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LegislaciónJurisprudencia

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DEFINITIVA 134/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 1 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto desestima lo reclamado por concepto de diferencias de horas extras, descansos semanales trabajados, diferencias de nocturnidad y sus incidencias, en lo que se revoca y en su lugar, se condena al pago de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en la presente; en cuanto a la liquidación de los descansos intermedios, licencia, salario vacacional, aguinaldo, salarios impagos e indemnización por despido, en lo que se revoca y en su lugar, se dispone estar a lo dispuesto en esta sentencia; y en cuanto a la responsabilidad susbidiaria.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 132/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 1 de junio de 2026
Con relaciona al descanso intermedio, señala la Sala que la parte actora ha cumplido con la carga probatoria que le correspondía en relación a lo que acontecía en el desempeño de sus tareas. En lo que hace a la liquidación de los descansos intermedios, los agravios de la parte demandada habrán de acogerse, por cuanto no corresponde aplicar actualización e intereses desde su exigibilidad, cuando no se utilizaron valores históricos para llevar a cabo su cálculo. Con relación a la condena a pagar el tiempo de pausa para la leche, ha quedado acreditado en autos que el Convenio Colectivo del 20 de octubre de 2016 para el sector y categoría de la actora, eliminó dicha pausa en procura de la reducción del ciclo semanal alterno. Con relación a la pretensión de cobrar el equivalente en dinero de los 15 minutos para el baño al final de la jornada, pues surge de la prueba que la actora se retiraba al vestuario con ese fin antes de la finalización de la jornada y no registraba su retiro del Sector. De conformidad con el Convenio agregado, los trabajadores podrán retirarse al vestuario 15 minutos antes de finalizada la jornada efectiva, debiendo registrar el retiro del sector habitual de trabajo en ropa de trabajo. En autos no surge que la actora haya cumplido con tal exigencia (fs. 73 a 149), y tampoco la demandada ejerció su potestad disciplinaria para que cumpliera con su deber de registrar. Lo expuesto, sumado a que la actora no fue relevada en ese período de tiempo y a la naturaleza de las tareas que llevaba a cabo, determina concluir que, en esas circunstancias, la actora no gozó de los 15 minutos de reducción horaria. Con relación a la gratificación extraordinaria por egreso, dado que la actora no poseía un derecho adquirido de acceder a una gratificación extraordinaria al momento del retiro, corresponde acoger los agravios, y revocar la recurrida en cuanto condenó a la demandada a pagar el incentivo por egreso pretendido en la demanda y accesorios.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 524/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 1 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia interlocutoria apelada por la cual entre otras cuestiones se dispuso el reintegro de la niña a su progenitora. Este Colegiado entiende que si bien la voluntad de la niña debe considerarse como insumo fundamental de decisión, no debe hacerlo en solitario y sin considerar que en la vía de urgencia una resolución de cambio de tenencia debe sustentarse en la efectiva vulneración de derechos.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 161/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 1 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva de primera instancia por la cual se condena al Ministerio del Interior a pagar a los actores ciertas sumas de dinero por concepto de daño moral; salvo en cuanto al monto de la condena a pagar a la actora CC que se establece en U$S 22.000 y al actor BB que se establece en U$S 22.000, y en cuanto al cómputo del interés legal que se establece desde el hecheo ilícito. Se mantiene en tanto el monto a pagar a DD en primera instancia (U$S 22.000). Respecto a la responsabilidad de la parte demandada, la Sala procede a confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto responsabiliza en forma exclusiva al Ministerio del Interior por falta de servicio en la ocurrencia del evento dañoso (fallecimiento de un recluso). En lo que refiere al monto de condena (agravio esgrimido por ambas partes); este Colegiado considera que corresponde el mantenimiento del monto a pagar a DD ya que resulta probado el vínculo afectivo con el fallecido más allá de no ser éste su padre biológico. En cambio la Sala entiende que procede rebajar a la suma respecto de BB (padre del fallecido) y CC (hija de la víctima); por cuanto respecto del primero no resulta acreditado cual era el vínculo existente entre padre e hijo y respecto de la segunda en virtud de que la misma perdió vínculo con su padre a los dos años de vida tras ser institucionalizada. Por último en cuanto all cómputo de los intereses legales, la Sala entiende encontrándonos en ámbito de responsabilidad extracontractual corresponde el mismo desde el evento dañoso hasta el efectivo pago.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 158/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 1 de junio de 2026
Confírmase la sentencia interlocutoria No 3137/2023. Revocase la sentencia definitiva No 41/2025 y, en su lugar, desestímase la demanda. La Sala concluye que no puede afirmarse desde el plano jurídico, y tampoco tenerse probado en el plano de los hechos, que el ingreso de los funcionarios judiciales al nuevo sistema solidario haya supuesto, contra disposición legal expresa en contrario, una disminución de su salario líquido; lo que conduce necesariamente a recepción de los agravios formulados por el apelante referidos a la incorrecta interpretación realizada en la recurrida. Y ello impone la solución revocatoria, correspondiendo por consiguiente desestimar la demanda en todos sus términos.
