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DEFINITIVA 268/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026

En el marco de un proceso de regulación de honorarios, promovido por el perito tasador en el expediente principal, en primera instancia condenó al demandado a pagar al actor la suma equivalente a 195 UR, más la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, más los intereses que se generen entre la fecha de la presente sentencia y la del pago efectivo. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en relación a la fecha de inicio del cómputo del interés que se dispone desde la fecha interposición de la demanda y hasta su efectivo pago. La Sala estima adecuado a las emergencias de autos abatir en la forma operada la cifra dineraria inicialmente pretendida por el actor, resultando la suma regulada en la decisión resistida por concepto de la labor desplegada en el acordonado razonablemente ajustada a la labor profesional desplegada por el promotor, por lo que se mantendrá la recurrida en cuanto al monto objeto de condena. En lo que concierne al interés legal y su corrimiento, se coincide con el apelante en que el mismo se devenga desde la fecha de promoción de la demanda regulatoria, en aplicación del art. 1348 del Código Civil dado que nos hallamos ante una hipótesis palmariamente asimilable a la de responsabilidad contractual; es claro que el perito designado judicialmente (aquí actor) lo fue sin objeciones por parte del interesado (aquí demandado), por lo que la situación relacional entre ambos, si bien generada dentro de una contienda judicial, es cómodamente parangonable a la de un contrato. Por Sentencia interlocutoria N.º 282/2026, de fecha 20 de agosto de 2026, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, amplía lo dispuesto en el fallo de la presente sentencia, en lo siguiente: “Desestimase la impugnación promovida por el actor en lo demás”.

Regulacion de honorarios · Derecho civil

DEFINITIVA 176/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 12 de agosto de 2026

El Tribunal debidamente integrado declaró desistido el recurso de apelación deducido por la parte actora por incumplir con lo establecido en el art. 17 de la Ley N° 18.752 en redacción dada por el art. 6 de la Ley N° 18.847; que establece que el escrito de apelación debe ser fundado, siguiendo el criterio establecido por el art. 253.1 del CGP.

Proceso laboral · Derecho procesal

DEFINITIVA 169/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 12 de agosto de 2026

En el marco de un proceso laboral, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto no hizo lugar al reclamo por descansos intermedios trabajados, en lo que se revoca la referida sentencia disponiéndose en su lugar la condena a la demandada a pagar a cada uno de los integrantes de la parte actora, por concepto de descansos intermedios trabajados, incidencias, reajustes, interés legal y multa legal y daños y perjuicios preceptivos. Señala la Sala que la demandada al contestar la demanda había invocado que desde el año 2016 reitera que deben gozar del descanso. Dicho argumento por sí solo no es apto para denegar lo reclamado, pues de nada sirve que obligue a gozar el descanso si no cumple a cabalidad la demandada con asegurar las condiciones para que ello se cumpla en tiempo y forma. Y ello solo se cumpliría con un recinto adecuado y suficiente y particularmente asegurando que en la realidad de los hechos exista una dotación suficiente de personal para que el trabajador asignado al lugar pueda incluso retirarse sin estar sometido a las vicisitudes del servicio en su lugar de descanso. Y ello no consta en autos que fuera así.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 273/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta

El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia, que condenó al Ministerio de Salud Pública a la entrega del medicamento AVACOPAN a la actora en el plazo de 24 horas hábiles y por el término que determine su médico tratante.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 179/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 12 de agosto de 2026

