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DEFINITIVA 549/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 539/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026Importancia alta

Antecedentes: El 10 de octubre de 2023, la representación de Josep María Rofes interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de primera instancia N° 11/2021 de Maldonado, que lo había condenado a pagar a RAMSES SA sumas derivadas de un contrato de obra. El recurrente alegó indefensión, manifestando residir en Barcelona, España, y no haber tenido conocimiento de la demanda ni de los emplazamientos (de jados en un buzón en Uruguay durante la pandemia), enterándose recién el 10 de abril de 2023 tras el embargo de sus cuentas bancarias. RAMSES SA opuso la extemporaneidad del recurso y defendió la validez del domicilio contractual utilizado. Fundamentos: La Suprema Corte de Justicia declaró admisible el recurso por haberse presentado dentro de los plazos legales (tres años desde la sentencia y seis meses desde el conocimiento cabal de las actuaciones). En el fondo, determinó que no existía un domicilio contractual pactado y que la prueba (Migraciones y testimonios) acreditó que el demandado no se encontraba en el país ni habitaba el inmueble (alquilado por Airbnb) al momento de las notificaciones. Al frustrarse la finalidad del emplazamiento por negligencia de la actora, se vulneró el derecho de defensa, configurándose la causal de nulidad por indefensión (art. 283.7 del CGP). En conclusión, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, falló amparando el recurso de revisión y, en consecuencia, anuló la sentencia definitiva N° 11/2021, imponiendo las costas y costos a la parte vencida. Discordia : La Dra. Morales considera que corresponde desestimar el recurso, ya que coincide con la postura de la demandada RAMSES SA, quien sostenía que el recurso era extemporáneo (por contar el plazo desde el aviso verbal del banco) y que el padrón de la obra constituía el domicilio legal y real del Sr. Rofes en Uruguay debido a su trámite de residencia definitiva.

Recurso de revision · Derecho civil

DEFINITIVA 558/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026Importancia alta

En el caso de autos la parte actora promovió acción declarativa de nulidad del contrato de donación de bien inmueble y acción indemnizatoria de daños y perjuicios y, en subsidio de la primera, acción por enriquecimiento sin causa. En primera instancia declaró la nulidad del contrato de donación de la nuda propiedad y del usufructo del inmueble de autos y desestimó las restantes pretensiones acumuladas. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda. Contra la referida sentencia, la parte actora interpuso recurso de casación, agraviándose por violación de las normas de valoración probatoria, insuficiencia del análisis fáctico y desvalorización de pruebas relevantes por parte del Tribunal, violación de lo establecido en el art. 1.561 del Código Civil, ausencia de confesión judicial válida (arts. 174 del CGP y 1.605 del Código Civil), inadecuada valoración de los indicios (arts. 140 y 141 del CGP), legitimación activa del actor y violación del principio de congruencia y defensa en juicio. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 99/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 4 de junio de 2026

En el marco de una demanda laboral, en la cual los actores reclaman de la demandada el pago de indemnización por despido y la multa que prevé el artículo 29 ley 18.572, más reajustes e intereses legales hasta el momento del efectivo pago de conformidad con el Decreto ley 14.500, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó el reclamo por indemnización por despido y multa legal, y en su lugar condenó a la demandada a abonar a los actores la indemnización por despido y la multa pretendidas, más reajustes e intereses legales desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, de conformidad con el decreto ley 14.500. Señala la Sala que en el caso de autos, los actores trabajaron durante cuatro años ininterrumpidos como vigilantes para la empresa de seguridad que presta servicios a distintas dependencias estatales (sostuvo que “brinda servicios casi en su totalidad para el Estado”), no advirtiéndose la existencia de ninguna situación particular o condición de admisibilidad que justifique que la contratación se entienda a término y en consecuencia, que se los prive del derecho a percibir indemnización por despido a causa de que su empleadora ya no mantiene vínculo contractual con la Intendencia de Montevideo que le adjudicara la vigilancia en el Museo donde trabajaron de forma ininterrumpida, desconociendo los trabajadores las particularidades y devenir de la contratación de su (ex) empleadora con la Intendencia de Montevideo. Como consecuencia de los fundamentos expresados procede la pretensión indemnizatoria que han deducido ambos reclamantes, más la multa estatuida por el artículo 29 de la ley 18.572.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 1270/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1250/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1247/2026 · Suprema Corte de Justicia · 4 de junio de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 32/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 4 de junio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 101/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 3ºT · 4 de junio de 2026

