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INTERLOCUTORIA 495/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026

Perención de la instancia.

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

DEFINITIVA 250/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo, desestimando la demanda a su respecto, y se desestimó la demanda dirigida contra la Administración Nacional de Educación Pública. Señala la Sala que el diseño de la demanda de autos dice que la pretensión dirigida contra el Poder Legislativo se fundó en el régimen de responsabilidad extracontractual y que los ilícitos civiles que habrían causado perjuicio estarían dados por la constitución de una comisión investigadora que a criterio de la accionante desbordaba el objeto previsto en los reglamentos y perseguía fines espurios, así como por las manifestaciones públicas realizadas por algunos legisladores integrantes de dicha comisión. La Sala, aun con matices argumentales, comparte la solución a la que arribara el destacado juez a quo sobre el particular. En ese escenario, no puede advertirse que el Poder Legislativo presente legitimación causal pasiva para la pretensión de responsabilidad civil ensayada en autos. En relación al trámite administrativo cumplido por A.N.E.P. en el examen de mérito que realiza la Sala las actuaciones administrativas dispuestas y cumplidas por A.N.E.P. no resultan extrañas a la potestad administrativa de investigar hechos en apariencia ilegítimos o irregulares; iniciativa cuya procedencia debe ser considerada y valorada por la propia Administración. En ese marco, la Sala no advierte que la cuestionada actuación administrativa llevada adelante por A.N.E.P. en relación al desempeño de la accionante haya resultado abusiva o guiada por el propósito de una persecución personal, valoración del Tribunal que se funda tanto en la ya referida potestad de A.N.E.P. para instruir y resolver sobre una cuestión todavía no resuelta por el CES o por la propia A.N.E.P., como por el resultado mismo de la investigación y sumarios respectivos, los que concluyeron con sanciones administrativas de gravedad.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 102/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 12 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 256/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal revocó parcialmente la sentencia apelada; disponiendo se condene al MSP a financiarle al actor ( el cual a consecuencia de una ruptura masiva e irreversible de tendones del hombro izquierdo, en su evolución desarrolló una necrosia de la cabeza humeral) la PRÓTESIS REVERSA DE HOMBRO izquierdo, cirugía, gastos de internación y todo material o procedimiento no contemplado en el PIAS, de acuerdo a las indicaciones de su equipo médico tratante, dentro del plazo de 24 horas y bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones económicas previstas por el Art. 9 lit. C de la Ley 16.011, confirmándola en cuanto acogió la falta de legitimación pasiva del FNR. Este Colegiado entiende que la negativa del MSP de proporcionar la prestación solicitada es manifiestamente ilegítima; ya que es la única opción terapéutica con la que cuenta la amparista para mejorar su estado de salud y su calidad de vida.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 269/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta

La actora reclama los daños sufridos a raíz de un hecho ilícito por el cual el demandado fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa, computándose como una de las agravantes muy especiales la del artículo 312 numeral 8 del Código Penal (femicidio). La a quo amparó parcialmente la demanda, condenando al demandado a pagarle a la actora U$S 300.000 por daño moral, además de daño emergente (gastos indocumentados) y pérdida de la chance. El Tribunal confirma parcialmente la sentencia impugnada por ambas partes, modificándola en lo siguiente: I) El monto a indemnizar por concepto de daño moral se establece en la suma de U$S 80.000 más intereses legales desde la fecha de ocurrencia del hecho ilícito hasta su efectivo pago; II) condena a indemnizar por concepto de lucro cesante pasado la suma de $ 45.141,53 más reajustes e intereses desde que debió percibirse cada partida hasta su efectivo pago; III) fija el interés a aplicar el 6% anual. La Sala sostiene que dadas las dificultades que se presentan al momento de tener que justipreciar el daño padecido por una víctima de violencia basada en género la cual sufrió graves lesiones a raíz de un episodio con quien era su pareja que, al ver que quería terminar la relación sentimental que mantenía con él reaccionó intentando quitarle la vida prendiéndola fuego, se estima adecuada su cuantificación en la suma de U$S 80.000, por considerarse, si bien un tanto superior a los montos según parámetros jurisprudenciales para lesionados graves o situaciones traumáticas, adecuada a las particulares circunstancias del caso.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 496/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta

En el caso de autos la parte actora interpuso demanda contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos a los efectos de acceder al uso de un infusor continuo subcutáneo de insulina (ISCI) y los correspondientes insumos mensuales, señala que padece diabetes mellitus tipo 1, a lo que se adiciona como complicaciones crónicas: retinopatía y nefropatía diabética, su medica tratante sostiene que la terapia con bomba ha demostrado una mejoría clínica y metabólica sostenida, justificando plenamente su continuidad. En primera instancia condenó en forma solidaria al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos a que le financien a la parte actora el dispositivo requerido y sus insumos en carácter de medida provisional en la forma que indique su médica tratante hasta que exista sentencia ejecutoriada en el proceso principal El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, revocándose la condena impuesta al Ministerio de Salud Pública, sin especial condenación procesal. A juicio del Tribunal, no existe obstáculo para el suministro del tratamiento peticionado, habida cuenta que (prima facie y a los solos efectos provisionales, sin que ello implique prejuzgamiento) no se advierten razones en esta instancia que ameriten la revocatoria pretendida por el Fondo Nacional de Recursos. Cabe precisar, como se ha sostenido antes, que la existencia de una acción de amparo desestimada no decide fatalmente la improcedencia de una medida cautelar o provisional que eventualmente se impetre en el proceso posterior.