Proceso civil ordinario · Derecho administrativo
DEFINITIVA 160/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 1 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto amparó la reconvención, en cuya parte se revoca, desestimándose la misma. La Sala comparte con la recurrida que, en tanto entre accionante y demandado no se presenta una relación de acreedor y deudor, el primero carezca de legitimación activa en la causa. Por otro lado, señala la Sala que una vez declarada la falta de legitimación activa del accionante, la recurrida debió descartar de inmediato la reconvención por haber quedado la misma huérfana de objeto por falta del presupuesto que era su condición necesaria.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 176/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 1 de junio de 2026
En el caso de autos la Intendencia Departamental de Rocha solicitó la suspensión inmediata de toda obra y la demolición de las construcciones no autorizadas y ampliamente identificadas en el expediente electrónico No 2016-3406 de la IDR. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual acogió de falta de legitimación activa y en su mérito se revocó el decreto liminar No 103/2025. Señala la Sala que la IDR debió acreditar su legitimación activa y procedencia de este proceso a través de la prueba de la configuración de alguna de las hipótesis previstas por el legislador y que hacen aplicable el art 69 de la LOT. No sólo no lo hizo, sino que además procuró trasladar esa carga a la contraria. Para el Tribunal que la conducta de la Administración debe ajustarse a la buena fe y ser coherente con sus conductas previas y por tanto resulta de aplicación la Teoría de los Actos propios.
Otros · Derecho administrativo
INTERLOCUTORIA 109/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 1 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar, dispuso proceder a resolver sobre el el inicio de la instrucción de sumario en la forma correspondiente. Señala la Sala que tratándose de una cuestión de puro derecho, la circunstancia de que no lo haya mencionado la Fiscalía en la solicitud de inicio de sumario expresamente, no implica apartamiento de los hechos alegados, el derecho no se prueba (arts. 137, 138, 143 y cc. del CGP), será allí, lo que se va a examinar en la forma determinada por la ley, para determinar si procede o no el inicio de sumario. Consecuentemente, ello, no puede ser obstáculo per se para negar el inicio de la solicitud de instrucción de sumario y clausura de las actuaciones como se dispuso, por lo que se revocará la impugnada.