El Tribunal debidamente integrado en virtud de las discordias suscitadas procedió a confirmar la sentencia apelada en cuanto dispuso desestimar la excepción de pago interpuesta, condenando en costas y costos a la ejecutada, y desestimar la solicitud de condena en costas y costos a la parte actora. Ello por cuanto para la Ministra redactora Dra. Martínez Larrosa, tratándose el proceso laboral en que se emitió la sentencia de condena que se ejecuta, uno de menor cuantía; la inapelabilidad que rige en tal proceso se traslada a todas las actuaciones que de él deriven. Por su parte, las Ministras Dras. Ivanovich y Licciardi entienden que el hecho de que la sentencia dictada en un proceso de menor cuantía no admita apelación, no inhibe la posibilidad de que la sentencia que falla sobre las excepciones deducidas en el proceso de ejecución sea objeto del recurso deducido. Igualmente las referidas Ministras consideran que los agravios no demuestran error en el rechazo de la excepción de pago interpuesta. Corresponde por último señalar que las Ministras Dra. Lina Fernández Lembo y Dra. María del Carmen Corujo Milan ; expresaron discordia por entender que corresponde revocar la apelada en cuanto dispuso continuar la ejecución y el levantamiento de los embargos trabados. Tal posición se debe a que es anómala la vía elegida por la parte actora pretendiendo que se le pague la suma que su parte calcula a valores líquidios, pero sin siquiera fundamentar de modo suficiente una demanda en vía de apremio en la cual se detalle concretamente las cifras de que se parte.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 552/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 4 de junio de 2026

La Sala revoca parcialmente la sentencia interlocutoria apelada, disponiendo el ingreso de las partes al sistema de monitoreo electrónico.

Proceso cautelar · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 333/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 3 de junio de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual admitió la pretensión declarativa de prescripción adquisitiva deducida en vía reconvencional únicamente con alcance limitado al presente proceso, denegando la inscripción de la demanda, el emplazamiento a linderos y demás interesados, así como la intervención fiscal. La Sala comparte la decisión adoptada por el Sr. Juez de primer grado. En efecto, aun cuando pudiera sostenerse en abstracto la viabilidad formal de la acumulación pretendida por los recurrentes, ello no implica necesariamente que corresponda admitir dentro del presente proceso reivindicatorio una declaración de prescripción adquisitiva con eficacia erga omnes. La Sala comparte la jurisprudencia citada por los accionantes, conforme a la cual la prescripción adquisitiva puede ser opuesta válidamente como defensa frente a la acción reivindicatoria, sin necesidad de promover previamente un juicio autónomo de usucapión, bastando acreditar la posesión en las condiciones legalmente exigidas para enervar la pretensión del reivindicante. Sin embargo, dicha declaración, cuando es introducida como defensa o excepción dentro de un proceso reivindicatorio, únicamente produce efectos limitados al caso concreto, esto es, incidenter tantum, careciendo de eficacia erga omnes. En definitiva, la solución recurrida armoniza adecuadamente ambos intereses: por un lado, permite a la demandada oponer la prescripción adquisitiva como defensa eficaz frente a la acción reivindicatoria; y, por otro, preserva la necesidad de acudir a la vía procesal correspondiente para obtener, en su caso, una declaración general de dominio con eficacia frente a terceros.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 110/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 3 de junio de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia interlocutoria apelada por la cual se aprobó la base para la liquidación del lucro cesante de acuerdo a lo consignado en los Considerandos de la sentencia, debiendo seguirse el procedimiento establecido en el art. 400 del CGP, por transformarse en suma fácilmente liquidable. La decisión se debe que la referida sentencia establece suma fácilmente liquidable del lucro cesante objeto de condena en el proceso de conocimiento, cumpliendo por tanto con el objeto del proceso de liquidación de sentencia promovido en autos.

Proceso incidental · Derecho procesal

DEFINITIVA 135/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 2ºT · 3 de junio de 2026

El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual amparó las excepciones de prescripción y desestimó la demanda en todos sus términos. Señala la Sala que el contrato de trabajo es un contrato de ejecución continuada y las variaciones estaban expresamente prevista y no fue impugnada su validez a la hora de formular la demanda; en efecto no se advierten indicios claros de la prueba relavada que nos permitan inferir que los actores revisten la calidad de permanentes.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 300/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 4º Tº · 3 de junio de 2026

La Sala revoca la sentencia interlocutoria de primera instancia, disponiendo, en su lugar, la admisibilidad de la libertad anticipada al condenado por el delito de rapiña en calidad de cómplice.

Proceso penal ordinario · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 128/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 3 de junio de 2026

El Tribunal comparte íntegramente las conclusiones de la sentencia de primer grado, en tanto concluyó que TAPS S.R.L. se encuentra correctamente clasificada dentro del Grupo 15, subgrupo 2, en atención a que su actividad principal consiste en la prestación de servicios de traslado de pacientes mediante ambulancias sin asistencia médica. Adicionalmente, consideró que el traslado de médicos constituye una actividad accesoria o complementaria que no altera la clasificación principal de la empresa.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 196/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 3 de junio de 2026Importancia alta

