatorio implica un cercenamiento del derecho de defensa; ya que la prueba idónea para ponderar el grado de disminución cognitiva o de vulnerabilidad de la accionante, a la hora de apreciar si la renuncia presentada es válida o no, es la pericia solicitada.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 113/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 12 de junio de 2026
Se confirma la sentencia apelada salvo en cuanto dispuso diferir la determinación de la cuantía de lo adeudado por el BSE, por concepto de rentas impagas por incapacidad a actor, al procedimiento regulado en el artículo 378 del c.g.p, y en cuanto a los porcentajes y lapsos abarcados determinados por la sentencia apelada, puntos en los cuales se revoca la apelada disponiéndose en su lugar que la determinación de lo adeudado al actor por concepto de rentas impagas, interés legal, reajuste y multa legal, se establece, según valores, lapsos, porcentajes y fechas expresados en lo considerandos de la presente por el lapso comprendido en el presente pronunciamiento y hasta el efectivo pago, lo cual resulta fácilmente liquidable. La Sala entiende que la obligación del B.S.E no se agotaba en fechas puntuales como pretende la demandada, en autos sino que su obligación de servir las rentas adecuadas a las secuelas que le dejó el accidente de trabajo sufrido, se prolongaba en el tiempo dado que la normativa vigente, además le impone al B.S.E las revisiones periódicas para las modificaciones de los baremos de discapacidad que a su vez sirven de base para el cálculo de las rentas. Por lo tanto es de total rechazo el planteo de la demandada que pretende que a partir de la fecha del alta del actor, alta que además no era definitiva y que motivó ulteriores intervenciones comenzaría a computarse un plazo desfavorable al actor. Por las razones antedichas, bajo cualquier punto de vista o instituto extintivo la demandada no logra evidenciar con sus argumentos que en autos sea de aplicación el instituto de la caducidad que extemporáneamente alega.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 107/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 12 de junio de 2026
En el marco de un reclamo por el pago de licencia, salario vacacional, indemnización por despido especial por enfermedad común y en subsidio indemnización por despido común, daños y perjuicios preceptivos y la multa que prevé el artículo 29 de la ley 18.572, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó a los empleadores y al Ministerio de Industria Energía y Minería, este último en forma solidaria a abonarle al actor la suma de $ 659.947,6 suma que se encuentra actualizada con sus intereses legales y multa, debiendo sumarse a su pago el 10% de daños y perjuicios sobre los rubros de naturaleza salarial, debiendo actualizarse hasta su efectivo pago.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 108/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 12 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda. Señala la Sala que la ausencia de conciliación administrativa ante el MTSS no tiene como consecuencia la inadmisibilidad de la demanda, por cuanto carece de fundamento legal que la respalde, si la sede advierte que durante el proceso, dicho requisito, previsto en el art. 3ro de la Ley 18572, no fue cumplido, corresponde que disponga que se de cumplimiento al mismo, suspendiendo el proceso hasta que se acredite su cumplimiento (art. 298 CGP), pero no corresponde desestimar la demanda. Por otro lado, la Sala coincide con lo expresado en la sentencia de primera instancia, en tanto surge de autos que la parte actora no acredito estar legitimada activamente ni la demandada pasivamente por cuanto no quedo acreditada la relación laboral alegada.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 137/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 12 de junio de 2026
A juicio del Tribunal, no resulta de recibo a lo alegado por el MEF en cuanto a discutir si el IRPF que declaró o liquidó el actor está bien o mal hecho, como bien dice la facultad de controlar el efectivo pago del IRPF ya sea por la vía de anticipos o pago global, será de la DGI cuando califique o estudie cada una de las liquidaciones que los actores deberían presentar como consecuencia del cobro de la condena judicial si así lo entendieran. En el caso se trata de cumplir con la sentencia interlocutoria mencionada que pasó en autoridad de cosa juzgada y para el caso de existir diversidad de criterios en cuanto a cómo seliquida el IRPF no es el ámbito para hacerlo, ni es el MEF como tal sino la DGI la que debería hacerlo.