Proceso cautelar · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 857/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026

El Tribunal confirma la sentencia interlocutoria de primera instancia, considerando que ninguna de las pretensiones del actor (medida cautelar de régimen provisorio de visitas o incumplimiento de visitas, Art. 40 del CNA) corresponde que se ventilen en el proceso de urgencia (Art. 117 y siguientes del CNA), así como tampoco ante la Sede de Familia Especializado.

Proceso cautelar · Derecho de familia

DEFINITIVA 266/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026

En el caso de autos, la parte actora, integrada por funcionarios del Poder Judicial, peticiona que se condene a la parte demandada Poder Judicial (SCJ), a pagarles una suma equivalente a todas las retenciones que se les han practicado en sus haberes por parte del Poder Judicial por concepto de aportes al FONASA, por los cuatro años anteriores al emplazamiento de la demandada, con más reajustes e intereses. En los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, se relaciona el incumplimiento, por parte de la demandada, del artículo 9 de la Ley 18.131, que prohíbe la afectación del salario líquido de los funcionarios incorporados al FONASA. Los accionantes consideran que al serle quitada la cuota mutual de que gozaban en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 17.707, y retenérseles lo correspondiente al nuevo tributo (Fonasa), disminuyó su ingreso líquido mensual, vulnerándose la previsión del art. 9 de la Ley 18.131. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, por mayoría, confirmó la sentencia interlocutoria número 179/2025, la cual desestimó las excepciones de caducidad, cosa juzgada eventual y transacción (o convenio colectivo) y confirmó la sentencia definitiva número 83/2025, la cual desestimó la demanda. (D) Dra. Gabriela Rodríguez Marichal: Vota por considerar que corresponde revocar la sentencia definitiva apelada, y amparar la demanda. Surge que los accionantes, vieron disminuidos sus salarios líquidos en similar proporción al de los aportes personales al FONASA que les fueron retenidos de sus haberes y por lo tanto corresponde condenar al Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia, atento a que el artículo 9 de la Ley No. 18.13.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

DEFINITIVA 179/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 12 de agosto de 2026

Se confirma la sentencia apelada que desestimó la demanda. La Sala concluye que los escuetos hechos expuestos en la demanda, son insuficientes para calificar el vínculo con UBER B.V. como una relación laboral Se analiza que firmar un contrato con cláusulas preestablecidas (un contrato de adhesión, como los términos y condiciones de UBER) es una modalidad contractual que tampoco es ajena al ámbito civil y comercial. En tanto, que existan pautas económicas y condiciones prefijadas, no indica per se dependencia laboral; solo demuestra que una de las partes redactó el contrato. La superioridad por sí sola, no equivale a subordinación laboral. Porque la subordinación laboral requiere algo más: el poder de dirección, fiscalización y sanción disciplinaria sobre la persona del trabajador. Por otra parte, al haber omitido el actor precisar el contenido fáctico de esas supuestas pautas de “superioridad", no resulta procedente pretender que la Sra. Juez a quo extraiga una presunción de laboralidad a partir de meras abstracciones, que no configuran un hecho. En ese sentido, la parte actora no indica siquiera mínimamente cuáles son las condiciones de trabajo, cómo se ejecutaba, cuáles eran las condiciones del servicio y los límites en los que se debía desarrollar la tarea, ni cuál era el dominio y control que llevaba a cabo la demandada.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 169/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal confirma la sentencia interlocutoria, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, que amparó la excepción de incompetencia en razón de la materia, ordenando la remisión los autos al Juzgado Letrado en lo Civil que por turno corresponda a través de la ORDA.

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

DEFINITIVA 176/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 12 de agosto de 2026

El Tribunal debidamente integrado declaró desistido el recurso de apelación deducido por la parte actora por incumplir con lo establecido en el art. 17 de la Ley N° 18.752 en redacción dada por el art. 6 de la Ley N° 18.847; que establece que el escrito de apelación debe ser fundado, siguiendo el criterio establecido por el art. 253.1 del CGP.

