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DEFINITIVA 140/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 10 de junio de 2026
Se confirma la sentencia apelada que condenó a PRODOMUS S.R.L. y al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en forma solidaria, a abonar al actor los rubros, horas extras, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, e indemnización por despido, por los montos que se liquidan en la demanda, con un 10% de daños y perjuicios preceptivos sobre los rubros de naturaleza salarial y un 10% de multa legal, con reajustes e intereses desde la fecha de promoción de la demanda y hasta el pago efectivo. Tratándose de un reclamo formulado por un trabajador a efectos de perseguir en juicio el cobro de diversos rubros laborales que se regulan en base a normas de Derecho Laboral Privado, en que se demanda a su empleadora directa Prodomus S.R.L. y como garante en virtud de la responsabilidad establecida en las Leyes de Tercerización al Ministerio de Desarrollo Social, no habiendo duda en consecuencia que estamos ante un “asunto originado en un conflicto individual del trabajo”, por el mismo razonamiento, también se concluye que el proceso aplicable, no es otro que el proceso laboral ordinario previsto en la Ley Nº18.572, en su actual redacción dada por la Ley Nº18.847. Si bien puede admitirse que el punto de la competencia, no determina el procedimiento a aplicar, de todos modos, no se comparte la posición de la parte recurrente, pues entendemos que el art. 341 de la Ley 18.172, cuando excluye a los casos en que sea parte una Administración Estatal, se limita a regular el punto de la competencia, pues a ello es a lo único que se refiere en el párrafo siguiente, no estableciendo absolutamente nada respecto del procedimiento. En relación a los agravios esgrimidos por MIDES por la condena al pago de la indemnización por despido y multa, los mismos tampoco resultan de recibo. Al respecto, se comparte plenamente la argumentación de la recurrida a fs. 176-180
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 178/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 10 de junio de 2026
La Sala confirma la sentencia definitiva de primera instancia que desestimó la demanda de daños y perjuicios por responsabilidad médica, considerando que no fue probada la existencia de relación de causalidad adecuada entre la conducta cumplida por los dependientes/auxiliares de ASSE que prestaron asistencia al actor y el agravamiento de la enfermedad que el mismo padeció y/o padece y, por ende, menos aún la existencia del daño moral cuya indemnización se pretende circunscripto exclusivamente al sufrimiento padecido y que padece la parte actora por su situación sanitaria actual causada directamente por la mala praxis invocada de diagnóstico tardío y consecuente dilación en la prestación del tratamiento adecuado
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 146/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 10 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la parte actora, por la cual se amparó la excepción de prescripción y se declaró prescripta la acción. Ello por cuanto el ingreso en el SIDEJU no es presentación de la demanda ante tribunal competente, ni es tampoco una gestión jurisdiccional tendiente a preparar o asegurar el cobro del crédito formulada ante tribunal competente, por lo que en autos no se verificó tempestivamente acto interruptivo de la prescripción de la acción que había comenzado a correr el día siguiente al de la solicitud de audiencia de conciliación, o sea, el 24 de octubre de 2024 y se consumó el 24 de octubre de 2025; habiéndose presentado la demanda el 4 de noviembre de 2025.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 142/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 10 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a la demandada de la condena dispuesta en el grado anterior. Señala la Sala que tratándose de una trabajadora a la orden, no es posible concluir que, haya sido despedida el 27 de julio de 2025 mientras se encontraba certificada. En efecto, a esa fecha, no existía certificación médica vinculante en el ámbito del Decreto-Ley 14.407 y tampoco se ha acreditado que la demandada haya despedido a la actora; su envío al seguro de desempleo por suspensión de actividades no puede ser interpretado como tal. Esta medida solo suspende el contrato de trabajo, pero no configura el despido de la trabajadora. Compartiendo la Sala la posición del Dr. Castello, habiendo quedado evidenciado en el caso que, el empleador envió a la actora, luego del alta, al seguro de paro del 6.7.2025 al 5.11.2025 por suspensión temporal, por lo que, no habiéndose probado tampoco que la actora fue directamente despedida el 27.7.2025 y resultando que la empleadora en ningún momento le había dado de baja ante el B.P.S., entendemos que mal podía la trabajadora citar a conciliación reclamando la IPD doble el 24.9.2025, cuando aún no había culminado el término del subsidio por desempleo por suspensión.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 170/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 10 de junio de 2026
La Sala revoca la sentencia de primera instancia, que había desestimado la demanda de daños y perjuicios por responsabilidad administrativa del Ministerio del Interior, por el fallecimiento de un recluso debido a las heridas sufridas en una reyerta carcelaria. El Tribunal concluye que hubo incumplimiento de los deberes constitucionales y legales en relación a la debida custodia y cuidado de los reclusos que tiene el Ministerio del Interior bajo la órbita de su competencia, que el servicio no funcionó o lo hizo irregularmente o en forma tardía, y que además existió hecho de la víctima; existiendo concurrencia de culpas, considerando el Tribunal adecuado cuantificar su quantum en un 50% para el Ministerio del Interior y un 50 % para la víctima.