Se confirma la sentencia apelada que desestimó la demanda. La Sala concluye que los escuetos hechos expuestos en la demanda, son insuficientes para calificar el vínculo con UBER B.V. como una relación laboral Se analiza que firmar un contrato con cláusulas preestablecidas (un contrato de adhesión, como los términos y condiciones de UBER) es una modalidad contractual que tampoco es ajena al ámbito civil y comercial. En tanto, que existan pautas económicas y condiciones prefijadas, no indica per se dependencia laboral; solo demuestra que una de las partes redactó el contrato. La superioridad por sí sola, no equivale a subordinación laboral. Porque la subordinación laboral requiere algo más: el poder de dirección, fiscalización y sanción disciplinaria sobre la persona del trabajador. Por otra parte, al haber omitido el actor precisar el contenido fáctico de esas supuestas pautas de “superioridad", no resulta procedente pretender que la Sra. Juez a quo extraiga una presunción de laboralidad a partir de meras abstracciones, que no configuran un hecho. En ese sentido, la parte actora no indica siquiera mínimamente cuáles son las condiciones de trabajo, cómo se ejecutaba, cuáles eran las condiciones del servicio y los límites en los que se debía desarrollar la tarea, ni cuál era el dominio y control que llevaba a cabo la demandada.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 352/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la Sentencia de primera instancia, la cual no hizo lugar a la medida cautelar peticionada. Señala la Sala que la existencia de documentos de los cuales pueden extraerse conclusiones contradictorias respecto del nivel de riesgo asumido por los gestionantes a la hora de invertir sus dineros, obtura la posibilidad de considerar acreditado siquiera sumariamente el humo de buen derecho viabilice la pretensión cautelar de autos.

Proceso cautelar · Derecho civil

DEFINITIVA 193/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 12 de agosto de 2026

Se confirma la sentencia apelada, salvo en cuanto amparó la falta de legitimacion pasiva de INAU y en cuanto no condenó al pago de horas extras, en lo que se revoca, y en su lugar, desestíma la excepción de falta de legitimación pasiva de INAU y condena a ambas demandadas en forma solidaria a abonar al actor las horas extras conforme a los parámetros establecidos en el considerando v) del presente pronunciamiento, más daños y perjuicios preceptivos en el guarismo del 15%, más multa legal, reajustes e intereses legales. La Sala concluye que la condena al pago de las 24 horas extras reclamadas encuentra su fundamento en el hecho de que el actor en esos 2 viajes superó el límite de su jornada diaria que era de 4 horas y la accionada, que alegó el acuerdo para compensar su pago con horas de descanso, nunca invocó y menos aún probó que el actor efectivamente “compensó” con descanso esas 24 horas extraordinarias trabajadas, ni tampoco acreditó que se las haya abonado en forma, dado que ello no emerge de los recibos de salarios incorporados en autos. Respecto al despido indirecto alegado por el actor, la Sala entiende que si bien se verificó incumplimiento de la empleadora el mismo no reviste la trascendencia que pretendió atribuirle el accionante y no supone tampoco un incumplimiento de tal entidad o gravedad como para tornar insoportable el mantenimiento del vínculo laboral, sobre todo tomando en consideración la postura de aceptación de la modalidad de pago de horas extras por parte del actor que se deduce de las declaraciones testimoniales diligenciadas en autos; todo lo que determina la desestimatoria de este puntual agravio. Por otra parte, la Sala entiende que le asiste razón al apelante en cuanto sostiene que INAU “terceriza” por medio de convenios parte de sus cometidos, lo que encarta en la figura de la subcontratación laboral regulada en las leyes de tercerización; todo lo que a su vez es corroborado por el Reglamento General de convenios que luce incorporado en autos.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 260/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda de prescripción adquisitiva en todos sus términos. Señala la Sala que en el caso de obrados, la demanda se presentó el 26/5/2022, por lo que, compartiéndose lo dispuesto por la Sala de 5º Turno, corresponde la aplicación de la normativa anterior a la modificación instaurada por la Ley Nº 19.889, o sea la normativa del C. Civil que exige un plazo de treinta años. La parte actora debió esperar el plazo de dos años establecido en el art. 467 de la Ley Nº 19.889 para presentar la demanda, si pretendía hacer uso de la reducción establecida en la referida ley.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 266/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026