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno confirmó la sentencia de primera instancia, la cual amparó parcialmente la demanda y condenó al demandado a indemnizar a la victima por concepto de daño moral la suma de $ 1.000.000, con reajustes e intereses desde el 27 de agosto de 2019, con la detracción de lo percibido por indemnización SOA por $ 623.896, resultando un saldo de $ 426.195, con reajustes e intereses desde la misma fecha. Asimismo, lo condenó al pago de $ 50.000 por daño emergente, con reajustes e intereses desde el hecho ilícito, de $ 35.796 por concepto de lucro cesante, con reajustes e intereses desde la exigibilidad de cada mensualidad y hasta su efectivo pago, y de $ 557.006 por lucro cesante pasado y futuro derivado de la incapacidad, con más reajustes e intereses legales desde la demanda y hasta el efectivo pago. En cuanto a los restantes actores, se condenó al demandado a abonar a cada uno de ellos la suma de $ 200.000 por concepto de daño moral, con reajustes e intereses desde la fecha del siniestro (15 de marzo de 2019) y hasta su efectivo pago.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 129/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 3 de junio de 2026

Se confirma la sentencia apelada que acogió parcialmente la excepción de prescripción en cuanto delimita el reclamo al período no prescripto conforme lo establecido en los Considerandos. Amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, condenó a la Comisión de Apoyo Unidad Ejecutora 068 -ASSE a abonar a la actora, las diferencias salariales e incidencias reconocidas en autos, conforme a la liquidación adoptada a fs 121 a 130 , lo cual incluye capital, reajustes, intereses, daños y perjuicios preceptivos y multa legal hasta la fecha de presentación de la demanda, menos descuentos legales. Sin especial condenación procesal.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 127/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 3 de junio de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia apelada (condena al pago e los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo,más la multa legal y 10% en concepto de daños y perjuicios preceptivos), salvo en cuanto desestimó la indemnización por despido especial reclamada, aspecto en el que se la revoca; y en su lugar se condena a la demandada a abonarle a la actora la indemnización por despido especial por enfermedad reclamada, conforme a los parámetros liquidatorios establecidos en la presente sentencia. La confirmatoria respecto al rechazo del reclamo en concepto de horas extras y de descansos intermedios no gozados; se debe a que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba. Sin embargo, corresponde la revocatoria en cuanto a la indemnización por despido especial por enfermedad, ya que no se acreditó por parte de la demandada la intimación a la actora a reintegrarse, así como tampoco quedó demostrada la hipótesis de abandono del trabajo.

Proceso laboral · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 332/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 3 de junio de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la contestación del incidente de liquidación de sentencia formulada por el Banco Hipotecario del Uruguay. Suma que debe abonarse con intereses y actualizaciones hasta su efectivo pago. En la causa, las partes difieren en el dies a quo de la actualización e intereses. Por un lado, la recurrente entiende que corresponden desde que se efectuó cada erogación hasta su efectivo pago, mientras que el demandado considera que corresponden desde la fecha dellanzamiento y hasta su efectivo pago. Encontrándonos ante un incidente de liquidación de sentencia, regulado por el articulo 378 del Código General del Proceso, el cual tiene la finalidad de cuantificar la condena que ya se encuentra firme expresada en suma ilíquida, corresponde estar a lo dispuesto en los fallos de primera y segunda instancia dictados en el proceso de conocimiento, a efectos de determinar si corresponde la actualización e intereses desde que se efectúo cada erogación o desde la fecha de lanzamiento. Por lo tanto, en primera instancia se impusieron actualizaciones e intereses desde la fecha de lanzamiento y hasta su efectivo pago, decisión que no fue modificada en segunda instancia, dado que no se dedujeron agravios al respecto; por lo que corresponde confirmar en todos sus términos la recurrida.

Proceso incidental · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 111/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 3 de junio de 2026

Se confirma la sentencia recurrida que acogió parcialmente la oposición del MEF en cuanto corresponde el pago de los tributos vigentes respecto de los salarios caídos, desestimando la oposición en los demás, otorgándole al MEF un término de cinco días para que presente el monto de la condena conforme los parámetros de la presente.- Tanto la condena por concepto de daño emergente (medios salarios que el actor dejó de percibir durante el sumario), como lucro cesante (salarios que dejó de percibir como encargado entre agosto 2019 y diciembre de 2022), refieren a salarios que el actor no percibió (parcial o totalmente) como consecuencia del hecho ilícito cometido por la demandada.- Conforme lo que viene de señalarse, se comparte con el recurrente que aplican al daño emergente los mismos fundamentos que al lucro cesante para disponer la detracción de tributos vigentes.- Respecto al agravio por no haberse hecho lugar a la aplicación del IRPF sobre el daño moral condenado, la Sala mantiene la posición sostenida en Sentencia 163/2024 entre otras, coincidente con lo decidido por el Sr. Juez a quo en impugnada en cuanto a que no procede efectuar descuento por concepto de IRPF en la condena por concepto de daño moral, como pretende el MEF.-

Proceso de ejecución · Derecho procesal · Derecho tributario