Proceso civil ordinario · Derecho contencioso estatal
DEFINITIVA 143/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 10 de junio de 2026
Se confirma la sentencia recurrida que desestimó las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas y condenó a todos los demandados solidariamente a abonar a los actores los rubros reclamados. La Sala concluye que ha quedado demostrado que si bien Badintur S.A. y Lemaca S.A.S. son dos empresas distintas, en el día a día funcionan como una sola, existiendo identidad patrimonial, operativa y laboral, así como una unidad de dirección, en el que cumple un rol relevante, entre otros, el codemandado MF.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 177/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 10 de junio de 2026
En el marco de un proceso por responsabilidad patrimonial contra el Estado – Poder Judicial y contra la Fiscalía General de la Nación, por prisión indebida, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, excepto en cuanto no hizo lugar a la condena por daño moral por los días de arresto domiciliario, el que se fija en la suma de pesos uruguayos ciento noventa y nueve mil doscientos ($ 199200), más reajustes e intereses desde la demanda. En cuanto a los agravios articulados por la parte actora respecto de la ausencia de condena por daño moral derivado del período durante el cual estuvo sometido a arresto domiciliario, la mayoría de la Sala, integrada por la Dra. Patricia Hernández, el Dr. Gustavo Iribarren y la redactora, comparte el criterio de que dicha restricción cautelar de la libertad resulta, en principio, susceptible de reparación al amparo de la ratio que informa el artículo 4 de la Ley N.º 15.859. En efecto, la finalidad de dicha disposición radica en resarcir los daños ocasionados por una privación cautelar de libertad que posteriormente se revela injustificada, supuesto que no se agota en la prisión efectiva, sino que comprende también otras modalidades de restricción ambulatoria de entidad relevante, como el arresto domiciliario, en tanto comportan una limitación sustancial del derecho fundamental a la libertad personal. Discordia parcial - Patricia Hernández.- Señala que en el actual sistema de justicia penal vigente, la FGN habrá de asumir responsabilidad por los daños causados por la medida cautelar de prisión preventiva del actor que solicitó en base a la información que ella misma suministró en el proceso penal en que aquél fue sobreseído, conforme artículo 24 de la Constitución, artículo 4 de la Ley 15.869, artículo 76 de la Ley 19.483 en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 20.155 y artículo 401.1 del Código General del Proceso.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 183/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 10 de junio de 2026
En autos, la parte actora entabla demanda de daños y perjuicios contra el BROU en en virtud de que desde su cuenta se debitó la suma de U$S 98.000, que se transfirió a una cuenta del Banco Itaú del Sr. BB, quien el mismo día primera hora de la tarde retiró el dinero y quien, posteriormente, fue condenado por el delito de estafa en calidad de autor. En primera instancia se desestimó la demanda; y contra dicha sentencia interpuso recurso de aplación la parte actora. El traslado fue evacuado por la parte demandada, quien abogó por el mantenimiento de la recurrida. El Tribunal revocó la sentencia pelada y en su lugar dispuso condenar al BROU a pagar a la parte actora la suma de U$S 98.000, más intereses desde la fecha del hecho ilícito. Si bien se probó que no hubo fallas en el sistema informático del Banco, sino que la maniobra fraudulenta se produjo en el equipo del actor; la demandada falló en su obligación de control y seguridad que le impone el art. 6 lit. A y F y el art, 32 de la ley 17250, por no actuar con la diligencia debida frente a un hecho con notorios visos de fraude.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 102/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 10 de junio de 2026
El Tribunal revocó la sentencia definitiva apelada por la cual se desestimó la excepción de pago interpuesta por la ejecutada, manteniéndose la cautela trabada en autos; y en su lugar dispuso levantar el embargo trabado en autos. Ello por cuanto no se constata la existencia de supuestos habilitantes para la ejecución pretendida; sea por considerarse insuficiente la demanda de ejecución o por entenderse que se pretende conformar un título al margen del art. 377 del CGP, lo que puede y debe ser relevado de oficio y conlleva a la carencia de presupuestos habilitantes para la adopción del embargo dispuesto en autos.