En el caso de autos los actores son funcionarios policiales dependientes del Ministerio del Interior, promovieron juicio por cobro de pesos contra el Estado - Ministerio del Interior en virtud del no pago de la incidencia de los denominados servicios 222 y 272 en el rubro de licencia. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. A criterio del Colegiado, la parte actora en autos no precisó adecuadamente el período por el cual reclama, tratándose de un déficit en la alegación de entidad y trascendencia. A criterio del Tribunal, si se ignora absolutamente cuándo, dónde y con que “frecuencia” los accionantes cumplieron servicios “222”, corresponde desestimar la demanda.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 488/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026

La Sala confirma la sentencia interlocutoria apelada, que hizo lugar a la medida cautelar de embargo solicitada.

Proceso cautelar · Derecho civil

DEFINITIVA 262/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026

En el marco de una acción de reivindicación, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la excepción de prescripción adquisitiva.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 267/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta

Ejecución forzada de contrato. Tribunal confirma decisión que desestima la demanda y condena al actor reconvenido a reintegrar anticipo cobrado . C ondición suspensiva pactada, no se verificó. Negocio válido, que no desplegó sus efectos obligacionales principales. Carga de la sagacidad.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 267/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó parcialmente la Sentencia de primera instancia, excepto en cuanto difiere la liquidación de la pérdida de la chance a la vía del art 378 del C.G.P; y en su lugar, se condena a pagar a los demandados por pérdida de la chance diez meses de ingresos líquidos que habría obtenido en su actividad como Jockey; suma a liquidarse por vía de ejecución de sentencia y resultante del promedio del promedio de retribuciones mensuales líquidas percibidas por la actora durante el año 2020, con el interés legal y la desvaloración monetaria del dec ley 14.500 desde que cada mensualidad se generó.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 272/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026Importancia alta

En el caso de autos, la parte actora interpuso pretensión indemnizatoria contra el Banco de Seguros del Estado, reclamando el pago del lucro cesante y el daño moral sufrido, a raíz del diagnóstico tardío así como negligencia e impericia de los médicos dependientes del demandado, en la asistencia que le fuera brindada a partir del año 2017. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual rechazo la demanda en todos sus términos. Concluye la Sala que se carece de elementos probatorios que permitan concluir que la operación del año 2017 no fue exitosa, como alega la accionante. Si bien la patología de cuello de cisne detectada en el año 2022 no fue diagnosticada en el año 2017, no existe prueba alguna en autos que acredite la existencia de un error culposo u omisión diagnóstica culpable; o que la operación practicada en dicha ocasión hubiera agravado dicha patología. No se aportó a la causa prueba eficiente respecto a la existencia de culpa en el proceder de los médicos tratantes al momento del diagnóstico o de la posterior intervención quirúrgica del año 2017.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 266/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 12 de agosto de 2026

En el caso de autos, la parte actora, integrada por funcionarios del Poder Judicial, peticiona que se condene a la parte demandada Poder Judicial (SCJ), a pagarles una suma equivalente a todas las retenciones que se les han practicado en sus haberes por parte del Poder Judicial por concepto de aportes al FONASA, por los cuatro años anteriores al emplazamiento de la demandada, con más reajustes e intereses. En los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, se relaciona el incumplimiento, por parte de la demandada, del artículo 9 de la Ley 18.131, que prohíbe la afectación del salario líquido de los funcionarios incorporados al FONASA. Los accionantes consideran que al serle quitada la cuota mutual de que gozaban en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 17.707, y retenérseles lo correspondiente al nuevo tributo (Fonasa), disminuyó su ingreso líquido mensual, vulnerándose la previsión del art. 9 de la Ley 18.131. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, por mayoría, confirmó la sentencia interlocutoria número 179/2025, la cual desestimó las excepciones de caducidad, cosa juzgada eventual y transacción (o convenio colectivo) y confirmó la sentencia definitiva número 83/2025, la cual desestimó la demanda. (D) Dra. Gabriela Rodríguez Marichal: Vota por considerar que corresponde revocar la sentencia definitiva apelada, y amparar la demanda. Surge que los accionantes, vieron disminuidos sus salarios líquidos en similar proporción al de los aportes personales al FONASA que les fueron retenidos de sus haberes y por lo tanto corresponde condenar al Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia, atento a que el artículo 9 de la Ley No. 18.13.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 101/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 12 de agosto de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 169/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal confirma la sentencia interlocutoria, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, que amparó la excepción de incompetencia en razón de la materia, ordenando la remisión los autos al Juzgado Letrado en lo Civil que por turno corresponda a través de la ORDA.