Proceso incidental · Derecho procesal
DEFINITIVA 143/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 12 de junio de 2026
En autos, se presentó demanda laboral; reclamando diferencias salariales, presentismo, partida de alimentación, compensaciones, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido e incidencias, daños y perjuicios preceptivos y multa. Por sentencia de primera instancia, recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, se condenó a los demandados a abonar al actor Nabor Molina la suma de $ 315.758, y al actor Germán Braggio la suma de $ 87.867, por los conceptos referidos en la sentencia, más un 10 % en concepto de daños y perjuicios sobre los rubros de naturaleza salarial, un 10 % en concepto de multa legal, reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago Ello por cuanto la tarea del trabajador no define el Grupo de Actividad de la empresa, sino que es a la inversa; es la actividad de la empresa para la cual se trabaja, la que define el grupo y, por ende, la normativa a aplicarse.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 136/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 12 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual fijó los honorarios del interventor veedor en la suma de $ 338.449 mas IVA.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 189/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 12 de junio de 2026
En el marco de un juicio en el cual la parte actora solicita el cobro de facturas de adeudos de rentas por subarriendo de espacios de oficinas y depósitos, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda en todos sus términos. A juicio del Tribunal, no cabe invocar la existencia de un contrato de arrendamiento, subarrendamiento, deposito que reconozca como fuente jurídica el incumplimiento de una cláusula prohibitiva establecida en el contrato de arrendamiento celebrado por la actora. Resulta de aplicación lo establecido por el artículo 1291 CC que establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes al uso o a la ley. Entiende el Tribunal que toda acción (convención) que pretenda fundarse en el uso del inmueble por parte de la actora que tenga relación con pago de arriendo o gastos por uso de la superficie reconoce una causa ilícita en tanto fue prohibida por la ley celebrada ente la partes (artículo 1288 CC) lo cual configura una nulidad de tipo absoluto lo cual corresponde relevar conforme al principio IURI NOVIT CURIA. En consecuencia, no corresponde el reclamo con fundamento en subarriendos o gastos derivados de estos por reconocer una causa ilícita lo que a juicio del Tribunal sella la suerte de la demanda en forma adversa.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 191/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 12 de junio de 2026
En el marco de un juicio por omisión de la Administración al derecho al ascenso, al derecho a la carrera administrativa, compensaciones, lucro cesante y daños y perjuicios contra el Ministerio del Interior, en calidad de reparación por el término que no han tenido derecho al ascenso, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda instaurada. No se advierte que se hayan vulnerado, violentado los principios de legalidad, mérito y estabilidad de la función pública. Procede señalar asimismo que es admitido tanto en doctrina como en jurisprudencia, que los funcionarios públicos tienen “derecho al ascenso” dentro de la “carrera administrativa” y no “derecho a ascender”, ya que la Administración no se encuentra obligada a llenar las vacantes, pudiendo no hacerlo inmediatamente o bien suprimir los cargos que han quedado en esa condición. Como se expresara en la recurrida solo por Ley de Presupuesto se pueden crear cargos, en virtud de que mediante dichas normas se preve los recursos para los cargos. En mérito a ello a los efectos de que exista obligación de la Administración demandada de reparar los perjuicios que se reclaman, debe haber existido de parte de la misma un hecho ilícito, que esté causalmente vinculado a los perjuicios cuya reparación se reclama, no surgiendo de autos que la demandada en este caso haya incurrido en ilicitud.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 167/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 12 de junio de 2026
Estima el Tribunal que ante el claro incumplimiento del accionante de la carga de relatar clara y circunstanciadamente los hechos en los que fundaba su pretensión del pago de viáticos, corresponde hacer lugar a la apelación deducida por la parte demandada, rechazando la pretensión entablada en todos sus términos.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

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