Proceso laboral · Derecho procesal

DEFINITIVA 272/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 12 de agosto de 2026

En el marco de una acción de reivindicación, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la excepción de falta de legitimación activa deducida, determinándose que la Intendencia de Montevideo detenta la calidad necesaria para ser actora en este proceso. Se desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva. Se amparó la reivindicación promovida y en su mérito, se ordenó la restitución del inmueble de autos. Señala la Sala que el tracto dominial del inmueble objeto de estas actuaciones está cubierto por un lapso superior a los 30 años, de manera que, a juicio del Tribunal, la legitimación activa, está acreditada. Por otro lado, a criterio de la Sala por unanimidad, si el demandado ingresó con autorización del propietario, no lo hizo en calidad de poseedor. Además, con la alegada regularización, se reafirma la condición de mero ocupante del predio.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 858/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia interlocutoria por la cual se mantuvieron las medidas de prohibición de comunicación y/o acercamiento por el término de ciento ochenta días, sin radio, las que vencen el 20 de noviembre de 2026. Este Colegiado entiende que la A Quo aplicó el criterio precautorio, adoptando las medidas cautelares adecuadas a fin de enervar las situaciones de violencia vividas por la víctima; advirtiendo al denunciado que de incumplirse las mismas se ampliarán incluyendo un radio de exclusión e incluso el sometimiento a monitoreo electrónico.

Proceso cautelar · Derecho de familia

DEFINITIVA 273/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta

El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia, que condenó al Ministerio de Salud Pública a la entrega del medicamento AVACOPAN a la actora en el plazo de 24 horas hábiles y por el término que determine su médico tratante.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 270/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 12 de agosto de 2026

La Sala, por unanimidad de votos de sus miembros naturales, procedió de confirmar la sentencia definitiva recurrida; por la cual se condenó a la parte demandada, a abonar a los actores las diferencias de sus haberes salariales entre el cargo presupuestal y el correspondiente a las funciones de las encargaturas de mayor responsabilidad que ejercen, con reajustes e intereses, así como la condena a futuro en el caso de dos de ellos. Todo ello, conforme a los parámetros indicados expresamente en los considerandos VIII y IX, difiriéndose en consecuencia su liquidación a la vía incidental del artículo 378 del CGP. Esta decisión se debe a que si bien se alega que los cargos que ocuparon los actores no existen, la documentación presentada lo desmiente; además de que el hecho de imponer funciones diferentes a las que ya tenían supone una modificación de tareas, que la propia demandada reconoce de más responsabilidad, correspondiendo, por lo tanto remunerar adecuadamente las mismas.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

DEFINITIVA 182/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 12 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno, revocó la sentencia apelada en cuanto desestima la excepción de prescripción interpuesta y en su lugar, se hace lugar a la misma, absolviendo a la parte demandada de la condena dispuesta en autos. La Sala entiende que le asiste plena razón a la parte demandada cuando en sus agravios sostiene que en el caso ha operado la prescripción anual para accionar establecida en el art. 1 de la Ley 18.091 al quedar verificado que la solicitud de audiencia administrativa, primer acto interruptivo realizado por el actor, fue realizada vencido con exceso el plazo de un año a partir de la terminación de la relación laboral.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 491/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual dispuso que la S.A compareciente deba cumplir con los requisitos exigidos por la legislación relacionados al instituto de la subrogación legal invocada. Concluye la Sala que corresponde que la S.A. complete los requerimientos legales para solicitar ser subrogado al ejecutante de autos, invocando los extremos de hecho correspondientes: existencia actual de su crédito, existencia del crédito de su deudor e inercia de éste en la prosecución del trámite (descartando que su paralización haya obedecido a otras causas legítimas) obteniendo la autorización judicial para seguir con lo que su deudor no realizó.

Proceso ejecutivo · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 864/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 12 de agosto de 2026

Revoca la impugnada en cuanto prorrogó las medidas cautelares dispuestas en favor del denunciado.

Proceso cautelar · Derecho de familia

DEFINITIVA 268/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó el excepcionamiento interpuesto de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva manteniéndose firme el mandato liminar ejecutivo número 70/2025. Señala la Sala que la recurrida, correctamente analiza la admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título en autos, llegando a la conclusión de que no existe incumplimiento en los requisitos formales y tampoco discordancia entre el título presentado y los antecedentes administrativos. No es de recibo su agravio en relación a la falta de legitimación pasiva de la impugnante, puesto que la misma se obligó en forma solidaria al pago de la obligación tributaria consignada en el convenio por ella celebrado con la DGI; convenio que habiendo caducado por falta de pago, deviene en título ejecutivo conforme lo edictado por el inciso 2 del artículo 461 de la Ley 16.320.

Proceso ejecutivo · Derecho tributario

INTERLOCUTORIA 423/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 12 de agosto de 2026

Se confirman formalización y medidas cautelares.

Proceso penal ordinario · Derecho penal