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

DEFINITIVA 250/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 12 de agosto de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo, desestimando la demanda a su respecto, y se desestimó la demanda dirigida contra la Administración Nacional de Educación Pública. Señala la Sala que el diseño de la demanda de autos dice que la pretensión dirigida contra el Poder Legislativo se fundó en el régimen de responsabilidad extracontractual y que los ilícitos civiles que habrían causado perjuicio estarían dados por la constitución de una comisión investigadora que a criterio de la accionante desbordaba el objeto previsto en los reglamentos y perseguía fines espurios, así como por las manifestaciones públicas realizadas por algunos legisladores integrantes de dicha comisión. La Sala, aun con matices argumentales, comparte la solución a la que arribara el destacado juez a quo sobre el particular. En ese escenario, no puede advertirse que el Poder Legislativo presente legitimación causal pasiva para la pretensión de responsabilidad civil ensayada en autos. En relación al trámite administrativo cumplido por A.N.E.P. en el examen de mérito que realiza la Sala las actuaciones administrativas dispuestas y cumplidas por A.N.E.P. no resultan extrañas a la potestad administrativa de investigar hechos en apariencia ilegítimos o irregulares; iniciativa cuya procedencia debe ser considerada y valorada por la propia Administración. En ese marco, la Sala no advierte que la cuestionada actuación administrativa llevada adelante por A.N.E.P. en relación al desempeño de la accionante haya resultado abusiva o guiada por el propósito de una persecución personal, valoración del Tribunal que se funda tanto en la ya referida potestad de A.N.E.P. para instruir y resolver sobre una cuestión todavía no resuelta por el CES o por la propia A.N.E.P., como por el resultado mismo de la investigación y sumarios respectivos, los que concluyeron con sanciones administrativas de gravedad.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 269/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 12 de agosto de 2026

En el marco de un proceso, en el cual se pretende la declaración de nulidad de las compraventas celebradas el 24 de junio de 2009 y 27 de agosto de 2012, por simulación absoluta, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimó la demanda en todos sus términos. Concluye la Sala que el actor, no cumplió adecuadamente con la carga referida ya que de un examen conforme a las reglas de la sana critica de la prueba producida, no surge acreditada en grado alguno la simulación esgrimida.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 175/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 12 de agosto de 2026

CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO CONDENA AL PAGO DE LA NOCTURNIDAD, LA QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR, SE ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA DE SU PAGO Y SUS ACCESORIOS, Y EN CUANTO AL PORCENTAJE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS, LO QUE SE REVOCA Y SE FIJAN EN UN 25% DE LOS RUBROS DE NATURALEZA SALARIAL, SIENDO FÁCILMENTE LIQUIDABLES. La Sala analiza los indicios de la Rec. 198 de OIT y concluye que el vínculo entre el actor y Uber es de naturaleza laboral. Asimismo se establece que siendo que la actividad principal de la demandada es el transporte, su encuadre en el Grupo 13, Subgrupo 14 a los solos efectos del proceso, lo que no merece objeciones. En consecuencia, resulta ajustada a derecho la aplicación de los beneficios del sector, tales como la prima por antigüedad.

Proceso laboral · Derecho laboral