Proceso de ejecución · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 582/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 9 de junio de 2026
El Tribunal revocó parcielmante la sentencia interlocutoria apelada y en su lugar dispuso: - Al ofrecimiento de prueba por los recurrentes BB y CC: no ha lugar. - Revócase parcialmente la sentencia únicamente en cuanto no se impusieron medidas cautelares al progenitor y en su mérito se dispone la prohibición de comunicación y acercamiento del Sr. DD hacia la niña AA, estableciéndose un radio de exclusión de 500 metros, hasta nueva resolución del a quo una vez realizadas las pericias dispuestas. Tal decisión se basa en el principio precautiorio. - Notifíquese a las tías paternas la resolución impugnada. - Dispónese el cambio de Defensa de la niña, cometiéndose la nueva designación al a quo; en tanto resulta de autos que no se ha generado un el vínculo de confianza necesario con su defendida.
Proceso cautelar · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 580/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 9 de junio de 2026
La designación del perito solicitada se considera una medida necesaria y razonable a efectos de identificar los bienes a ser inventariados
Proceso civil ordinario · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 579/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 9 de junio de 2026
El Tribunal revoca la sentencia interlocutoria de primera instancia, impugnada por el denunciado, disponiendo el egreso de las partes del sistema de monitoreo electrónico. La Sala entiende que si bien se constata una situación de violencia de género psicológica, ocurrida por los insultos que relató la denunciante, la misma no reviste la gravedad requerida para disponer el uso del dispositivo electrónico de supervisión de la medida cautelar de prohibición de acercamiento del denunciado hacia la denunciante.
Proceso cautelar · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 293/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 9 de junio de 2026
Se deniega suspension de actos administrativos por vía judicial.
Proceso penal ordinario · Derecho penal
DEFINITIVA 84/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 9 de junio de 2026Importancia alta
El Tribunal revocó parcialmente la sentencia declarando que la relación concubinaria entre AA y BB inició el 1° de febrero de 2013 y culminó el 1° de enero de 2022. Asimismo se reconoce a la actora un derecho de crédito del 25% del valor venal de los siguientes bienes: -Supermercado CC SAS (en la cuota parte que pertenece al demandado) -Padrones YY, QQ, TT, UU, VV y WW/001 (los que son de la sociedad en la cuota parte que pertenece a BB-99 cuotas) -Bienes muebles que alhajan la casa que fuera el hogar común. La decisión de este Colegiado en cuanto a la modificación de la fecha de finalización de la Unión Concubinaria se debe a que si bien no es del todo claro la misma; de las declaraciones testimoniales vertidas en autos surge que la esta culminó en una fecha posterior a la considerada por el A Quo. Respecto a los bienes, corresponde señalar que al no existir unión concubinaria reconocida judicialmente (ya que se solicitó la disolución; en virtud de que la misma ya había culminado), no existe caudal común; pudiendo solamente existir reclamaciones por los esfuerzos o aportes comunes, como en el caso de autos.