Proceso aduanero · Derecho aduanero
INTERLOCUTORIA 520/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 1 de junio de 2026
El Tribunal revocó parcialmente la impugnada, sólo en cuanto dispuso “ ...a excepción y en caso de que por el informe se pueda retirar el uso del dispositivo, el radio se reducirá a 300 metros”, debiendo la A Quo, una vez cuente con toda la información dispuesta, convocar nueva audiencia evaluatoria a fin de resolver respecto de la continuidad o cese del sometimiento a monitoreo electrónico. La decisión adoptada por este Colegiado se debe a que la A Quo supeditó el sometimiento a monitoreo electrónico a lo que indique el informe; omitiendo los demás indicadores de riesgo que emerjan de autos.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 177/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 1 de junio de 2026
Se confirma la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda en todos sus términos sin especial condenación.- La Sala concluye que surge acreditado que la no designación del actor como Encargado de la Seccional durante los 10 días que el Comisario estuvo de licencia, obedeció a la solicitud del propio actor a quien no le convenía cumplir turnos de 24 horas (realizaba solo el turno de la noche) en virtud de tener otra actividad durante el día en la Cooperativa Social de Construcción donde se desempeñó hasta diciembre de 2017, tal como surge acreditado de la prueba por informes al BPS (fs 289 a 302). Ante ello, como bien se señaló en la recurrida no cabe más que concluir que no se configuró la violación de jerarquía invocada en la demanda y que motivó el reclamo.- Asimismo, no surge probado el nexo causal entre los daños y perjuicios cuya indemnización se solicita y la invocada ilicitud en que habría incurrido la demandada.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 522/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 1 de junio de 2026
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria agraviándose concretamente sobre la reducción del radio de exclusión de 1000 a 500 metros. El Tribunal revocó la sentencia impugnada sólo en cuanto fijó el radio de exclusión en 500 metros, el que se determina en 1000 metros; ya que reducción del metraje de exclusión por parte de la A Quo se efectuó sin que emerjan las circunstancias motivantes.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 157/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 1 de junio de 2026
En el marco de una pretensión promovida por la Intendencia de Artigas, por la cual pretende la remoción, desocupación y demolición de obras existentes en los padrones de autos, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas por los codemandados, revocó el decreto No 338/2025 y desestimó la demanda. Señala la Sala que la ausencia de mediciones precisas que permitan relacionar con exactitud las distancias entre caminos, franjas, bienes privados, alambrados y las construcciones denunciadas, impiden tener por acreditados, con grado de razonada certeza, los presupuestos necesarios para el ejercicio de la particular acción prevista por el art. 69.3 de la ley 18.308.
Otros · Derecho administrativo
DEFINITIVA 159/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 1 de junio de 2026
En el marco de un juicio de cobro de pesos de medianera y daños y perjuicios, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, declaró la falta de legitimación pasiva de la administración de la copropiedad del Edificio demandado, la ineficacia de la sentencia dictada, así como de todo lo actuado posterior a la demanda -con la excepción expresada respecto de los litisconsortes efectivamente emplazados-, por indebida integración de la litis y suspendió el trámite hasta que la actora cumpla con lo establecido en el art. 47 inciso 2° del CGP. Señala la Sala que en el caso e autos debió demandarse a cada uno de los copropietarios del edificio, sin perjuicio de que el cobro de pesos y daños y perjuicios pretendidos tenga causa en un bien común. Ante la ausencia de explicitación (carga de la debida alegación), como ocurre en este caso, rige el principio general conforme al cual, en acciones en las que se reclama dinero con sustento en un derecho real, corresponde demandar a cada uno de los copropietarios del edificio, pues cada uno tiene el derecho de plantear la mejor defensa que entienda pertinente, y defenderse de una eventual condena que deberá afrontar con su patrimonio; por lo que resulta más garantista que se le conceda la potestad a todos los legitimados sustanciales de ser oídos. La Sala considera aplicables al caso la hipótesis de los arts. 46 y 47 del CGP en tanto se trataría de un litis consorcio pasivo necesario.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
DEFINITIVA 135/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 1 de junio de 2026
Se confirma condena añl pago de rubros salariales.
Proceso laboral · Derecho laboral
DEFINITIVA 155/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 1 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por el FNR; y se condenó al MSP a suministrar al actor (quien fue diagnosticado con astrocinoma grado 4) el fármaco OPDUALAG (combinación de fármacos Nivolumab y Relatlimab) de acuerdo a las indicaciones del médico tratante y por todo el tiempo éste lo indique, en el plazo de 24 horas. La Sala entiende que la conducta del MSP importa ilegitimidad manifiesta por afectación de derechos como la Salud y la Vida. En cuanto al agravio del actor en virtud de la no condena al FNR, la mayoria de la Sala entiende que no posee legitimación en la causa; sin embargo el Ministro Dr. Tovagliare coincide con el recurrente, considerando que dicho organismo sí posee legitimación; sin embargo no expresará discordia en virtud de que el amparatista accedió al medicamento.