Proceso civil extraordinario · Derecho de familia
DEFINITIVA 185/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 9 de junio de 2026
El Tribunal confirma la condena por daños y perjuicios derivados de la responsabilidad extracontractual en ocasión de un accidente de tránsito, donde el conductor de un auto no respetó un carte de PARE, embistiendo una motocicleta y causando daños físicos a sus dos ocupantes.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 581/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 9 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia interlocutoria recurrida por la cual se tuvo por justificado el incumplimiento del régimen de visitas respecto de CC, suspendiéndose en relación a ella la ejecución del régimen pactado por sus progenitores. Asimismo se tuvo por injustificado el incumplimiento del régimen de visitas respecto de DD; modificándose la tenencia que detenta exclusivamente la madre, estableciendo que DD pasará una semana con cada progenitor. Este Colegiado desestimó los agravios de la recurrente (progenitora); en virtud de que atento a los reiterados incumplimientos constatados a través de los años, la resolución adoptada es ajustada a las circunstancias y en especial recoge la voluntad de los niños CC y DD.
Proceso civil extraordinario · Derecho de familia
DEFINITIVA 184/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 9 de junio de 2026
En el marco de un reclamo sobre la incidencia de lo que eventualmente perciben los actores por concepto de los servicios 222 y 272 para el cálculo del jornal licencia y su incidencia en el sueldo anual complementario, en primera instancia, condenó al Ministerio del Interior a abonar a los funcionarios reclamantes, las diferencias salariales derivadas de las incidencias en la licencia de los accionantes conforme ingresos generados en aplicación del art. 222, Ley No. 13.318 en el periodo no prescripto, haciendo lugar a la condena a futuro por cada funcionario. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia salvo en cuanto amparó la condena de futuro lo que se deja sin efecto. La Sala en su integración actual entiende que el denominado servicio 222 es prestado por el funcionario por orden de la Administración en cumplimiento de una obligación asumida por el Ministerio del Interior con el tercero contratante. Lo que obtiene el funcionario como contraprestación es un ingreso salarial obtenido en ocasión del trabajo, y por tanto debe computarse a los efectos de determinar el jornal de licencia, tal como se reclama en autos. El funcionario carece de vínculo laboral con el particular contratante, no está bajo su dependencia ni recibe de éste prestaciones en dinero, sólo son mínimas las pautas que se le imparten y ello es lógico ya que despliega el trabajo en un lugar físico diverso a las dependencias del Ministerio del Interior.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 583/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 9 de junio de 2026
La Sala confirma la sentencia de primera instancia impugnada, que desestima las observaciones al inventario presentadas, por extemporáneas.
Proceso civil ordinario · Derecho de familia
DEFINITIVA 85/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 9 de junio de 2026
El Tribunal revocó parcialmente la sentencia impugnada por la parte actora, quien se agravió en cuanto al monto fijado; y en su lugar establece el monto de la pensión alimenticia mensual a servir por la demandada a favor de sus tres nietos, en el 16% de sus ingresos líquidos mensuales. Asimismo, se condena a la demandada al pago de un adicional del 2% de sus ingresos líquidos mensuales hasta saldar las pensiones adeudadas desde la interposición de la demanda, el que deberá abonarse conjuntamente con el servicio pensionario principal. Ello por considerarlo proporcional y razonable.
Proceso civil extraordinario · Derecho de familia
DEFINITIVA 182/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de junio de 2026
En el marco de una acción reivindicatoria respecto de un bien inmueble, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto entendió que la actora carecía de la legitimación activa la que se tiene por configurada y en su mérito remitió las actuaciones a la sede de origen a los efectos de que el actual titular de la misma se expida en relación al mérito en su integralidad de conformidad al objeto del proceso oportunamente fijado. Respecto de dicho inmueble la actora acompañó el primer testimonio de escritura de compraventa inscripta, documento que no fue objeto de impugnación en cuanto a su materialidad, ni se invocó que el mismo adoleciera de falsedad ideológica (Art. 172 del C.G.P). A ello es procedente agregar que no se requirió a la actora por parte de la sede, que se agregaran los antecedentes dominiales, ni información registral, ni la demandada diligenció la prueba por informe ofrecida en relación al inmueble de autos. Como se refiere en la recurrida se trataría de una prueba diabólica solicitar a la actora que probara de manera prácticamente indefinida hacia el pasado que quien le trasmitió el bien a la actora era propietario y que quien se lo trasmitió al mismo era dueño y así llegar a quien lo adquirió en forma originaria.
Proceso civil ordinario · Derecho civil

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