Proceso de amparo · Derecho civil
DEFINITIVA 163/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 1 de junio de 2026
Se confirma la impugnada, salvo en cuanto haber admitido la caducidad parcial de la acción del reclamo del 7,5% previsto en el art.566 literal A de la Ley N.º 16.736 y condenar en su mérito por el periodo comprendido entre el 26/10/2015 al 24/11/2017 inclusive, y su lugar se revocará la caducidad parcial, y se acogerá el reclamo por este rubro por el periodo impetrado que según la liquidación practicada por el actor a fojas 37 es por lo generado desde el 2014 al 2017, manteniéndose en lo demás.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 83/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 1 de junio de 2026
El Tribunal revocó la sentencia interlocutoria impugnada admitiéndose la citación en garantía pretendida por CUDAM respecto del Dr. BB, habiendo sido ambos demandados por responsabilidad médica. Ello por cuanto surge acreditado el vínculo contractual (arrendamiento de servicios por el que percibe honorarios) alegado entre citante y citado en garantía; además de no haber sido ello controvertido por el Dr. BB. De lo expuesto, resulta que no puede estar en tela de discusión que existe una relación sustancial entre CUDAM y el médico codemandado que habilite su ingreso al proceso en la modalidad pretendida, sin perjuicio de su calidad de demandado principal.
Proceso civil ordinario · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 529/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 1 de junio de 2026
Los agravios de la impugnación responden a dos órdenes de argumentos: -que no se haya impuesto el sometimiento a monitoreo electrónico; -que se haya otorgado la tenencia provisoria de los hijos de la pareja al padre y se haya dispuesto la suspensión de las visitas a la denunciante respecto de sus hijos por el término de 60 días. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, salvo en cuanto dispuso la suspensión de las visitas entre madre e hijos.
Proceso cautelar · Derecho de familia
DEFINITIVA 133/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 1 de junio de 2026
El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto condena a las demandadas al pago de la indemnización por despido e incidencias así como sus accesorios, en lo que se revoca y en su lugar, se absuelve a las demandadas de su pago. Señala la Sala que en el caso se ha verificado una novación contractual expresa, a través de la suscripción de un nuevo contrato de trabajo cuyo contenido no ha sido desconocido y cuya manifestación de voluntad tampoco ha sido cuestionada. El actor no solo suscribió el contrato, sino que laboró en dichas condiciones por dos meses, lo que demuestra que no existe el grave incumplimiento que torna imposible la continuidad de la relación laboral. Es decir, no se han verificado en autos las circunstancias que permitan tener por configurado el despido indirecto. Así, a diferencia de lo expuesto por el actor al fundar su pretensión, al momento en que se consideró indirectamente despedido no se estaba ante un mero planteo de firmar un contrato por un año con rebaja salarial y cambio de categoría, sino que ya se había suscrito el contrato de trabajo en esos términos; extremo que fue aceptado por el trabajador y se estaba ejecutando.
Proceso laboral · Derecho laboral
INTERLOCUTORIA 525/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 1 de junio de 2026
El Tribunal confirmó la sentencia apelada por la denunciante, quien se agravió por cuanto si bien se mantuvo la prohibición impuesta al denunciado de comunicarse y acercarse a la víctima, en un radio de exclusión de 500 mts; se decretó el cese del sistema de monitoreo electrónico. Este Colegiado entiende que dado que no han existido incumplimientos a las medidas cautelares por parte del denunciado, atento a las manifestaciones de las partes en audiencia, y que ya han transcurrido 8 meses de vigencia de las medidas cautelares, no resulta adecuado ni existe mérito para que se extienda por más tiempo el sometimiento a monitoreo electrónico.
Proceso cautelar · Derecho de familia

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